Sobre el autor
Nuño Rodrigo se licenció en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1998 y es redactor de ‘Cinco Días’ desde ese mismo año. Ha sido redactor jefe de las secciones de Mercados, 5D y Cinco Sentidos; actualmente es redactor jefe de cincodias.com. En 2004 publicó el libro La Bolsa contada con sencillez.
El runrún del banco malo sigue siendo el más sonoro en estas extrañas semanas de interregno. Por más que Mariano Rajoy insista en la prioridad de la reforma laboral (por lo visto, el día que se baje el coste del despido España amanecerá convertida en Suecia), la primera gran decisión que debe tomar es ese saneamiento bancario al que aludió ayer. ¿Banco malo o no banco malo?
Ya comentamos por aquí, antes del 20-N, las ventajas e inconvenientes del citado banco malo. Hoy, con más datos en la mano (básicamente la subasta de CAM), podemos ir un poco más allá. Pura especulación, claro está, ni los propios banqueros saben qué alternativas baraja Rajoy y ni siquiera tienen un interlocutor del que recabar pistas.
La CAM tiene unos activos de 71.000 millones de euros, de los que 13.000 eran crédito a promotor y otros 2.500 activos adjudicados. El Fondo de Garantía de Depósitos ha tenido que inyectar 5.400 millones en capital y asumir un esquema de protección de activos que protegería a Sabadell del 80% de las pérdidas sobre una cartera de activos "tóxicos" de 8.000 millones. Esta cartera incluiría, además de crédito a promotor e inmuebles adjudicados, hipotecas y créditos a empresas sospechosos. La auditoría prevé pérdidas de 5.500 millones en esta cartera (el 23%), de las que 4.000 millones estarían ya cubiertos con provisiones (gracias en parte a los 5.400 millones). Las pérdidas más allá de esos 4.000 millones serían las que se repartirían 80/20 entre el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco Sabadell.
Entre el hecho de que solo Sabadell haya acudido a la subasta de la CAM, que Rajoy haya anunciado fusiones bancarias y que el Banco de España haya asegurado que espera vender también Unnim, NovaCaixaGalicia y CatalunyaCaixa, no es descabellado pensar que las grandes entidades españolas (BBVA, Santander, La Caixa y, más dudoso, Bankia) se harán con las cajas nacionalizadas con un esquema similar. Es más, el ruido en el sector sobre las favorables condiciones obtenidas por Sabadell será, seguramente, preludio de la petición de iguales ventajas para futuros compradores.
¿Qué supondrá eso? Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia tenían a cierre de 2010 un volumen de crédito a promotor algo inferior al de CAM (12.000 y 11.000 millones), pero una mayor cantidad de activos inmobiliarios adjudicados (5.000 y 3.500, ambas con mucho suelo y no mucha cobertura). Unnim es más pequeña, con 3.600 millones en crédito al ladrillo y 2.500 en adjudicados. Es decir entre las tres son más del doble que CAM en crédito promotor y cuatro veces más de inmuebles. Aunque posiblemente las "sorpresas" sean menores, toda vez que la CAM fue intervenida manu militari y las otras tres nacionalizadas ante su incapacidad para captar capital privado.
Queda por ver si las necesidades de capital definitivas son iguales o mayores a los 4.000 millones fijados por el Banco de España. Con estos 4.000 millones, teniendo en cuenta los 6.600 que hay en el FGD, los 5.400 de CAM, el FGD necesitaría unos 3.000 millones más lo que haga falta para Banco de Valencia (1.000 millones de momento) para cerrar la primera fase. Con las aportaciones a cargo de 2011 y haciendo uso de la capacidad de emitir deuda que citó Salgado, el FGD podría cubrir esta primera fase sin hacer un gran agujero a las cuentas públicas.
Ahora bien, a esto habría que sumar las pérdidas derivadas del esquema de protección de activos que se apliquen. Así, el Fondo de Garantía de Depósitos sería responsable de gran parte del agujero sobre un volumen de créditos tóxicos muy significativo: las cuatro entidades citadas tienen 30.000 millones en promotor y más de 11.000 en ladrillo. La clave: si la capacidad recaudatoria del FGD será suficiente para ir cubriendo estos huecos o se necesitará apoyo público en un futuro.
En todo caso, con este mecanismo y si la gran banca accede a comprar, el Estado colocaría estas cuatro cajas sin un quebranto inmediato en estos meses de presión sobre la deuda. Salvada la primera bola de partido, queda la parte complicada. Qué hacer con el conjunto del sistema, solvente de momento pero colapsado por su empacho de ladrillo. Es donde entra la opción del banco malo. Aunque el esquema de protección de activos ya es una especie de banco malo.
La creación inmediata de un gran banco malo es poco probable por la magnitud de la exposición inmobiliaria potencialmente dañina. El Banco de España cifró los activos problemáticos del sistema en 176.000 millones en noviembre, según el informe de estabilidad financiera. Teniendo en cuenta las exigencias de reducción de déficit y deuda impuestas por Bruselas, no parece el mejor momento para crear una entidad al estilo de la NAMA irlandesa.
Se ha barajado, y lo hemos recogido en el periódico, la opción de un banco malo de menor tamaño y centrado solo en los activos adjudicados más tóxicos, esto es, el suelo. A cierre de 2010 las entidades tenían 24.000 millones de suelo en balance, más otros 7.000 de viviendas a medio construir. Son los activos de más difícil salida y, por tanto, su traspaso a una sociedad pública quitaría una notable fuente de pérdidas. Pero, precisamente ahí estaría el problema. El valor de mercado del suelo rústico es casi cero (por la abundancia de suelo urbanizable), y el el suelo urbanizable no es mucho más (por la abundancia de casas vacías). Así, determinar el precio de salida para activos es casi imposible. Un precio beneficioso para los bancos sería regalar dinero público a las entidades más imprudentes (las que tienen más suelo). Un precio razonable haría incurrir en pérdidas a buena parte del sector, que recibiría el banco malo como un flaco favor.
Habilitar la posibilidad de que el Estado sea comprador de último recurso de activos tóxicos a la banca combinada con un endurecimiento de la normativa de provisiones sería una opción más razonable. Hoy se obliga a provisionar el 30% de los acrivos inmobiliarios con más de dos años en balance, norma de xxxx que no ha servido para que la banca se deshaga de su cartera inmobiliaria. Si se eleva este porcentaje se fuerza el saneamiento del sector, sea en el mercado o sea con ventas al Estado (que tendría que ofrecer precios similares a los del mercado). La banca tendrá que bajar precios, pero precisamente de eso es de lo que se trata.
Una última opción, seguramente ya descartada, es la de aplicar quitas a los tenedores de bonos o deuda subordinada de las entidades que han debido ser nacionalizadas por su déficit de capital, como ya hemos comentado en alguna ocasión. La CAM tiene 11.000 millones de deuda (2.000 en subordinada). Una quita del 30% habría ahorrado 3.300 millones. La consecuencia inmediata sería que el mercado cerraría la financiación a las entidades españolas, pero este grifo lleva cerrado desde mayo, y sin visos de abrirse. Sería imprescindible que esta quita a los bonistas formase parte de una solución final al problema del ladrillo, para que no generase más costes que beneficios. Y, por una vez, no pagaríamos el pato los contribuyentes.
En todo caso, el momento es ahora. La línea de liquidez a tres años prometida por el BCE otorga un cierto margen de maniobra. Y seguir retrasando el saneamiento financiero solo agravaría el problema. Solo sería exigible, eso sí, que ya que el Estado debe lavar por última vez los trapos sucios de la banca, no se socialicen pérdidas alegremente y no se compren activos tóxicos a precios de 2007 a entidades que no quisieron bajar precios.
Perdón por el ladrillo (valga la redundancia) y mil gracias a los compañeros de Mercados/Finanzas (mención a @mmmendieta) por su ayuda.
Noticias relacionadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario