Un lector de EL PAIS, David Carrascosa, ha escrito una carta al director que destila gran sensatez. En tiempos es que nos exigen movilidad y los contratos laborales se precarizan, las políticas de fomento del alquiler, las más lógicas para afrontar la anistebilidad laboral, van desapareciendo. Mientras se fomentan las políticas que facilitan el acceso a la vivienda en propiedad, aquellas que se basan en el endeudamiento durante grandes periodos de tiempo, justo lo contrario que se exige a los trabajadores en los contratos laborales. Siendo está nuestra única garantía de pago hipotecario real.
El pasado Consejo de Ministros, celebrado el 16 de marzo, supuso el fin para uno de los proyectos que, iniciado con el Gobierno socialista, venía a dar respuesta a una de las demandas sociales que más había crecido en los últimos 20 años: el fomento del alquiler.
El actual Gobierno no solo ha suprimido la Sociedad Pública del Alquiler tras siete años de existencia, sino que también ha hecho lo propio con la línea del ICO con la que se financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran su stock en alquiler. Con anterioridad ya había eliminado la renta básica de emancipación.
Lo cierto es que había sido la población más joven la que, por la movilidad territorial a la que cada vez obliga más el mercado laboral, más había accedido al mercado del alquiler. Ahora, con la nueva reforma laboral y la volatilidad de los contratos de trabajo, tal movilidad territorial tiene visos de ser aún más frecuente. Sin embargo, los que se vean obligados a cambiar de residencia no encontrarán ningún apoyo gubernamental para cubrir su necesidad de vivienda.
Parece, ciertamente, que el Gobierno del Partido Popular se ha imbuido totalmente del espíritu y de la letra de la Constitución de 1812, que en su artículo cuatro decía que “la nación española está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad…”.— David Carrascosa.
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