Casas vacías: el síndrome de una economía yonqui

Eva Belmonte. Unfollow. 2/12/2012.

El primer paso siempre es admitir que tienes un problema

Con 30.000 personas viviendo en la calle (datos de Cáritas de 2011) y una sangría de desahucios, a ritmo de más de 500 diarios (casi 48.000 en el segundo trimestre de 2012, según el último balance del CGPJ) los millones de casas vacías que salpican la geografía española son, como mínimo, un síntoma de que algo no encaja. “En España, al contrario de lo que pasa en la mayoría de países de la Unión Europea, la vivienda vacía no se considera una patología”, explica Javier Burón Cuadrado, ex consejero vasco de Vivienda, profesor universitario, socio de la empresa de gestión de servicios públicos Urbania ZH y articulista en medios especializados como ‘Cinco Días’. En cambio, en otros países europeos con parques de casas vacías mucho menos inflados por la burbuja inmobiliaria llevan años encarando el problema hasta el punto de convertirlo en vergüenza nacional y, en consecuencia, lo enfrentan, ya sea con sanciones o impuestos por mantener un domicilio vacío, ayudas a la rehabilitación o incluso alquileres forzosos.

¿Por qué en España los síntomas se ningunean y, por ende, no se trata este mal endémico? “Aquí se defiende la ‘sacrosanta’ propiedad privada por encima de todo. Pensamos que el propietario tiene derecho a tener la vivienda vacía, ocupada, en buen estado o como le dé la gana”, continúa Burón, que cree que no se trata tanto de una visión cultural como de las pautas que marca la estructura de poder, basada en lo que él denomina una “economía yonki”, adicta al ladrillo y que aparta a un segundo plano los medios de producción que tienen que ver con el intelecto, las ideas y la industria, claves en otros países de Europa tras la Revolución Industrial. Un dato: la inversión en I+D en países como Dinamarca, Finlandia o Suecia, superior al 3% del PIB, dobla con creces la española (de un 1,37%, según datos de 2010 de la OCDE).

DIAGNÓSTICO (en busca de un recuento fiable de casas vacías)

En España ni siquiera existe un único censo preciso y actualizado de casas vacías. Una de las bases de datos más socorridas es la del Instituto Nacional de Estadísica (INE), que estimaba que en 2001 había 3.106.442 pisos desocupados. Los datos de 2011 -este registro se realiza cada década- se harán públicos a lo largo de 2013 y, burbuja mediante (en 10 años se han levantado cinco millones de casas), podrían arrojar una cifra de entre cinco y seis millones. El problema es que éste no es el único registro oficial. Antes de desaparecer, en 2010, el Ministerio de Vivienda estimaba que había entre 600.000 y un millón de viviendas sin uso. La gran diferencia entre ambos organismos radica en la metodología: el baremo del INE, más amplio, incluye por ejemplo viviendas abandonadas que se caen a trozos en pueblos en los que hace décadas que no se pasea ni un perro abandonado.

De hecho, para muchos expertos como Burón, esta cifra es excesiva y prefieren situarla en unos dos millones y medio, un número nada despreciable si consideramos que supone el 10% del total del parque de viviendas en España, de unos 26 millones de casas. Incluso si partimos de ese dato más conservador, la comparación con otros países de nuestro entorno sonroja. En Inglaterra, la Fundación Emptyhomes trabaja para buscar soluciones a un problema que consideran un “escándalo” y una “vergüenza nacional”. Sus campañas han conseguido arrancar al gobierno inglés rebajas de impuestos para los propietarios que recuperen las viviendas para su uso y la creación de un cargo en cada ayuntamiento destinado en exclusiva a velar por la ocupación de las viviendas vacías. Y todo eso pese a que sus cifras son mucho menos abultadas que las españolas: cuentan con 720.000 casas vacías, el 3,13% del parque de viviendas inglés.

En 2007, el colectivo Derivart, formado por un artista -Jesús Rodríguez-, un ingeniero informático y diseñador -Mar Canet- y un sociólogo -Daniel Beunza- decidió utilizar el arte como medio para mirar y hacer mirar el problema de las casas vacías esquivando la letanía de las ristras de datos. Su proyecto ‘Casas Tristes’ permite localizar en un mapa las viviendas desocupadas que los usuarios documentan. Es el eje central de una “plataforma de visualizaciones para rebatir con estadísticas algunas de las cuestiones que se tenían como grandes verdades”, como la define Jesús Rodríguez. Al mito “una casa cuesta el mismo porcentaje de sueldo que hace 15 años” le da respuesta un muñeco con casco de obrero que carga de monedas la balanza necesaria para pagar su casa. Al observar la evolución por años en la animación, el gráfico recoge la relación entre el salario mínimo interprofesional y el precio de la vivienda desde 1985. Si en el año de arranque el trabajador que destinaba todo el sueldo mínimo a pagar la hipoteca tardaba 12 años; en 2006, ese mismo trabajador emplearía 42 años de su vida para costear la misma casa.

Otra visualización muestra cómo, en relación con la población, la construcción de viviendas en España ganó por goleada a la que se vivió en Estados Unidos (una casa nueva por cada 23,53 habitantes vs. una casa nueva por cada 9,2) durante la burbuja. El objetivo aquí es “acercar conceptos complejos a todo el mundo gracias a herramientas artísticas”, aliñadas con un “componente irónico”.

SINTOMATOLOGÍA (las consecuencias económicas, sociales y ecológicas)

Con la mirada puesta, ya sin tapujos, en esos millones de casas vacías, es posible que, como una madre con su primogénito, nos cueste sacarle defectos. Para Burón Cuadrado, las consecuencias de ese enorme parque de viviendas sin uso son tres:

1. La económica: “Todo ese dinero destinado a comprar esas casas, a financiar la burbuja inmobiliaria, podría haberse destinado a otras cosas como montar negocios, la formación del capital humano…”.
2. La ecológica: “España ha consumido un tercio de su huella ecológica vinculada a la urbanización en el periodo que va de 1998 a 2008. Los dos tercios anteriores los hemos gastado en 12.000 años. Tenemos un modelo alocado, en el que cuando hay dinero, hay empleo y hay buen rollo consumimos recursos naturales de forma desaforada”.
3. La social: “Tenemos un nivel de desahucios histórico”.

Víctor es uno de los 400.000 desahuciados que va dejando la crisis por el camino desde 2008. El 13 de diciembre de 2011 le echaron del piso del que era avalista junto a su mujer y que habían comprado su hija y su yerno. Desde entonces, esa casa en Colmenar Viejo en la que toda la familia había vivido siete años permanece cerrada a cal y canto criando telarañas. “Llegué de Ecuador y a los tres días me dijeron en la inmobiliaria que firmara como avalista, que no pasaba nada, que en seis meses estaría todo arreglado. Empezamos pagando 900 euros de hipoteca, pero llegó hasta 1.700. Aun así, como todos teníamos trabajo, pagábamos religiosamente las cuotas. Hubo un momento en el que nos quedamos en paro y conseguimos que nos bajaran la mensualidad a 700 euros, pero a cambio de aumentar el plazo y, por lo tanto, la deuda. Más tarde la cosa empeoró y entonces fui al banco a intentar negociar. Les dije que no podía pagar más de 500 euros, pero se negaron a darme una solución. Siete meses después nos echaron. Un día antes de la ejecución saqué mis cosas y llevé las llaves al juzgado”.

Mientras recuerda ese momento -ahora vive en un piso de alquiler después de haber pasado por un bajo con olor a cañerías reventadas y goteras dibujando isobaras en el techo- se prepara para pasar una noche en la plaza Celenque de Madrid junto a otros compañeros. Es su octavo día de protesta junto a la sede de Bankia, contra los desahucios y para reclamar alquileres sociales y la dación en pago, tres de los puntos que contempla la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la que se recogen firmas a pocos metros de los sacos de dormir y las mantas que, durante la noche, les ayudarán a parapetarse ante el frío. Su miedo, ahora, es que le vengan a reclamar la deuda. “No sé para qué quieren tantas casas, la verdad”, se pregunta.

El miércoles 24 de octubre, María Morán fue desahuciada también en Colmenar Viejo. Ahora, la puerta de su casa está sellada con silicona. “Y se quedará así por mucho tiempo”, augura. “¿Qué se creen? ¿que voy a entrar? Nos sacaron como si fuéramos delincuentes. No quieres volver a un sitio en el que has sufrido tanto. Ahora mi objetivo sólo es luchar por conseguir la dación en pago y así poder liquidar la deuda”, asegura.

Ambos fueron desahuciados por Bankia. Según los datos de la propia entidad bancaria, entre 2011 y lo que llevamos de 2012, este conglomerado de Cajas ha aceptado un total de 4.300 daciones en pago, una cifra que incluiría no sólo los acuerdos con particulares para cancelar la deuda a cambio de devolver la vivienda, sino también los pagos en especie de constructoras que, desde que explotó la burbuja, cedieron a los bancos los pisos construidos a cambio de liquidar la deuda contraída para levantarlos.

Bankia “cuenta con un protocolo de actuación para ayudar y estudiar todas las vías posibles para posibilitar a los clientes el pago de sus préstamos y créditos. Las alternativas que se ofrecen son muy diversas: desde alargamientos de plazos hasta carencias en el pago de principal, entre otras. En último caso, y en ausencia de cualquier ingreso por parte del acreditado, la entidad acepta la dación en pago de la deuda”, explican vía correo electrónico desde la entidad. Desde 2009, Bankia ha realizado 80.000 adecuaciones de préstamos, según las mismas fuentes. No parece suficiente para poner freno al crecimiento de un stock de viviendas que, sin propietario o inquilino, no produce beneficios. De hecho, Bankia posee viviendas vacías por un valor de más de 4.000 millones de euros, según los datos del mes de septiembre: 2.847 millones llegaron para saldar las deudas de constructores y promotores -por lo que serían de obra nueva- y 1.169 millones a través de desahucios por impago de hipotecas y préstamos con la casa como aval.

TRATAMIENTO (una mirada al hermano mayor europeo)

Focalizado el problema, procederíamos a aporrearlo hasta que salga escaldado. Como sería nuestra primera vez, podemos optar por copiar a otros con más experiencia. La batería de medidas europeas consiste en “penalizaciones por mantenerla vacía, alquileres forzosos, una fiscalidad enfocada a la vivienda en alquiler y no tanto a la compra…”, enumera Burón. Hasta hace poco, en Holanda, estaba permitida la ocupación de las viviendas vacías. El alquiler forzoso se aplica en países como Reino Unido, donde el Estado se hace cargo -para gestionar su venta o alquiler- de viviendas que estén vacías durante más de seis meses en zonas con fuerte demanda. Están excluidas las segundas residencias, aquellas sobre las que se esté tramitando una herencia o las que se usen esporádicamente por motivos laborales, por ejemplo.

Pero, por encima de todo, la medida estrella en la mayoría de países es la creación de un parque público de alquiler potente -formado por centenares de miles de viviendas a precios asequibles- y políticas públicas de vivienda equiparables a Europa, ya que en ese aspecto “estamos en el Paleolítico”. Como es imposible eludir los baremos de rentabilidad, Burón recuerda: “Esos parques públicos de alquiler no son en absoluto deficitarios, se produce un ingreso al titular”. Y, gracias a una “intervención pública masiva” en el asunto, “quien más quien menos en todos los estados europeos han tenido y todavía hoy tienen varios millones de viviendas públicas”.

El Gobierno, en el reciente Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, incluye, además de la moratoria de los desahucios para determinadas familias, la encomendación al Gobierno (a sí mismo, vamos) de la creación urgente, en colaboración con las entidades bancarias, de un fondo social de viviendas con alquileres asequibles. Pero el Gobierno no ha concretado cuándo se pondrá en marcha, a qué precios ni qué cantidad de viviendas formarán ese parque. Eso sí, para acceder a ellas es necesario cumplir las mismas condiciones que para conseguir la moratoria de dos años sobre el desahucio: los ingresos de todos los miembros de la familia no deben superar los 1.597 euros al mes, el peso de la hipoteca en las cuentas familiares debe haber crecido en los últimos cuatro años y suponer más de la mitad de esas ganancias mensuales. Cumplido el requisito económico, se deberá acreditar además pertenecer a uno de los siguientes colectivos: familias numerosas, monoparentales con hijos, padres con hijos menores de tres años y familias en las que algún miembro tenga una discapacidad o que el titular esté en desempleo sin prestación o que algún miembro haya sido víctima de violencia de género. Todas estas trabas hacen que ONG, jueces, entidades especialistas en la materia como la PAH y varios partidos políticos consideren esta medida del Gobierno insuficiente para frenar el problema de los desahucios y, por lo tanto, del enorme número de casas vacías.

Para este experto en urbanismo, medidas como las emprendidas en el resto de Europa podrían solucionar algunas de las adicciones españolas al ladrillo, pero “tenemos un problema de politoxicomanía” que va mucho más allá. Para desengancharnos, lo que hace falta no es una ley, sino un “cambio de enfoque”. O, lo que es lo mismo, “que nuestro héroe fuese Steve Jobs y no Paco el Pocero”.

CASO CLÍNICO (voy a ponerle mi nombre a una urbanización)

Un enorme rótulo con el nombre del constructor que cedió su avión para que Rocío Jurado se tratara en Houston recibe a la entrada de su urbanización, su legado. El residencial Francisco Hernando ha sido, durante muchos años, símbolo de la construcción desenfrenada y de la burbuja inmobiliaria. Ahora, mucho más habitado que en sus inicios gracias al derrumbe de los precios, se eleva entre la vía del AVE, un par de autopistas y un cementerio de neumáticos en un secarral a 36 kilómetros de Madrid. Entre bloques de edificios a medio habitar, otros totalmente deshabitados y solares que ilustran el ‘inmobiliarius interruptus’ que vivió el pueblo toledano de Seseña (el proyecto de 13.000 viviendas se quedó a medias), los carteles de venta y alquiler se suceden uno tras otro, hasta pintarrajeados en el ladrillo visto de los bajos comerciales. De 190.000 euros por un piso de dos habitaciones a 65.000, como anuncian los rótulos más recientes del Banco Santander, heredero de buena parte de los edificios. Los alquileres con opción a compra, en cartelones amarillos de la CAM, ya están en 350 euros, cifras muy alejadas de las que se barajaban durante el nacimiento, de la nada, de un pueblo anexo a Seseña, municipio al que pertenece.

“Al principio, en el lago había barcas y peces. Ahora la cascada está seca y el agua sucia”, comenta tras la barra la dueña de uno de los quioscos del parque María Udena, llamado así en homenaje a la señora de Pocero. “Al principio el señor lo tenía cuidado, luego se peleó con el ayuntamiento y ahora el consistorio dice que se va a hacer cargo. Esperemos que sea así”, continúa. Ella está satisfecha con el lugar en el que vive y asume sus inconvenientes, como tener que pagar 40 euros al trimestre por el transporte escolar de su hijo a Seseña para sus clases de Secundaria. Su alquiler ha bajado, en cuatro años, 250 euros.

En el residencial Francisco Hernando las cosas han cambiado mucho desde que ilustró la burbuja inmobiliaria en multitud de medios, aunque sigue transpirando el legado de su constructor, que, además de poner su nombre y el de su esposa en fastuosos rótulos marcados en piedra, no dudó en colocar una estatua-homenaje a sus padres en una de las rotondas. En el residencial ya tienen colegio de Primaria y en un solar se anuncia la próxima construcción de un centro de salud. Algunos comercios, como cafeterías o un hipermercado, salpican los bajos, muy cerca de las oficinas de agencias inmobiliarias que intentan vender el stock aunque tengan que hacerlo a precio de coste.

En una caseta de obra se encuentra la sede de la asociación de vecinos, en la que se anuncian clases de batuka. Justo al lado, un campo de fútbol invadido por los matorrales da cuenta de lo desangelado de un espacio a medio hacer. En el estadio del Seseña C.F., un grupo de padres pasa el sábado animando a sus vástagos a pocos metros de un cementerio de grúas y unos imponentes bloques de edificios, todos gemelos y la mayoría sin estrenar, con las ventanas cerradas a cal y canto. El de esta macrourbanización no es un caso único, aunque sí uno de los más espectaculares. Toda la zona está salpicada de colmenas de casas simétricas sin habitantes y de otras tantas con el esqueleto a la vista, a medio levantar.

ETIOLOGÍA (o cómo se repitió como un mantra que el ladrillo es un valor seguro)

A 31 de diciembre de 2011, según datos del Ministerio de Fomento, el stock de viviendas de nueva construcción sin vender era de 676.038 (139.000 sólo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo). En Castellón, ese stock supone un porcentaje del 12% sobre el parque de vivienda total de la provincia. Hemos construido por encima de nuestras necesidades. “El objetivo ni ha sido ni es construir vivienda para vivir, ni equipamientos para poder utilizarlos, ni superficie comercial para que pueda haber negocios o industrial para que pueda haber industria. El objetivo es producir por producir. Si se vende, bien. Si no, el Estado nos rescata”, critica Burón.

A pequeña escala, muchos ciudadanos decidieron subirse al carro y comprar viviendas como inversión. El ladrillo, se decía antes del reventón de la burbuja, es un valor seguro. Si una vivienda costaba 300.000 euros, la sensación era que se tenían 300.000 euros en una caja fuerte de ladrillo, cemento y hormigón. Pero los precios de la vivienda, como los de cualquier otro bien, pueden subir, bajar o mantenerse. “La gente confundía precio con valor”, sintetiza Burón.

Algunos empezaron a sumar hipotecas y ahora acumulan deudas. Otros compraron una segunda residencia como plan de jubilación o para dejar en herencia a los hijos. Algunos, como Consuelo, decidieron alquilarla. Ella vive en Madrid, pero tiene otro piso con ocho años de antigüedad cerca de la capital. Desde agosto, esa casa está vacía. “No es que no quiera alquilarlo nunca más, pero por ahora prefiero valorarlo con más calma”, admite. Consuelo salió escaldada tras el paso por la vivienda de su último inquilino, que le dejó cinco meses de impagos, grifos y puertas rotos y la vivienda hecha un estercolero. Eso sí, se llevó la ropa de cama y el menaje de la cocina.

Presentó demanda de desahucio, pero el inquilino se marchó al finalizar el contrato antes de que se ejecutara. Después de meses de llamadas y reclamaciones, prefiere desistir y no va a reclamar el dinero que le debe: “Me cuesta más el abogado que la demanda”. “No me parece bien que la gente se quede en paro y los arrendadores les echen del piso. Las cosas se hablan, yo lo habría entendido. Pero es que sabíamos que cobraba unos 2.000 euros al mes y, aun así, no pagaba”, recuerda.

PREVENCIÓN (para evitar tropezar con el mismo ladrillo)

¿Los ciudadanos van a seguir confiando en la vivienda como forma de acumulación de valor? Veremos. Si eso cambiara, el porcentaje de viviendas en alquiler debería pasar del 13% en el que estamos ahora a más de un 30%, la media europea. “Tenemos una oportunidad histórica de aprender la lección”, continúa Burón, “con varios cientos de miles de viviendas vacías que no se van a poder vender y que pueden ser alquiladas a diferentes precios”.

Pero no es optimista. “Siguen mandando los mismos grupos vinculados a la promoción inmobiliaria, las grandes infraestructuras y los eventos, con conexiones en el mundo financiero y político, que quieren que el futuro inmobiliario sea exactamente el mismo que hasta ahora. Y tienen poder para imponerlo”. No se han producido cambios profundos para revertir esa estructura, no se ha desincentivado la especulación.

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, decía hace unos días que la salida a la crisis y al problema de los desahucios es construir más casas. El politoxicómano ni siquiera ha ido a su primera charla de rehabilitación, porque no reconoce que tiene un problema.