Thierry Lévêque y Chine Labbé, editado por Patrick Vignal
Yahoo France Reuters – 10 /02/2012
El Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa de Francia, ha considerado, en respuesta a una demanda interpuesta por la asociación Droit au logement (DAL), que la inexistencia de soluciones habitacionales de urgencia para los sin-techo representa un atentado grave a una libertad fundamental.
La asociación DAL califica esta decisión de “histórica” porque, según ella, permite acudir a los tribunales de justicia para hacer respetar los derechos de todos los sin-techo y obliga a las autoridades a actuar en prácticamente todos los casos. Este fallo se dicta precisamente cuando una ola de frío sin precedentes en los últimos veinte años azota Francia desde la semana pasada, dejando al menos doce muertos, algunos de los cuales eran sin-techo.
“Corresponde a las autoridades públicas hacer efectivo el derecho al alojamiento de urgencia, reconocido legalmente a cualquier persona sin-techo que se encuentre en situación de precariedad médica, psíquica y social”, ha sentenciado el Consejo de Estado. “El incumplimiento de esta labor puede suponer un atentado grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental, al mismo tiempo que acarrea consecuencias graves para la persona afectada”, añade el fallo.
El Consejo de Estado aplica así la Ley DALO (Ley del derecho a la vivienda vinculante) aprobada en 2007, al final del último mandato de Jacques Chirac. Rechaza los argumentos presentados por el gobierno en su defensa, según los cuales la administración tiene derecho a “establecer una jerarquía de las situaciones de urgencia”. El Consejo de Estado precisa, por el contrario, que corresponde a los jueces examinar caso por caso las gestiones de las autoridades para ver si son conformes a la ley.
El asunto que motivó la demanda concernía a un hombre de Costa de Marfil que tuvo que abandonar su domicilio como consecuencia del incendio acaecido en su vivienda de Gentilly (Val-de-Marne) y que, después de pasar dos noches en albergues, se vio literalmente sin techo. En la víspera de la audiencia ante el Consejo de Estado, un equipo móvil se hizo cargo de él y le ofreció alojamiento, pero el Consejo de Estado decidió sobre el asunto. Esta decisión implica, por tanto, que un sin-techo puede presentar una demanda por no tener acceso a un alojamiento y obtener un mandato judicial para que las autoridades públicas le ofrezcan un techo.
La asociación DAL considera que este fallo puede cambiarlo todo. “Esta decisión impone al Estado la obligación de poner todos los medios necesarios para ofrecerle una acogida y mantener esta situación hasta su realojo”, escribe la asociación en un comunicado. Asimismo, exige al gobierno que ordene a las autoridades municipales la expropiación, si fuera necesario, de todos los locales y viviendas posibles para garantizar el alojamiento de los sin-techo.
Según la Fundación Abbé Pierre, 133.000 personas se encuentren sin techo en Francia y 685.116 carecen de vivienda personal, por lo que viven en casas de terceros, en residencias sociales, en hoteles o en espacios habitacionales improvisados.
La asociación DAL califica esta decisión de “histórica” porque, según ella, permite acudir a los tribunales de justicia para hacer respetar los derechos de todos los sin-techo y obliga a las autoridades a actuar en prácticamente todos los casos. Este fallo se dicta precisamente cuando una ola de frío sin precedentes en los últimos veinte años azota Francia desde la semana pasada, dejando al menos doce muertos, algunos de los cuales eran sin-techo.
“Corresponde a las autoridades públicas hacer efectivo el derecho al alojamiento de urgencia, reconocido legalmente a cualquier persona sin-techo que se encuentre en situación de precariedad médica, psíquica y social”, ha sentenciado el Consejo de Estado. “El incumplimiento de esta labor puede suponer un atentado grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental, al mismo tiempo que acarrea consecuencias graves para la persona afectada”, añade el fallo.
El Consejo de Estado aplica así la Ley DALO (Ley del derecho a la vivienda vinculante) aprobada en 2007, al final del último mandato de Jacques Chirac. Rechaza los argumentos presentados por el gobierno en su defensa, según los cuales la administración tiene derecho a “establecer una jerarquía de las situaciones de urgencia”. El Consejo de Estado precisa, por el contrario, que corresponde a los jueces examinar caso por caso las gestiones de las autoridades para ver si son conformes a la ley.
El asunto que motivó la demanda concernía a un hombre de Costa de Marfil que tuvo que abandonar su domicilio como consecuencia del incendio acaecido en su vivienda de Gentilly (Val-de-Marne) y que, después de pasar dos noches en albergues, se vio literalmente sin techo. En la víspera de la audiencia ante el Consejo de Estado, un equipo móvil se hizo cargo de él y le ofreció alojamiento, pero el Consejo de Estado decidió sobre el asunto. Esta decisión implica, por tanto, que un sin-techo puede presentar una demanda por no tener acceso a un alojamiento y obtener un mandato judicial para que las autoridades públicas le ofrezcan un techo.
La asociación DAL considera que este fallo puede cambiarlo todo. “Esta decisión impone al Estado la obligación de poner todos los medios necesarios para ofrecerle una acogida y mantener esta situación hasta su realojo”, escribe la asociación en un comunicado. Asimismo, exige al gobierno que ordene a las autoridades municipales la expropiación, si fuera necesario, de todos los locales y viviendas posibles para garantizar el alojamiento de los sin-techo.
Según la Fundación Abbé Pierre, 133.000 personas se encuentren sin techo en Francia y 685.116 carecen de vivienda personal, por lo que viven en casas de terceros, en residencias sociales, en hoteles o en espacios habitacionales improvisados.
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