Equilibrio imposible

Grupo de Vivienda de Attac Madrid. 13/02/2013.

Estos días ha tenido gran repercusión mediática la intervención de Ada Colau en el debate de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Una periodista de “El País” lo llama tensión entre dos legitimidades, la de la ciudadanía a través de plataformas y la de la ciudadanía a través de las urnas. Existe tensión por el extremo alejamiento entre ambas. Lamentablemente, el gobierno escucha a los intereses económicos y desprecia los de los ciudadanos.

La Asociación Española de la Banca amenazó con que limitar las hipotecas a 30 años y los intereses de demora puede encarecer el crédito, obviando su propia responsabilidad pasada en dicho encarecimiento que todos estamos pagando. La banca no acepta la dación en pago a las familias, pero sí la dación en pago masiva a las promotoras.

La Asociación Hipotecaria Española dice que no es el mercado hipotecario el único responsable del sobreendeudamiento sobrevenido, pero obvia que es la causa principal que arrastra a las otras.

Moody’s afirma que estos cambios gubernamentales perjudican a los inversores, pero olvida sus errores con ellos en el pasado, pensando en salvar unas décimas porcentuales de beneficio y despreciando la realidad que pretende paliar estas medidas.

Para tranquilizarlos a todos, De Guindos no para de repetir que hay que preservar la fortaleza del mercado hipotecario español. Pretende mantener la estructura “que ha permitido dar hipotecas a un amplio número de ciudadanos que en su mayoría pueden cumplir con los pagos”.

Aunque la morosidad hipotecaria en particulares aún está baja (3% frente al 8% general) la de los promotores está al 23%, y ya supone el 60% de la deuda total empresarial. Las únicas cifras fiables señalan que el año pasado hubo 167.000 lanzamientos judiciales por desalojos y desahucios, frente a los 25.943 de 2007. Para finalizar, España es el país de Europa con mayor número de viviendas vacías, que probablemente ronden la cifra a 5 o 6 millones.

No parece tan bueno el mercado hipotecario español a la luz de las cifras. Aparte de lo argumentado, si tan bueno es ¿por qué lo han tenido que reformar tres veces en 2 años?

La primera reforma prometía beneficiar a 600.000 familias, pero poco después rectificaron a 120.000. Finalmente, el pasado 18 de enero quedaron reducidas a 6.000 viviendas sociales presentadas melodramáticamente por Soraya Sáez de Santamaría. Es de resaltar que en sus primeros meses la cifra de daciones en pago conseguidas en aplicación del Código de Buenas Prácticas es el espectacular número de 8 en total.

Fernando Méndez, exdecano del Colegio de Registradores, otro de los ponentes de la famosa comisión, ya señala que la reforma de la ley es arbitraria y discriminatoria. Todo señala a que habrá nuevas reformas sobre las reformas de la legislación hipotecaria, como si fuese la única responsable de todos nuestros males.

¿Qué subyace detrás de todo este sinsentido?

El pasado 13 de diciembre el diario económico Cinco Días lanzó un significativo editorial: “Aunque nunca nadie ha demostrado que en una economía abierta sea imprescindible tener una política pública de vivienda, su atractivo debe ser tan embriagador que los políticos caen en la tentación de aplicarla de oficio […]”

Seguramente lo que el editorialista no comprende se debe al choque que sufre un político con la realidad, muy alejado de exquisitas teorías de salón. Los que solo ven porcentajes de beneficio obvian las necesidades ciudadanas. Confían ciegamente en que se cubrirán por sí solas y no admiten fisuras en su esquema mental, recordando radicalismos de otras épocas. Si algo ha demostrado la historia, es que el libre mercado por sí solo no ha sabido nunca asignar la vivienda de un modo mínimamente satisfactorio.

La legislación hipotecaria española data de 1946 y solo empezó a “demostrar su fortaleza” en la época del desarrollismo de los 60 y 70, cuando empiezan a aplicarse diversos planes: Plan de Desarrollo económico y Social 1964-1976, el Plan de Vivienda 1961-76 y paralelamente, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que mantiene la congelación de los alquileres. Se plantea como objetivo el acceso de la masa de españoles a la vivienda a través de la propiedad.

¿Fue la ley hipotecaria por sí sola la que generó nuestra “fortaleza”? ¿Habría tenido acceso a la vivienda la mayor parte de la población sin los planes estatales, sin las viviendas protegidas y sin subvenciones públicas directas? Parece evidente que la respuesta a las dos preguntas es negativa.

¿Por qué se piensa entonces que la solución al problema del acceso a la vivienda es únicamente hipotecario? ¿Por qué se sigue confiando a la “economía abierta” una política tan importante para la comunidad como la de la vivienda?

El estudio comparado sobre las políticas de vivienda en el mundo realizado por la relatora de las Naciones Unidas Raquel Rolnik, concluye que: “la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con mecanismos financieros, sino que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de vivienda más amplias y holísticas”. Pide por lo tanto que se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiación de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos.

Esto es exactamente lo que venimos pidiendo desde ATTAC Madrid. Unas nuevas políticas con un enfoque global distinto, no meros retoques legislativos de cara a la galería que no van a resolver nada.

No nos resignamos a ser espectadores de un funambulismo económico en el que no se nos tiene en cuenta. Ensimismados en su equilibrio, los malabares con los que juegan son nuestros proyectos vitales.