Durante casi diez años los Bancos y Cajas de Ahorros españoles han estado concediendo créditos al Sector Inmobiliario-Constructor sin una racionalización adecuada de los mismos y, a la vista está, asumiendo riesgos excesivos; se alentó la compraventa de viviendas a la población mediante líneas de créditos baratos con valoraciones infladas; se concedieron líneas de crédito para emprendimientos inmobiliarios más que dudosos, gestionados por promotores inmobiliarios no profesionales, aterrizados en el sector de la noche a la mañana, y alentados por las hipotéticas expectativas de beneficio de un bien, la vivienda, que parecía sufrir una escalada de precios interminable.
Y la verdad es que dicha escalada de precios, -realmente importante desde el año 2001 hasta el 2007-, fue retroalimentada positivamente por la dilatación masiva del crédito fácil y barato que hemos tenido en los últimos años. Nuestras entidades financieras pidieron prestado en exceso un dinero para apalancarse en un sector concreto, que tiene unos períodos de maduración de las inversiones muy largos, y que es cíclico con la precisión de un reloj suizo. La realidad es que muchas entidades financieras de nuestro país, (sobretodo, Cajas de Ahorros), pidieron prestado un dinero para dilapidarlo en unas inversiones que jamás permitirán obtener las expectativas de beneficio esperadas. Y ahora se pretende solucionar este problema.
Por eso la llamada “reforma financiera” gira fundamentalmente en torno a la exposición al inmobiliario que acumulan los Bancos y Cajas de Ahorros. Si de verdad tuviéramos un mercado libre, no intervenido, hace ya tiempo que las entidades con problemas hubieran sido absorbidas por otras mayores o bien habrían desaparecido, lo cual no se presenta como una alternativa agradable, si bien es la más recomendable a medio y largo plazo. Pero ha ocurrido todo lo contrario: recordemos que el anterior Ejecutivo ha realizado numerosas ayudas a las entidades financieras, reduciendo aprovisionamientos del inmobiliario, concediendo prórrogas en las valoraciones de determinados activos inmobiliarios, avalando y prestando con dinero público, prolongando así la existencia de entidades moribundas que han ido agravando su estado día a día y, -también es conveniente decirlo-, permitiendo que el número de ejecuciones hipotecarias, -en virtud de lo poco costoso que les salían a los Bancos y Cajas de Ahorros-, crecieran exponencialmente en los últimos años, engrosando así los inmuebles en cartera y originando un drama social irreparable.
Descartado el Banco malo, el actual Ejecutivo ha optado, como adelantábamos en un reciente artículo, por una digestión de entidades a precios forzados. En una especie de operación acordeón, se han modificado los porcentajes de aprovisionamientos de suelo y viviendas de tal manera que gran parte de las entidades financieras no podrán asumir tales provisiones a no ser que sean absorbidas por otras entidades de mayor tamaño y mayores recursos, pero eso sí, a precios de saldo. Se está repitiendo erróneamente una y otra vez que esta reforma financiera va a desencadenar un descenso del precio de venta de las viviendas, lo cual es totalmente falso si bien muy agradable de cara a vender la reforma al público, pues el precio de suelos y viviendas acumulados por las entidades más débiles únicamente sufrirá una bajada sustancial contable en el proceso de fusiones entre entidades financieras al objeto de hacer que el mismo sea viable y no suponga un contagio de las entidades con problemas a las entidades con menos problemas.
En efecto, si los grandes se van a comer a los pequeños, la digestión ha de ser ligera… y completa, -quiere decirse que además de los inmuebles absorbidos a precios de saldo, se absorberán igualmente las cuentas corrientes de millones de ahorradores, las libretas de millones de pensionistas, las cuentas y depósitos a plazo fijo, etc. ¿Pero qué nos hace pensar que las ventas a los potenciales tenedores de vivienda se realizarán a precios más bajos todavía, máxime cuando éstos ya han alcanzado prácticamente el margen de bajada que permiten las hipotecas que gravitan sobre los inmuebles en cuestión? ¿Es que acaso las entidades financieras piensan obtener menos de lo que han prestado en su día? Huelga decir que no.
Esta es la verdadera estrategia de la “reforma financiera”: una digestión forzada de las entidades más débiles por las más fuertes a precios forzadamente rebajados y forzadamente minusvalorados. El precio de las viviendas bajará un 50% o más, sí, pero en valor contable. Una vez que éstas cambien de dueños, recuperarán su valor de mercado. Y mientras tanto, podemos estar seguros de que el crédito seguirá sin fluir en el corto plazo, agravando más aún el estado de nuestra economía, haciendo más probable la posibilidad de que las viviendas acumuladas por las entidades financieras no encuentren compradores, lo que podría dinamitar las intenciones de esta “reforma financiera”, a no ser que se sincronicen perfectamente las ventas de viviendas con la reactivación del crédito y la actividad económica. Sin duda, algo muy poco probable si bien no imposible.
MBQ Group
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