ATTAC-MADRID ADVIERTE DE QUE LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MAYORITARIOS NO ABORDAN UNA REFORMA PROFUNDA DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE VIVIENDA
Attac-Madrid considera que los programas electorales presentados por los partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) ponen de manifiesto la ausencia de una política de vivienda coherente, sostenible y que garantice el derecho de toda la ciudadanía al acceso y disfrute de una vivienda digna. Esta ausencia se concreta en los siguientes aspectos:
· Los programas disfrazan de ayudas a las personas lo que en realidad son ayudas al sistema financiero y a los promotores.
· Omiten la obligatoriedad de que los irresponsables (banca y promotores) paguen al menos parte de sus “errores”.
· Visibilizan la inexistencia de una política para la vivienda en alquiler y, en especial, de “alquiler social”.
· No abordan el tema del escandaloso número de viviendas vacías (3 millones, según el INE).
· Eluden la modificación de la actual normativa urbanística, base del actual desastre social, ecológico, económico y de la corrupción generalizada.
Attac-Madrid denuncia esta situación que es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el boom inmobiliario de la última década ha sido el epicentro de nuestra actual crisis. Economistas tan autorizados como el Premio Nobel, Paul Krugman, o el catedrático de Economía Inmobiliaria, Ricardo Vergés, han llegado a afirmar que el corazón de la crisis financiera europea se encuentra en la burbuja inmobiliaria española y en la “flexibilidad” de ésta para absorber la liquidez acumulada de forma poco ortodoxa por los bancos europeos durante los últimos quince años.
Los programas electorales de los partidos mayoritarios destacan la importancia de mitigar la situación de las personas afectadas por un sistema hipotecario manifiestamente injusto y desequilibrado. Sin embargo, Attac-Madrid entiende que, a pesar de esta supuesta muestra de sensibilidad social, no se pretende afrontar una reestructuración profunda de nuestro sistema hipotecario ni encarar con realismo el insoportable lastre de la deuda hipotecaria. Asimismo, esta actitud serviría de justificación para enmascarar su verdadera preocupación, saciar el apetito de las entidades financieras por cobrar los imprudentes préstamos hipotecarios concedidos.
Attac-Madrid considera positivas iniciativas como el establecimiento incondicionado de la llamada “dación en pago” o la eliminación de prácticas y cláusulas contractuales abusivas, pero señala que sigue sin asumirse la necesidad de regular el flujo de crédito con actuaciones que impidan el sobre-endeudamiento masivo e insostenible. En este sentido, se echan en falta medidas como la limitación del número de años de amortización de la deuda, la exigencia de un ahorro previo del comprador o de la compradora (que impida las hipotecas por el 100% o incluso por el 120% del valor del inmueble), la proporcionalidad entre el importe del préstamo y la renta familiar disponible o el equilibrio entre la duración del préstamo y la vida activa.
Por otra parte, los programas guardan silencio sobre las consecuencias del riesgo inmobiliario y la exposición de las entidades financieras al precipicio de los impagos. Omiten las medidas a adoptar para evitar el inmenso agujero negro inmobiliario que nos ha llevado a la situación actual y que requieren de la intervención del FROB, lo que supondrá un incremento del déficit público y servirá como justificación para exigir futuros recortes sociales.
De igual modo, sorprende que no se aborde el tema del alquiler social y la necesidad de crear un parque público de viviendas, a pesar de que España se mantiene a la cola de la UE-15 en esta materia (apenas un 1% del total de viviendas, otros Estados comparables a España rondan el 20%). Algunos programas contemplan el alquiler social como un medio diferido de acceso a la vivienda en propiedad, fomentando de nuevo la utilización de los recursos públicos en beneficio de intereses privados. Lamentablemente, el discurso de la austeridad podría utilizarse como excusa para desmantelar la escasa vivienda que gestionan actualmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y todo ello en un país que ve cómo aumentan las situaciones de exclusión social.
También se detecta un sospechoso silencio en relación con la vivienda vacía. A diferencia de otros países europeos, no se ha encontrado en los programas citados una política definida para dar salida al inmenso número de viviendas desocupadas (3 millones según el último censo de vivienda publicado por el INE). No contemplan medidas como la estimulación del alquiler, la progresividad impositiva a las viviendas vacías y, sobre todo, a su acumulación. Sin embargo, sí se hace mención a la necesidad de encontrar mecanismos que permitan dar salida al stock acumulado por promotores inmobiliarios y entidades financieras, lo que significa dar un barniz social a actuaciones que solo les favorecen a ellos. Algunos programas tratan de facilitar la adquisición en propiedad de ese stock mediante la reducción del IVA o las desgravaciones fiscales.
El silencio se extiende a la normativa sobre suelo y urbanismo. No se propone la aprobación de un reglamento que desarrolle la Ley del Suelo vigente, ni la prohibición de instrumentos que han demostrado ser tan nefastos como los “convenios urbanísticos”, ni una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita desligar la financiación de los ayuntamientos del urbanismo. Tampoco se propone una Ley de Transparencia que abarque, además de las administraciones públicas, a la financiación de los partidos políticos. No es posible seguir manteniendo en la opacidad la relación partidos-entidades financieras, tan expuesta a los intereses particulares de los excesos de la burbuja inmobiliaria.
Los programas también obvian la puesta en marcha de una política efectiva enfocada a la rehabilitación, de especial interés por la cantidad de empleo que generaría y por ser una actividad sostenible indefinidamente en el tiempo. La rehabilitación con obligación de mejora de la eficiencia medioambiental contribuiría al necesario “decrecimiento” en el consumo de recursos energéticos y naturales, a la vez que mejoraría, directa e inmediatamente, la calidad de vida de la ciudadanía. Por otra parte, tampoco se adoptan compromisos concretos en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y al consumo de agua del parque inmobiliario.
Attac-Madrid señala que nos encontramos de nuevo con medidas que contribuyeron al boom inmobiliario y a la consolidación de la cultura de la propiedad a cualquier precio, como la actualización de la desgravación fiscal para la adquisición de vivienda, que, con el pretexto de ayudar al pago de las hipotecas, supone un elemento distorsionador de los precios al alza. Además, este tipo de incentivos fiscales tienen un efecto regresivo, puesto que benefician más a quienes tienen rentas más elevadas.
En definitiva, Attac-Madrid lamenta que los partidos mayoritarios citados insistan en poner parches a un modelo de vivienda y urbanismo que ha provocado un deterioro ecológico irreversible, inmensos desequilibrios sociales y un endeudamiento generalizado de la población. Unas políticas que no solo dificultan el acceso a una vivienda digna para gran parte de la ciudadanía sino que nos conducirán hacia situaciones de estancamiento que generarán más desigualdad, más recortes sociales y la consolidación de un poder financiero que dirige nuestras instituciones y gobierna nuestro futuro.
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