lunes, 8 de abril de 2013

La broma del plan de vivienda



La broma del Plan de Vivienda. Por Alejandro Inurrieta. El Mono Político. 6 de abril 2013


Después de más de un año de mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy ha alumbrado un denominado Plan de Vivienda y Rehabilitación que, como la mayoría de lo presentado hasta ahora, es hueco y carece de credibilidad. El plan mezcla cifras para agrandar la oferta de fondos y elude la solución más aconsejable: apostar de verdad por un mercado de alquiler grande, con una significativa aportación de vivienda pública y social y por la creación y consolidación de un mercado profesional de alquiler con agentes privados potentes que puedan financiar su desarrollo y mantenimiento.

Lo primero que sorprende del anuncio, hecho ayer a bombo y platillo, son las cifras sobre el mercado de alquiler en España. La ministra del ramo, Ana Pastor, apunta a que el mercado de alquiler en España supone un 17% del total, frente al último dato oficial del censo de viviendas de 2001, que hablaba del 11%, u otras encuestas posteriores que lo cifraban, como mucho, en el 12% (véase documento 113 de la Fundación Alternativas).

Por tanto, como primera premisa, la nueva responsable de vivienda, igual que las anteriores, legisla sin datos estadísticos fiables, guiada por los lobbies que presionan para que el ladrillo vuelva a ser la primera industria nacional, aunque se disfrace de apuesta por el alquiler y un cambio de modelo productivo. Más allá de la discusión sobre la fiabilidad de las estadísticas, las medidas anunciadas suponen, en algunos aspectos, una regresión con respecto a lo realizado por el Gobierno anterior.

Vayamos por partes. Con el anuncio del Plan, el Gobierno pretende hacer creer a la ciudadanía que apuesta decididamente por el alquiler -incluido el social-, la rehabilitación y la eficiencia energética, así como en un cambio global el modelo productivo. También busca transmitir el mensaje de que se protegerá a los hipotecados y a los posibles desahuciados, ahora que este problema social está en primera línea de actualidad. Pues bien, nada de esto se va a conseguir. Por tanto, una vez más, se está engañando a los ciudadanos.

Comencemos por el mercado de alquiler. Lo primero que hizo este Gobierno fue borrar todo lo que había hecho el anterior, aunque funcionara. Esto se tradujo en la eliminación de la llamada Renta Básica de Emancipación, que llegó a ayudar a cerca de 200.000 jóvenes a pagar el alquiler y poder emanciparse, con una ayuda de 210 euros al mes. Los límites de renta para acceder a esa subvención eran 24.000 de euros al año y la edad tope era de 29 años. Suprimida esta iniciativa, ahora se implementan ayudas no ya a jóvenes, sino a familias, tomando como baremo la renta familiar, lo que lleva a repartir la pensión de los abuelos y los ingresos del resto de miembros, pero no permitirá la emancipación de los jóvenes del hogar. Además, los requisitos para el acceso se han endurecido de forma significativa. Por ejemplo, el coste del contrato de alquiler no puede superar los 600 euros -busque algo así en Madrid o Barcelona- y el límite anual del subsidio, incluyendo la fianza, se reduce a 3.000 a 2.400 euros.

Lo que se busca con estos artificios es complicar y reducir en número el acceso a estas subvenciones, de modo que las ayudas reales resulten insignificantes respecto al potencial de personas -no familias- que se podrían beneficar. En esta estrategia son maestros los que realmente diseñan estas medidas, hacendistas y técnicos comerciales del Estado. En materia fiscal, no hay apenas cambios, y se sigue manteniendo la discriminación -aunque cada vez menor- de los que prefieren vivir de alquiler con respecto a los que optaron por comprar vivienda.

Respecto a la rehabilitación, que podría ser en efecto un nicho de empleo, parten del supuesto erróneo de que las comunidades de vecinos son unidades de conviviencia proclives a permitir, y en muchos casos financiar, la rehabilitación o la mejora energética. Si supiesen algo de este tema, sabrían que en Madrid, por ejemplo, ya existen subvenciones en el IBI -de casi un tercio durante tres años- si se instala energía solar o mini eólica en los tejados. Pues bien, esta ayuda fiscal está desierta desde que se implantó. Todo lo referente a la eficiencia energética, si no media obligación y sanción, será un brindis al sol. Pero este sector, sin financiación, jamás se podrá poner en marcha. En España no hay figuras potentes en materia de fondos inmobiliarios, como los Real Estate Investment Funds (Reits), para que se pueda poner en marcha, y este Gobierno no tiene interés en financiar este modelo.

Pero la broma más pesada es lo referente al fondo social de viviendas y el apoyo real a los desahuciados. El Fondo Social de Vivienda apenas tiene 6.000 viviendas, algunas en lugares insospechados y en un estado lamentable. La realidad es que no hay una apuesta seria para implantar un mercado al estilo nórdico o alemán, donde un porcentaje muy elevado de ciudadanos se benefian de un parque público estable, de calidad y con precios asumibles por una amplia capa social, existiendo luego subsidios para los más necesitados.

En suma, lo aprobado por el Gobierno empeora las condiciones de acceso a las ayudas. Utiliza la renta familiar, menor que la anterior, para limitar los beneficiarios, de modo sólo las familias prácticamente en quiebra puedan tener acceso. La rehabilitación apenas tiene financiación pública y no hay mecanismos privados que la puedan sostener. Y no hay ninguna línea para mejorar el mercado profesional de alquiler, que, junto a la apuesta por el parque público, haría despegar de verdad a nuestro primitivo mercado de vivienda.

El engaño que no cesa.

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