- El sector financiero alerta que causaría daños irreparables a la economía
La Ley actual ya la contempla siempre que deudor y acreedor estén de acuerdo- Un estudio advierte que 'afectaría al rating de las entidades financieras'
- Beatriz Corredor: 'dejaría fuera del acceso a la vivienda a muchas familias'
EL MUNDO. Rocío Galván | Madrid. Miércoles 16/11/2011
El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hipotecado su palabra al incluir en su programa electoral la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda salde por completo la deuda con el banco. Este guiño a los más afectados por la crisis pierde fuelle al conocer la letra pequeña, ya que la medida sólo se aplicaría a las nuevas hipotecas.
La dación en pago, que es una reivindicación del movimiento 15-M, tendría un coste de 2.100 millones de euros para el sector bancario. La banca registraría pérdidas por valor 1.000 millones y le generaría unas necesidades de capital de 1.100 millones, según un estudio de la consultora Oliver Wyman sobre el impacto de la aplicación sin retroactividad.
Si gana las elecciones, Rubalcaba se ha comprometido a cambiar la Ley Hipotecaria para que el ciudadano que no pueda hacer frente a su deuda pueda devolver las llaves de la vivienda al banco para cancelarla por completo. Si esto ocurriese, la banca tendría que digerir un nuevo atracón de ladrillo, ya que se adjudicaría otras 400.000 viviendas que se sumarían a las 200.000 casas que tienen en sus balances, según la consultora Acuña & Asociados.
El sector financiero tilda la propuesta de Rubalcaba de "populista" y alerta que su aprobación causaría daños irreparables a la economía. Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) advierte de que "los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario".
Pero el programa electoral del PSOE no deja lugar a interpretaciones: "Estableceremos la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado, lo que se denomina dación en pago".
Según el informe de Oliver Wyman, su aplicación provocaría un "importante" aumento de la morosidad hipotecaria, lo que tendría consecuencias negativas para los ciudadanos: los préstamos se encarecerían hasta un 0,8%, por lo que el incremento de la cuota mensual media seria de 60 euros. Además, se restringiría el crédito hasta un 10% en los próximos tres años.
Para 'beneficiar al deudor de buena fe'
Además, el estudio alerta sobre el surgimiento del ciudadano "oportunista" que devolvería la casa al banco siempre que el precio de la vivienda caiga por debajo del valor del préstamo y así adquirir luego otra a un precio menor.
Los socialista, conscientes de esa disfunción, puntualizan en su programa que la dación se aplicará sólo para "beneficiar al deudor de buena fe".
Y es que conviene recordar que la Ley Hipotecaria actual ya contempla la dación en pago en el art. 140, pero siempre que deudor y acreedor estén de acuerdo. Quizá por eso los socialistas hablan de una dación "pactada equilibradamente entre deudores hipotecarios y entidades financiera". Lo cierto es que esta posibilidad ya existe, pero en 150 años de vigencia se ha usado en contadas excepciones.
Otro de los efectos sobre los que advierte el estudio es que la "medida afectaría al 'rating' de las entidades financieras" porque tendrían que asumir "mayor riesgo" y más provisiones.
'En un momento en el que estamos reforzando el sistema no deben tomarse decisiones de este tipo'
Además, según fuentes del sector, la supresión de la garantía personal causaría "efecto disuasorio en los inversores extranjeros e incluso podría llegar a afectar al riesgo soberano".
La promesa de Rubalcaba resulta cuanto menos sorprendente, sobre todo después de que el Gobierno haya vetado varias veces en el Congreso, con apoyo del PP, iniciativas de CiU, IU, ERC y BNG para discutir la dación en pago. El portavoz del BNG, Guillerme Vázquez, se extrañaba de este cambio de postura: "Mira que han tenido tiempo de haber votado a favor en el Congreso a iniciativas del BNG", se lamentó.
Y es que el rechazo del Gobierno a la dación en pago siempre ha sido tajante. La propia Salgado aseguró que "en un momento en el que estamos reforzando el sistema financiero no deben tomarse decisiones de este tipo". Igual de contundente fue la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, quien dijo que su aprobación tendría "consecuencias dramáticas para el sistema financiero" porque "encarecería el sistema y dejaría fuera del acceso a la vivienda a muchas familias".
Detener los desahucios
Rubalcaba apuesta ahora por esta medida para detener la sangría de desahucios y de paso poner freno al elevado coste de las ejecuciones, que se han disparado desde el inicio de la crisis. En el segundo trimestre, los embargos alcanzaron un nuevo récord al sumar 16.464 ejecuciones, un 21,2% más que en 2010, según el CGPJ.
En este sentido, la patronal de la banca defiende que "la entidad debe tratar de recuperar su importe a través de la ejecución de la garantía" porque, en su opinión, "esta actuación no solo es legítima sino obligada para proteger la solvencia de la entidad y los intereses de sus depositantes y accionistas".
Entregar las llaves para cancelar el préstamo es una vieja demanda de las asociaciones de consumidores (Adicae, OCU, Plataforma de Afectados por la Hipoteca ) y sindicatos, que este año ya presentaron una iniciativa legislativa popular en el Congreso para "evitar que las deudas ahoguen a las familias de por vida".
Para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca , Ada Palau, instaurar la dación en pago con carácter retroactivo no sería tan caro. En su opinión, que la banca afronte unas pérdidas de 4.000 millones es un coste "ridículo" en comparación con sus beneficios o con las ayudas que han recibido.
Esta no es la única iniciativa de Rubalcaba en materia de vivienda para beneficiar "a las rentas más bajas". El programa electoral incluye también una ampliación de la deducción por compra de vivienda habitual hasta los 30.000 euros, desde el límite actual de 24.000 euros. Con este incentivo fiscal los socialistas pretenden impulsar la absorción de un stock que alcanza ya las 700.000 viviendas.
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