viernes, 4 de noviembre de 2011

PROPUESTAS DEL PSOE EN MATERIA DE VIVIENDA



VIVIENDA: UN SECTOR MÁS EQUILIBRADO, UNOS CIUDADANOS MÁS PROTEGIDOS

El Gobierno socialista ha venido trabajando desde 2004 para lograr un reequilibrio progresivo del sector inmobiliario, reduciendo los grandes desajustes entre vivienda libre y protegida, de compra y de alquiler, y entre obra nueva y rehabilitación recibidos como herencia de los anteriores gobiernos de la derecha.

Nuestra máxima prioridad ha sido ayudar a las familias, que sufrieron especialmente las presiones del boom inmobiliario primero, por las dificultades o la imposibilidad de acceder a una vivienda, y se han visto afectadas después por la crisis y los problemas para afrontar el pago de las hipotecas.

En las dos últimas legislaturas se ha invertido en vivienda un 50% más de media anual que el gobierno anterior. Sumando los dos Planes Estatales, se ha construido un 23% más de vivienda protegida. Nuestra apuesta clara por una política pública la sintetiza un dato: más del 80% de las ayudas a la vivienda que se conceden en España son financiadas con fondos estatales diseñados por este Gobierno.

A lo largo de estas dos legislaturas hemos sentado las bases para diversificar el sector residencial, favoreciendo con la Ley del Suelo de 2008 un urbanismo equilibrado que pusiera fin a la especulación.

Además, nuestra acción de Gobierno ha ido encaminada a potenciar el alquiler, poniendo fin a la deducción fiscal por compra de vivienda, salvo para rentas menores de 24.000 euros, y aprobando deducciones y ayudas para inquilinos y arrendadores, así como estableciendo la Renta Básica de Emancipación, que ha permitido a 300.000 jóvenes emanciparse.

Creamos la Sociedad Pública de Alquiler para profesionalizar el sector y aprobamos una Ley de Fomento del Alquiler que aporta una mayor seguridad jurídica. Asimismo, el ICO ha destinado 2.600 millones de euros a incorporar al mercado de alquiler viviendas del stock que se construyeron para venta.

Impulsamos la rehabilitación como segundo eje fundamental para la diversificación del sector, convirtiendo los Planes Estatales en Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación que contienen ayudas directas, reduciendo el IVA a las actuaciones de rehabilitación y aplicando deducciones en el IRPF de hasta el 20% en el coste de las obras. Gracias a ello, la rehabilitación representa hoy el 20% de la actividad del sector, frente al 5,5% en 2004.

La promoción de la eficiencia energética ha sido un puntal de nuestra apuesta por la rehabilitación y en la nueva construcción –con el Solar Decathlon como mejor ejemplo y la hemos incorporado como elemento determinante en la modernización del sector inmobiliario, otra de nuestras prioridades, cuando aprobamos el Código Técnico de Edificación, que favorece, a su vez, la I+D+i.

Esta modernización debe producirse en paralelo al fomento de un modelo de crecimiento sostenible y al redimensionamiento del sector, que en el primer trimestre de 2011, representó el 4,3% del PIB y el 8% del empleo, recuperando así un tamaño racional en el conjunto de la economía española al volver a los niveles de 1995, anteriores a la creación de la burbuja inmobiliaria.

VIVIENDA SOSTENIBLE

La crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria han marcado y marcarán las directrices de la política de vivienda en esta segunda legislatura y en la próxima. El nuevo contexto exige enfocar la política de vivienda no sólo como un derecho a un bien de primera necesidad, sino también desde el punto de vista de una actividad económica que hay que transformar para que se convierta en un sector de mayor valor añadido, que sea capaz de generar empleo cualificado, y a la vez de contribuir a un crecimiento más sostenible y eficiente desde el punto de vista medioambiental.

Es en este contexto cobra un total protagonismo la política de rehabilitación, que se convierte en uno de los ejes fundamentales del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Teniendo en cuenta que nuestro país ha estado muy por debajo de la media de la UE-15 en cuanto al peso de la rehabilitación respecto al total del sector de la construcción (36% en UE-15 frente a 25% en España, en el año 2009), y que nuestro parque inmobiliario tiene cierta antigüedad (el 60% del parque edificado supera los 30 años según el Censo de Población de Viviendas publicado por el INE en 2001), la rehabilitación aparece como una actividad con un enorme potencial.

No obstante, la rehabilitación por sí sola no puede sostener todo el sector de la construcción. Si bien lo deseable es que este sector no vuelva a ocupar un peso tan preponderante en nuestra estructura productiva, también es cierto que la actual paralización de la actividad constructiva no puede perdurar a lo largo del tiempo. La normalización de la actividad no podrá lograrse si antes no se ha dado salida al stock existente de vivienda, que actualmente se cifra en torno a las 700.00 viviendas, de las cuales una alta proporción corresponden a viviendas turísticas. A ello hay que añadir las miles de hectáreas de suelo urbanizado o en proceso de urbanización y en suelo urbanizable o en proceso de reclasificación.

Evitaremos sentar las bases de otra burbuja inmobiliaria, apostando por aprovechar los recursos existentes de la forma más eficiente y sostenible y por impulsar el acceso a la vivienda a los hogares más vulnerables con un esfuerzo razonable.

Estos principios impregnan los ejes fundamentales de la propuesta socialista, que serán:

  • La política del alquiler y la rehabilitación, como actividad intensiva en empleo cualificado, que arrastra la actividad de empresas afines, incorpora las nuevas tecnologías, y apuesta por la eficiencia energética.
  • La salida al stock de vivienda existente, a través, fundamentalmente, del alquiler.
  • Un urbanismo sostenible, que limite los nuevos crecimientos sólo a aquellos casos en que estén realmente justificados y siempre que no existan otros recursos disponibles y/o susceptibles de ser empleados a través de la rehabilitación.
  • Acuerdo con las Comunidades Autónomas para consensuar las políticas necesarias que permitan hacer frente al grave problema existente en el sector, que afecta a miles de ciudadanos, provoca aumento del desempleo y restringe la capacidad de financiación de las entidades financieras al sector privado

Conforme a estos ejes se presentan las siguientes medidas:

- Nuevos planes estatales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana

• Se elaborará un nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración Urbana y Vivienda 2012-15, que potencie, frente a los nuevos desarrollos urbanos, la intervención rehabilitadora y edificatoria en las ciudades y la regeneración urbana para mejorar los espacios públicos y la calidad de las ciudades. Dicho Plan, fomentará, asimismo, la construcción estatal de vivienda protegida destinada al arrendamiento permanente a precios asequibles, especialmente para colectivos vulnerables, como las familias que sufran desahucio por embargo.
• Se sustituirán las transferencias de capital a las CCAA, propias de los Planes Estatales de Vivienda de los últimos 25 años, por intervenciones finalistas a través de Contratos-Programa que financien directamente actuaciones concretas.

- Medidas para fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana

Se desarrollará un sistema de gestión sencillo y eficaz del programa concertado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, desarrollando las siguientes medidas:
  • Mejora de los servicios de gestión y tramitación de ayudas utilizando las Oficinas de Rehabilitación preexistentes, incorporando a los Ayuntamientos y facilitando al usuario toda la información referente a las ayudas y ventajas fiscales existentes.
  • Impartición de Cursos de Formación específicos para la gestión de las ayudas a la rehabilitación.
  • Incorporación al sector privado en la gestión de las Ayudas públicas por medio de Convenios de Colaboración y Homologación con los agentes intervinientes para que puedan gestionar directamente el cobro de las ayudas a favor de los beneficiarios.
  • Incorporación del mecanismo de Declaración Responsable en la solicitud de licencias de obras de mejora o reforma en la vivienda –que no afecten a elementos estructurales ni a la configuración arquitectónica- con la finalidad de agilizar el inicio de las obras.
  • Potenciación de la Ejecución Concertada entre Administración, Propiedad y Empresas (Agente Rehabilitador y Edificador) como instrumento más eficaz para desbloquear la rehabilitación de los edificios, la edificación de los solares y la regeneración urbana.
  • Impulsar el régimen de colaboración público-privada en la gestión de la rehabilitación de viviendas y en la regeneración urbana en los ámbitos de Rehabilitación,
  • Potenciar el papel del ICO en la financiación de inversiones en rehabilitación y regeneración urbanas.
  • Crear un sistema de Calificación de Empresas Promotoras especializadas en Rehabilitación y Regeneración Urbanas.
  • Utilizar del Ahorro Energético como instrumento movilizador de la rehabilitación de edificios, fomentando la utilización de las energías renovables, así como el empleo de Tecnologías Avanzadas en seguridad, telecomunicaciones, producción energética, consumo y reutilización de agua y el empleo de materiales más eficientes desde el punto de vista de la insonoridad y la sostenibilidad.
  • Se revisará el Sistema Fiscal para flexibilizar las condiciones de aplicación del IVA a la rehabilitación.

- Medidas para fomentar el alquiler y movilizar el stock de viviendas existente:

En estos momentos existe en nuestro país un stock de viviendas terminadas no vendidas que rondan las 700.000 unidades, aunque su distribución no es homogénea a lo largo del territorio nacional, sino que se concentra en determinados entornos urbanos y, principalmente, a lo largo de la costa mediterránea y atlántica.

Es necesario hacer frente a este stock y facilitar su salida al mercado desarrollando el alquiler. Con ello, lo que se favorecerá una mejor asignación de recursos movilizando activos ociosos, al tiempo que se podrán acortar los tiempos para una recuperación de la actividad del sector, fundamental para la generación de actividad y empleo en el país.

El desarrollo del mercado del alquiler se convierte en un objetivo prioritario de la política de vivienda para lo que se desarrollarán las siguientes medidas:
  • Potenciación de la oferta en alquiler por medio de la mejora de los instrumentos de inversión colectiva en inmuebles (Fondos de Inversión Inmobiliaria, Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, etc.), otorgándoles un tratamiento similar al de otros países de nuestro entorno.
  • Coordinación de las actuaciones de la Sociedad Publica de Alquiler del Estado con las de las Comunidades Autónomas.
  • Definición e implementación del Certificado de Garantía de Calidad y Seguridad Jurídica de los inmuebles y del producto.
  • Estudio de la utilización del parque de viviendas turísticas vacías para su uso, por ejemplo, del turismo de la tercera edad, tanto de España como del resto de Europa.
  • Actualización de la fiscalidad de la vivienda para impulsar la salida del stockaje existente, potenciando su venta y el alquiler y beneficiar a las rentas más bajas, actualizando la vigente deducción por compra de vivienda para familias de rentas de 24.000 a 30.000 euros.

- Medidas para desarrollar un urbanismo transparente y sostenible.

  • Con el fin de agilizar la tramitación administrativa de los expedientes, se formulará un único Informe Conjunto, suscrito por la totalidad de los responsables de los Departamentos ministeriales implicados, poniendo especial énfasis en los informes de Sostenibilidad Medioambiental y de Sostenibilidad Económica de acuerdo con la Ley de Suelo 2007.
  • Realización de un mapa de las reservas de suelo de acuerdo con las Comunidades Autónomas, estudiando y proponiendo las distintas posibilidades de utilización y puesta en valor de cada uso.
  • Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, elevando los plazos de prescripción de los delitos de corrupción urbanística (artículo 131 del Código Penal).

- Promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas en política de vivienda

La gravedad de la situación del sector y sus implicaciones en términos de desempleo, financiación y dificultades de acceso de muchas familias, exige un esfuerzo conjunto de todas las Administraciones competentes en materia de políticas de vivienda para dar salida a la crisis. Por eso, impulsaremos un Acuerdo con las Comunidades Autónomas que permita consensuar y coordinar las medidas aquí planteadas en materia de impulso a la rehabilitación y la regeneración urbana, el alquiler, la salida del stock de viviendas y el desarrollo de un urbanismo sostenible, Un Pacto cuyos resultados se concertarían, asimismo, bajo la dirección del Estado, con bancos y empresas del sector.


PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LAS SITUACIONES DE SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS PARTICULARES Y A LOS EMBARGOS HIPOTECARIOS

Las situaciones extremas producidas por la crisis y, en especial, la difícil situación consecuencia del sobreendeudamiento familiar obligan al Estado a desarrollar una serie de medidas especiales que den respuesta a estas necesidades específicas y, muy especialmente, solventen las deficiencias que se han puesto de manifiesto en relación con el sistema de crédito y con nuestro sistema hipotecario.

- Más y mejor formación financiera.

La variedad y complejidad de los productos financieros hacen imprescindible desarrollar una cultura financiera básica que permita a los usuarios poder tomar sus propias decisiones y no estar expuestos al riesgo de invertir y contratar lo que no entienden. Se necesita formación para negociar o renegociar las condiciones de la hipoteca. Por ello, potenciaremos los esfuerzos orientados a incrementar la cultura financiera del país y hacerlo llegar a un sector más amplio de la sociedad, como el portal “Finanzas para Todos” desarrollado por el Ministerio de Economía.

- Una nueva ley de insolvencia personal

Elaboraremos una ley de insolvencia personal que regulará el reparto equilibrado de los riesgos entre el deudor y el acreedor, sin que ello penalice el crédito futuro, encareciéndolo o restringiéndolo, y garantizando suficientemente la seguridad jurídica en el tráfico mercantil.

En relación con nuestro sistema hipotecario, aseguraremos la protección de los ciudadanos, desde el momento inicial de suscripción de la hipoteca hasta el eventual supuesto de ejecución, a través de las siguientes actuaciones:

- Regulación de las sociedades tasadoras

Regularemos las sociedades tasadoras para fomentar su competencia e independencia. Para conseguir dicho objetivo:
  • Se avanzará en suprimir las barreras de entrada al sector.
  • Se reforzará la regulación referida a los requisitos de homologación previa, de independencia, de incompatibilidades y de conflictos de interés.
  • Se establecerán “umbrales máximos de vínculo” a partir de los cuales no se podrá considerar que una tasación sea independiente, en cuyo caso se tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del prestatario. Se establecerán requerimientos mínimos de información que debe de ofrecer una entidad financiera a un potencial prestatario en relación a las distintas sociedades que pueden realizar una tasación de una vivienda.

- Más transparencia y mejor información

El endeudamiento excesivo en que han incurrido muchas familias también obedece a la insuficiente y deficiente información par parte de las entidades financieras. Los contratos hipotecarios son complejos, tienen una redacción farragosa y son muy difíciles de entender por la mayoría de los usuarios. Además, resulta muy difícil comparar las ofertas de las diversas entidades financieras para que el comprador pueda elegir la mejor opción para sus intereses.

Para corregir esta situación elaboraremos una nueva normativa que incluirá la
obligación para las entidades financieras de los siguientes aspectos:

  • Exigencia de facilitar información precontractual que permita a los consumidores comparar las condiciones hipotecarias de diferentes prestadores.
  • Disponer en cualquier momento de folletos de información general sobre la gama de productos de crédito que ofrecen.
  • Facilitar el asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras y que indique el coste final que se paga por la vivienda al finalizar el pago de la hipoteca

- Supresión de cláusulas, prácticas y situaciones abusivas

La crisis ha puesto de manifiesto también la existencia de cláusulas abusivas hipotecarias por parte de algunas entidades financieras que también han incidido en el sobreendeudamiento de las familias y que requieren una nueva regulación que las imposibiliten. Para ello, proponemos:

  • Limitar, para las hipotecas sobre la vivienda habitual familiar, el tipo máximo a aplicar en los intereses de demora y su aplicación en exclusiva al principal de la deuda.
  • La penalización por cancelación anticipada se limitará a la pérdida económica que sufre realmente la entidad cuando este derecho sea ejercido por parte del prestatario.
  • Establecimiento de un límite temporal mínimo por el que debe de ser reconocido el valor de tasación de una vivienda, impidiendo actualizar a la baja el mismo al poco tiempo de haberse constituido un crédito. Con esta medida se impedirá que el prestatario tenga que incrementar notablemente la deuda con la entidad financiera.

- Procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor.

La modificación de la legislación hipotecaria incluirá procedimientos para favorecer el acuerdo entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria con medidas como:

  • Favorecer la dación en pago pactada equilibradamente entre deudores hipotecarios y entidades financieras
  • Las ejecuciones hipotecarias deben ser el último recurso porque generan costes judiciales, imponen demoras de casi 2 años hasta la nueva posesión en los que se acumulan intereses y la vivienda queda paralizada, y cuando se llega a la subasta, el deudor no puede obtener por su vivienda un valor de mercado que le permita reducir al máximo su carga.
  • Por ello incentivaremos la dación en pago pactada como una solución más eficiente que las ejecuciones para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe.
  • Para favorecer estos acuerdos se pedirá la implicación de todos los agentes intervinientes, especialmente notarios y registradores, y se promoverá un acuerdo general con las CC.AA para eximir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los casos en que la entidad financiera acepte la vivienda para saldar la deuda. Esta exención estaría sujeta a límites para evitar abusos por parte de la entidad financiera.
  • En este contexto, estableceremos la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado, lo que se denomina dación en pago.

- Proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución

  • Se extenderán los plazos que permiten acudir a la ejecución hipotecaria cuando el hipotecado o principal proveedor de la unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de desempleo.
  • Cuando el acuerdo no sea posible y el deudor deba enfrentarse a la venta en pública subasta de su vivienda, se mejorará el funcionamiento de las subastas para que se maximice el importe obtenido por el deudor. Para ello:
  • Se suprimirán las barreras que impiden dificultan la participación en las subastas de varios un mayor número postores, abriendo el abanico actualmente limitado casi exclusivamente a entidades financieras.
  • En particular, se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.
  • Se avanzará en la implantación de la subasta telemática.
  • Se incrementará la información pública y la transparencia de todo el proceso, facilitando el acceso al inmueble de los postores y publicando en internet los datos relevantes del inmueble.
  • Se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.

PROPUESTAS DEL PP EN MATERIA DE VIVIENDA



POLÍTICA DE VIVIENDA PARA EL CRECIMIENTO Y LA COHESIÓN

DIAGNÓSTICO

El mercado inmobiliario español es demasiado rígido. La crisis inmobiliaria, la escasez de crédito, el desempleo y el parón de la construcción residencial se retroalimentan en un círculo vicioso destructor de empleo que retrasa la recuperación.

El paro masivo y la incertidumbre asociada a las rentas familiares han deteriorado los niveles de accesibilidad a la vivienda en propiedad y han provocado un fuerte aumento de las ejecuciones hipotecarias.

El mercado de vivienda en alquiler es disfuncional ya que no ofrece seguridad jurídica. Impide movilizar una parte importante del stock de viviendas y dificulta aún más el acceso de los más jóvenes a una vivienda que les permita independizarse y dar continuidad a sus proyectos vitales. La falta de un mercado de alquiler ágil y flexible, junto con una fiscalidad inadecuada, generan una falta de movilidad laboral dentro de España que prolonga el desempleo.

OBJETIVOS

Impulsaremos una política que mejore los niveles de accesibilidad a la vivienda y que proporcione los incentivos adecuados para poner en valor el actual stock de viviendas, tanto mediante la reactivación de las compraventas como a través de un mercado de alquiler más amplio y profundo. Así podrá recuperarse un sector de la construcción convenientemente dimensionado y en el que la rehabilitación y la regeneración urbana asumirán un mayor protagonismo.

Proporcionaremos seguridad jurídica a los contratos de alquiler, introduciendo agilidad en los procedimientos de resolución de conflictos y una mayor flexibilidad. Un mercado de alquiler más dinámico y una fiscalidad de la vivienda más adecuada incentivarán la movilidad laboral y que los jóvenes puedan independizarse y asumir nuevas responsabilidades y planes de futuro en las etapas iniciales de su carrera profesional. Fomentaremos que los planes de vivienda protegida se enfoquen hacia las personas y familias con mayores dificultades objetivas de acceso a la vivienda a través del impulso del alquiler bonificado con opción de compra.

Promoveremos una mayor transparencia e información en el mercado hipotecario, mayor independencia en las tasaciones inmobiliarias, así como una revisión de la legislación concursal para reforzar los mecanismos de quiebra personal como solución equilibrada y eficiente para los problemas de sobreendeudamiento y de ejecución hipotecaria.

En coordinación con el resto de administraciones públicas promoveremos una nueva etapa en la gestión urbanística que, desde el actual modelo de potestades públicas discrecionales y subjetivas, dé paso a un mecanismo de autorizaciones públicas objetivas y regladas para las transformaciones y  cambios de uso del suelo, que erradiquen la corrupción. Esto permitirá una adaptación de la oferta de suelo más ágil y transparente. Impulsaremos un mecanismo de financiación de las haciendas locales que no las haga dependientes de la evolución del mercado inmobiliario.

MEDIDAS

1. Aplicaremos a la compraventa de viviendas habituales, de forma transitoria, el IVA superreducido. Actualizaremos la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

2. Modificaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales para eliminar el efecto de tributación múltiple en cascada de las compraventas sucesivas que actualmente limita la movilidad laboral en España. Permitiremos la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos cuando se ponga en arrendamiento la vivienda habitual y se alquile otra en el nuevo lugar de residencia.

3. Dotaremos al contrato de arrendamiento de mayor flexibilidad y libertad de pactos. Incrementaremos la seguridad jurídica a las partes y agilizaremos los mecanismos de resolución de conflictos.

4. Impulsaremos los programas de rehabilitación de edificios y viviendas.

5. Promoveremos el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales.

6. Impulsaremos de manera coordinada con todas las administraciones la rehabilitación de edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos hace más de 40 años.

7. Promoveremos una mayor independencia en las valoraciones de las tasaciones inmobiliarias, limitando la participación accionarial o el control de las entidades de crédito en las sociedades de tasación.

8. Incrementaremos la protección y la información suministrada al cliente hipotecario, estableciendo la obligación de la entidad financiera de informar sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en escenarios de alza de los tipos de interés y sobre el coste y condiciones de aquellas hipotecas que limiten sus garantías al bien hipotecado.

9. Reforzaremos la protección del consumidor para garantizar el equilibrio entre las partes, con el fin de evitar cláusulas abusivas. En el caso de ejecuciones hipotecarias aceleraremos la introducción de subastas judiciales electrónicas que permitan ampliar el número potencial de licitadores y, en ausencia de éstos, elevaremos el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble.

10. Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable.

11. Promoveremos que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar.

12. Impulsaremos los programas de arrendamiento bonificado con una opción de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado.

13. Protocolizaremos los procesos de transformación del suelo mediante procedimientos públicos, transparentes y disponibles en internet, que respondan a criterios reglados y conforme a un planeamiento urbanístico abierto, flexible y ágil.

14. Delimitaremos las competencias del Estado en materia de urbanismo que exijan un tratamiento común en el conjunto del territorio.

15. Promoveremos sistemas de cooperación, asistencia y asesoramiento a los municipios pequeños por parte de comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, con respecto al planeamiento y a la disciplina.

16. Impulsaremos acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda.

jueves, 3 de noviembre de 2011

PROPUESTAS DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES EN MATERIA DE VIVIENDA


PROPUESTAS PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO

• Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.

• Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste.

• Fomentar la autoconstrucción de viviendas.

• Moratoria en el pago de las hipotecas a las personas desempleadas.

• Eliminación de la cláusula “suelo” en las hipotecas en vigor y las futuras.

• Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.

• Exigimos la dación en pago y que sea esta con carácter retroactivo para las personas desahuciadas o en proceso de desahucio a consecuencia de la crisis económica, para que no tengan que seguir pagando la deuda hipotecaria de una casa que ya no tienen.

martes, 1 de noviembre de 2011

PROGRAMA DE EQUO SOBRE TERRITORIO


El programa de Equo presta más atención a las políticas de urbanismo y ordenación del territorio que a las de vivienda. Aquí tenéis las principales propuestas de Equo en esta materia:


Poner en marcha un Plan de Rehabilitación energética de viviendas y edificios para medio millón de viviendas y 30.000 edificios industriales y de servicios al año, así como la promulgación de nuevas normas técnicas sobre edificación que tengan como requerimiento la autosuficiencia energé­tica de todos los nuevos edificios.

EQUO propone que a partir de un Libro Blanco, se apruebe una nueva legislación sobre el reciclaje y aprove­chamiento de las infraestructuras y edifi­caciones urbanas, que sería el marco para las reformas siguientes:

• Nueva legislación de revitalización de las ciudades que limitaría la construcción de grandes centros comerciales,
• Reforma de la legislación de vivienda y rehabilitación, reenfocada a hacia el aprove­chamiento del stock edificado y a su eficiencia energética, revisión del Código Técnico de Edificación, reforzando las exigencias de aisla­mientos y ventilación natural,
• Y un nuevo Código Técnico de la Urbanización con exigencias ambientales, energéticas, constructivas sobre las distintas redes urbanas.

Impulso de la desvinculación entre campos de golf y edificaciones.

Revisión de la legislación del suelo y ordenación del territorio con paráme­tros sostenibles. Aprobación del Reglamento de la Ley del Suelo, que mejorare los actuales informes de sostenibilidad ambiental, y fomen­tare un urbanismo más participativo, donde la recalificación de nuevos terrenos urbanizables se vincularía a las necesidades reales de suelo, favoreciendo también una movilidad sostenible.

Establecer medidas de Pago por Servicios Ambientales.

Elaboración de un Plan Estatal de Ordenación del Territorio.

Se fomentarán los planes de ordenación del territorio, integrando los recursos naturales con el desarrollo rural, la conectividad, la sostenibilidad costera y el patrimonio cultural.

Creación de la Agencia de Parques Nacionales y Biodiversidad, unificando en un solo ente el Organismo Autónomo de Parque Nacionales y la Subdirección general de Biodiversidad.

Impulso del Inventario Nacional de la Biodiversidad y aprobación de los planes sectoriales del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, inte­grando la conservación de la biodiversidad en el resto de políticas sectoriales del Gobierno. Creación de un Observatorio Estatal de Datos de Biodiversidad, por poblaciones y territorios integrándolo en el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Completar la red de Parques Nacionales para los espacios más amena­zados y ejecutar su Plan Director.

Apoyar la red de Reservas de la Biosfera y promover la correcta implan­tación de la red Natura 2000 (planes de gestión, declaración de ZEC -Zona de Especial Conservación- y financiación).

Aplicar, dotar y vigilar el cumpli­miento de la Ley de Costas.

Cumplir con los compromisos de protección del medio marino, comple­tando la Red Natura 2000 marina y la Red de Áreas Marinas Protegidas hasta alcanzar, al menos, el 10% de la superficie de nuestros mares antes de 2020. Se protegerán suficien­temente las costas y mares y se reducirá el riesgo de vertidos en los mismos.

Se promoverá una adecuada gestión, protección y restauración de los bosques, así como una adecuada compra responsable de productos forestales. Impulso a la certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council) que asegura que los productos forestales utilizados provienen de fuentes verificadas y cosechadas de manera responsable..

Aplicación de políticas de incen­dios forestales basadas en la prevención sostenible.

lunes, 31 de octubre de 2011

PROPUESTAS DE UPYD EN MATERIA DE VIVIENDA



Orientar todas las inversiones públicas en materia de vivienda hacia la vivienda de protección pública en alquiler sin opción a compra, fomentando la gestión privada de la actividad. El stock de viviendas sin vender puede emplearse para crear un parque de vivienda pública de protección oficial en alquiler. Se debe estudiar un procedimiento de opción a este tipo de viviendas y de revisión de la adjudicación a los beneficiarios en caso de incumplimiento posterior.

Restablecimiento de la independencia de las empresas tasadoras de bienes inmuebles, elemento externo del control de garantías de los préstamos hipotecarios, mediante la prohibición de participaciones empresariales de bancos o Cajas de Ahorros, y mediante el establecimiento de procesos de adjudicación libres de comisiones encubiertas.

Promover la rehabilitación de edificios y viviendas como forma de contribuir a la recuperación de la construcción residencial.

Estudio obligatorio de la eficiencia y eficacia energética de los nuevos desarrollos urbanísticos, previendo como parte de su desarrollo la instalación de energías renovables.

Revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando las obligaciones y las garantías de las partes intervinientes.

Adaptación de las normas autonómicas a la Ley de Suelo Estatal en lo relativo a reservas de suelo en las ciudades. Aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible que compatibilice y armonice los planes y estrategias de desarrollo de las Comunidades Autónomas. Aprobación de planes globales de estrategia territorial en cada una de las Comunidades Autónomas como condición previa para la aprobación del planeamiento general, sometidos a informes preceptivos de las Comunidades Autónomas colindantes y del Estado.

Estimular fiscalmente la iniciativa privada para que desarrolle viviendas en régimen de alquiler, mediante la creación de nuevas oportunidades de inversión a los particulares y promoviendo las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

Desarrollar una Ley Nacional única sobre la I.T.E. (Inspección Técnica de Edificios), que facilite su comprensión a todos los ciudadanos y a los agentes profesionales, a la que se supeditarán todas las ordenanzas municipales actualmente existentes y futuras.

PROGRAMA DEL PSOE: UNA DACIÓN EN PAGO DESCAFEINADA



El País publica una noticia en relación con las propuestas del PSOE en materia de vivienda. Su propuesta estrella sería la reforma de la Ley Hipotecaria para establecer un sistema de "garantía real", es decir, la llamada "dación en pago". Algunos movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, exigen una "dación en pago" con carácter retroactivo. La noticia también indica que esta propuesta no colma las aspiraciones del 15-M, olvidando, una vez más, que lo que ese movimiento demanda no son medidas paliativas, sino una nueva política de vivienda.

Una dación en pago descafeinada

La propuesta socialista de saldar la hipoteca con la vivienda defrauda a expertos y a desahuciados El PP se opone a la reclamación clave del Movimiento 15-M

Madrid 30 OCT 2011

Si Matías González hubiera firmado una hipoteca como las que ahora propone el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, su preocupación actual se limitaría a la inminente pérdida del piso. Pero el banco no le ofreció esa opción y cada noche le cuesta conciliar el sueño pensando en su vivienda en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y en los cerca de 120.000 euros que además le reclama el banco. La melodía que entona el candidato socialista a la presidencia del Gobierno suena parecida a la que demandan grupos cercanos al Movimiento 15-M. Pero si se escucha atentamente, las dos sintonías tienen tanto que ver como el heavy con la ópera.

Rubalcaba quiere que los bancos ofrezcan la dación en pago —es decir, que la entrega del bien hipotecado baste para saldar la deuda— a todos los clientes que pidan una hipoteca a partir de ahora, pero el movimiento de los indignados ha centrado sus protestas en casos como el de Matías González, los que compraron su piso durante el boom inmobiliario y ahora no pueden pagarlo. A las 313.826 familias que desde 2007 han vivido en carnes propias una ejecución hipotecaria, la propuesta socialista ya no les sirve para nada.

La dación en pago con efectos retroactivos, que exigen asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), encuentra una total oposición entre los dos partidos mayoritarios y bastantes peros entre los técnicos. "No es factible. Aunque el Gobierno quisiera aprobarlo, los tribunales lo tumbarían", sostiene el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo. "En un momento en el que caen los precios, esta medida favorecería que mucha gente entregara su piso al banco sin más. Así aumentaría la morosidad y se encarecería el crédito que da la banca", añade José Ignacio Navas, notario y coordinador del Observatorio de la Vivienda.

Que estos dos expertos estén en contra de que cualquiera pueda entregar su piso para saldar la deuda no quiere decir que apoyen la propuesta socialista. "Es una muestra más de la política-maquillaje. Si quieren, los bancos ya pueden ofrecer ahora la dación, que está regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Pero sería mucho más útil y se ayudaría a mucha más gente si se actuara en el proceso de ejecución hipotecaria", asegura Navas.

El Gobierno ya dio un paso en este sentido hace tres meses. En julio decidió aumentar la parte del sueldo inembargable y obligar al banco que se adjudique una vivienda por impago a valorarla en al menos el 60% de su tasación. Pero los expertos consideran que hay más margen de actuación en este ámbito.
"El Gobierno debería convertir la ejecución en un proceso justo, porque ahora no lo es. ¿Por qué se valora el piso en 100.000 euros y luego se subasta por 60.000? Esta cantidad tendría que ser la misma. Además, se podría mejorar la subasta para mejorar su eficiencia", añade Navas.

Los populares no han concretado aún sus medidas para paliar este problema

Para favorecer la dación en pago pactada "equilibradamente" entre deudores y entidades financieras, el PSOE propone "pedir la implicación de los agentes intervinientes" y "promover un acuerdo con las comunidades autónomas para eximir del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando la entidad financiera acepte la vivienda para saldar la deuda". Pero, como bien dice el programa socialista, este impuesto depende de las comunidades, así que el Gobierno central poco podrá hacer para modificarlo.

"Es cierto que la dación en pago ya estaba regulada, pero el hecho es que los bancos no la ofrecen", señala la ahora secretaria de Estado y hasta octubre de 2010 ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. "Queremos que a partir de ahora sea obligatorio ofrecer las dos: la hipoteca tradicional y la de responsabilidad limitada. Y pretendemos también mejorar la formación de los ciudadanos a la hora de contratar una hipoteca", añade. "Es una medida oportunista que no resuelve nada", resume Adrià Alemany, economista y miembro de la PAH. "El problema son las más de 300.000 familias cuya casa ha sido subastada. Y el Estado debe decir claramente si asume que se pueda dejar de lado definitivamente a estas personas".

El PP habla en el avance de su programa electoral de reformar la ley para introducir "mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable", pero no quiere ni oír hablar de la dación. Mientras, casos como los de Matías González se acumulan en los juzgados. Él, por lo menos, ya tiene clara su decisión para el 20 de noviembre: "Claro que voy a votar, pero a ni al PP ni al PSOE. Ninguno de los dos me han echado una mano para que no pierda mi casa".

Promesas desbordadas por la realidad


Programa electoral socialista de 2008: “Impulsar la promoción de 1,5 millones de nuevas viviendas protegidas en los próximos 10 años”. Tres años más tarde, los resultados son bastante más modestos: en lugar de las 450.000 que corresponderían al periodo 2008-2010, los planes estatales han favorecido la concesión de 172.000 calificaciones definitivas para vivienda protegida. Los pisos se han abaratado, sí —un 18% desde el pico del ciclo—, pero a costa de una crisis que ha destruido 1,4 millones de empleos y de la que ahora mismo nadie imagina ni cómo ni cuándo se va a salir.

“Ha sido una legislatura complicada, pero estamos moderada y razonablemente satisfechos”, dice la exministra y actual secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor. “Nuestra obsesión ha sido aprovecharla para impulsar los cambios estructurales que pongan las bases para evitar otra burbuja. Apostar por la vivienda protegida, por la rehabilitación y el alquiler. Y, si incluimos a los que han recibido la renta básica de emancipación, hemos dado ayudas para comprar, rehabilitar o alquilar a 1,6 millones de familias”, añade Corredor. De otra opinión es el catedrático José García Montalvo. “No se ha hecho nada. La política del Gobierno ha tenido un impacto mínimo. Por ejemplo, los acuerdos para conceder crédito a la protección oficial no se han cumplido porque no hay crédito para nadie”, señala.

El nuevo Gobierno se encontrará con un sector que en 2011, tras la muy relativa recuperación de 2010, se ha parado en seco. El PP propone recuperar las mismas desgravaciones que contribuyeron a inflar la burbuja, y que el PSOE solo se decidió a retirar cuando esta ya había pinchado. ¿El resultado? Tras el 20 de noviembre.

domingo, 30 de octubre de 2011

EL DESAHUCIO EXPRÉS SE QUEDA CORTO

MAÑANA, LUNES 31 DE OCTUBRE, ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE AGILIZACIÓN DE MEDIDAS PROCESALES QUE PERMITE DESAHUCIOS DE INQUILINOS EN MENOS DE TRES MESES

El diario El Mundo, en su edición digital, publica hoy 30 de octubre la siguiente información
10 días, nuevo ultimátum a los inquilinos morosos

La Ley se publicó en el BOE el 11 de octubre y entra en vigor el 31 de octubre. Establece un plazo tope para responder a la notificación judicial tras la demanda del casero. De no dar señales, se procederá a su desahucio sin necesidad de juicio. Persigue que el propietario pueda recuperar su vivienda en dos o tres meses. Esta novedosa normativa va un paso más allá del 'desahucio exprés' (2009). 'Sus resultados dependerán de los medios personales con los que se la dote'.

Jorge Salido Cobo
A partir de mañana, 31 de octubre de 2011, se estrecha un poco más el cerco sobre los inquilinos morosos. Entra en vigor la Ley/37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que incorpora una importante modificación a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): los arrendatarios con rentas impagadas tendrán tan sólo 10 días para responder ante juez por la denuncia cursada por sus caseros. Si no lo hicieran en ese periodo, se procederá directamente a su desalojo si necesidad de juicio.

Sergio Lusilla, abogado y director del Departamento Jurídico de Alquiler Seguro: "Este cambio legislativo está pensado para agilizar el proceso de desahucio y para que el propietario pueda recuperar su vivienda en apenas dos o tres meses desde que presenta la demanda si se aplica bien la nueva normativa. Actualmente, este periodo -regulado por el 'desahucio exprés'- se alarga, como mínimo, durante 10 ó 12 meses", explica Sergio Lusilla, abogado y director del Departamento Jurídico de Alquiler Seguro.

Esta novedosa legislación, además, viene a apuntalar la filosofía del Gobierno sobre el impulso al alquiler dentro del mercado inmobiliario. Representa, según Lusilla, un paso muy importante para "paliar la insatisfacción de los propietarios, tanto actuales como futuros, que denuncian continuamente su indefensión". Recientemente, la compañía Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) ha publicado que el número de estos inquilinos que no pagan se ha incrementado un 15,4%.

Este importante recorte en los plazos, desde que se presenta la demanda hasta que se recupera la vivienda, se deberá fundamentalmente a la no celebración del juicio. "Cuando el juez notifique al inquilino la demanda para que abandone el inmueble o pague, éste tendrá 10 días para oponerse. Si no dice nada, el juzgado pasará a ejecutar directamente el lanzamiento -devolución del inmueble a su propietario- sin necesidad de juicio. Hasta ahora, y siguiendo las pautas marcadas en 2009 por la famosa normativa del 'desahucio exprés', el juez señalaba una fecha de juicio (cinco o seis meses después) y de lanzamiento (tres o cuatro meses más de demora)", afirma Lusilla.

'El 'desahucio exprés como el barco fantasma. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto'. Por ese motivo, este abogado, especialista en temas inmobiliarios, señala que el 'desahucio exprés' ha fracasado y esta modificación legal es la mejor prueba de ello. Aunque, eso sí, dice que "no era tan malo y mejoraba sustancialmente la ley anterior porque establece una fecha para el desahucio, pero una cosa es la teoría y otra la práctica". En este sentido, no duda en calificarlo de "barco fantasma, del que todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto". "No ha habido medios para llevarlo a la realidad correctamente", denuncia.

Un temor que, según él, también sobrevuela sobre las nuevas medidas de agilización procesal. "Si las CCAA, encargadas de ejecutar lo dictado por el juzgado, no dotan de más medios, sobre todo personales, a las comisiones de lanzamiento, esta modificación legislativa no servirá de nada. Y yo, la verdad, soy algo escéptico al respecto. El número de funcionarios en estas comisiones apenas ha crecido desde 2005 en comparación con el incremento exponencial de los litigios", critica este experto jurídico.

Lusilla adelanta, que de cofirmarse sus malos presagios, "la ley sólo servirá para trasladar el atasco de los juzgados, que no tendrán que hacer las vistas, a las comisiones de lanzamiento, que se saturarán si no cuentan con el suficiente personal y no podrán realizar ágilmente todos los desahucios de inquilinos". Además, recuerda que actualmente también están desbordadas por los lanzamientos motivados por las ejecuciones hipotecarias.

Las comisiones de lanzamiento en Madrid han pasado de 6 en 2005 a 13 en 2011.

Según datos oficiales a los que ha tenido acceso OJO ELMUNDO.es, el número de trabajadores de las comisiones de lanzamiento en la Comunidad de Madrid ha pasado de 15 personas en 2005 a 31 en 2011. "Recientemente, se ha producido una reestructuración en estos órganos por el incremento de trabajo. Se ha pasado de seis comisiones (dos personas en cada una) hace seis años a las actuales 13. Además, de tres personas en la oficina a cinco", apuntan fuentes Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

sábado, 22 de octubre de 2011

CRISTÓBAL MONTORO: "SI GOBERNAMOS, EL ESTADO AYUDARÁ A LA BANCA A SANEAR LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS"



El coordinador de Economía del PP se sabe bajo los focos. Cualquiera de sus frases se interpreta como el ideario del partido y sus propuestas, como la actuación inmediata del nuevo Gobierno, dadas las encuestas favorables.

Aunque el exministro de Hacienda insiste en que no actúa "a golpe de sorpresas" y que su discurso es conocido. A los que ha sorprendido su designación como número uno de la lista popular por Sevilla, Montoro responde que "yo soy andaluz. Quiero y me interesa participar en el cambio en Andalucía".

P En el caso de ganar las próximas elecciones, ¿nos debemos preparar los españoles para una batería de medidas duras?

R ¿Medidas duras? Lo duro de verdad es lo que estamos viviendo ahora, uno de los momentos más bajos de la democracia. Lo que habrá, si ganamos, son reformas para evitar precisamente lo duro de esta situación. Habrá, no se puede ignorar, una distribución de los costes para salir de la crisis, pero no una distribución injusta como la que ha hecho este Gobierno.

P ¿Cuáles serían las medidas inmediatas, las del primer Consejo de Ministros?

R Tenemos un proyecto para lograr ya financiación de la economía. Se trataría de un plan de medidas concatenadas. Lo primero, desde luego, es la reestructuración del sistema financiero para que fluya el crédito. En paralelo, una ley orgánica que ponga en marcha la reforma constitucional aprobada este verano para obligar a la reducción del déficit de las Administraciones. También es prioritario abordar la duplicidad de las competencias para disminuir el gasto. Una reforma tributaria para favorecer el ahorro de familias, pymes y autónomos y para estimular que las empresas inviertan es igualmente urgente. Aquí se incluye, por ejemplo, pasar del IVA de devengo al de caja o la creación de una cuenta tributaria para compensar las relaciones contribuyente-Hacienda. No hay que olvidar una reforma laboral, cuyo eje sería la negociación colectiva, y la unidad del mercado interior, las liberalizaciones en energía, telecomunicaciones, transportes e infraestructuras y la estimulación, vía fiscal sobre todo, de la innovación y la internacionalización de las empresas. En definitiva, un conjunto cohesionado de política económica para las primeras semanas. Además, es el que nos conviene a los españoles. Y con el añadido de que las reformas las hemos preparado nosotros, no vienen impuestas por el exterior, no las ordenan los organismos internacionales.

P ¿Cómo van a encarar la reestructuración del sector financiero si gobiernan?

R Prescindiendo de entidades ineficientes, en primer lugar. Y fijando mecanismos para que las que queden asuman los costes inherentes al saneamiento. Es fundamental sanear los balances, sacar al mercado los activos y el suelo que no tienen salida para que sea éste quien fije su valor. El Estado ayudará respecto a los activos inmobiliarios.

P En los últimos días, se ha puesto en duda la labor del Banco de España respecto al saneamiento del sector. ¿Comparte las críticas?

R El Banco de España, en su labor de supervisión bancaria, es un delegado del Gobierno, en concreto del Ministerio de Economía. Y debe seguir los criterios del Gobierno. No tenían que haberse producido los problemas que ha habido. Yo he sido muy crítico con la labor del Banco de España desde el comienzo de la legislatura, no sólo ahora, cuando es fácil criticar. La actual dirección no estaba de acuerdo con lo que yo decía y ahora, en 2011, resulta que las entidades tienen que aumentar su solvencia. Es curioso que en un acto reciente con el principal banquero del país tanto la ministra Elena Salgado como Miguel Ángel Fernández Ordóñez no abrieran la boca y sólo hablara Emilio Botín. ¡Cuando hay tanto que explicar! Por ejemplo, todo lo relacionado con la Autoridad Europea Bancaria (EBA), qué se está haciendo, por qué se hace, la asunción o no de responsabilidad. Pues de todo esto, nada. El gobernador da muchas lecciones sobre el mercado laboral, pero de lo suyo...

P Este Gobierno les dejará, si ganan, unas cuantas patatas calientes como las privatizaciones o los impuestos de Patrimonio y Sociedades.

R Las privatizaciones pendientes van a ser revisadas. La de Loterías del Estado, en concreto, no es que quede pendiente es que, afortunadamente, la ha evitado el propio mercado. El único objetivo de las privatizaciones planeadas por el Gobierno era hacer caja, no favorecer a los sectores. No tienen sentido económico. En cuanto al Impuesto de Sociedades, ese cambio de gestión de aumentar los anticipos a cuenta no sirve para nada. Habrá que revisarlo también. Sobre Patrimonio ya lo hemos dicho: lo dejaremos morir. Ha sido un gesto a la izquierda de Rubalcaba, quien ni siquiera ha tenido la gallardía de proponerlo con carácter permanente. Y el hecho de que las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el PP, lo apliquen es natural. Están muy agobiadas presupuestariamente y si les ofrecen una nueva fuente de ingresos...

P Otra tarea pendiente son los Presupuestos para 2012. ¿Qué van a hacer?

R Haremos los de 2012 y los de 2013 el mismo año, no queda otro remedio. La prórroga es automática, pero no actualizar partidas y previsiones es inaudito. Anticipar las elecciones le ha servido a Zapatero para no hacerlos. Eso sólo significa que el Gobierno ya sabe que el año que viene vamos a crecer menos de la mitad que este año.

P Aunque queda poco tiempo, ¿esperan alguna medida de última hora del Ejecutivo de Zapatero?

R No, porque Rubalcaba no lo va a permitir. De todas maneras, estamos en una situación tan anómala. Es muy incómodo estar tanto tiempo de forma interina. Pero no creo que hagan ya nada. El Gobierno no tiene ningún margen.

P Se acerca la campaña electoral y dada la situación económica del país, ¿estaría dispuesto a un debate público sobre economía con un oponente socialista, como el que se celebró en 2008 entre Solbes y Pizarro?

R Cada momento tiene su circunstancia. Ahora tenemos una vicepresidenta económica de salida. Además, el único debate que cabe es con Rubalcaba y ese ya lo va a hacer Rajoy. ¿Y qué sentido tiene debatir del futuro con personas que no lo tienen? Yo, de todas maneras, voy a tener mi propio debate con un peso pesado: Alfonso Guerra. Es el número uno de la lista del PSOE por Sevilla. A ver qué nuevas ideas tiene para salir de la crisis.

martes, 18 de octubre de 2011

LA DEDUCCIÓN POR VIVIENDA, AÚN UNA MALA IDEA

Precisamente ahora que hemos conocido que el gobierno portugués va a suprimir o reducir las desgravaciones fiscales para la adquisición de vivienda, el Partido Popular ha presentado un programa en el que se anuncia como medida estrella en materia de vivienda la recuperación de esas desgravaciones, ampliándolas incluso hasta un 25% de la base imponible. Una medida claramente antisocial, toda vez que destina fondos públicos para consolidar unos precios abusivos y renuncia a unos enormes ingresos fiscales a cambio de fomentar el acceso a la vivienda en régimen de propiedad. 


LA DEDUCCIÓN POR VIVIENDA, AÚN UNA MALA IDEA. De Nuño Rodríguez (Cinco Días).


Mi amigo y jefe José Antonio Vega comentaba ayer en su blog el efecto que la reimplantación de la deducción por vivienda, casi la única propuesta concreta en materia económica lanzada por el PP, puede tener a la hora de relanzar el mercado inmobiliario y aliviar tanto el stock de casas en manos de los bancos como la morosidad en el crédito a promotor.

 Se venden muy pocas casas, es cierto, pero eso no es un castigo bíblico ni una fatalid e inabordable consecuencia de la crisis. Es una simple cuestión de precio, crédito, y expectativas, ecuación en la que la deducción solo ayudaría si infla otra burbuja inmobiliaria (y no queremos eso, ¿verdad?). Serviría al Estado para aliviar sus cuentas a corto plazo, a costa de echarse carga sobre los hombros para etapas venideras. Y repetiría el, probablemente, mayor error de la política económica española en varias décadas, implantar una deducción por vivienda en un contexto de desplome histórico de los tipos de interés. Vayamos por partes.

Precio, crédito, necesidad y expectativas. Los cuatro factores que inciden en el mercado de la vivienda. Se compra casa por necesidad o por expectativas (de revalorización del activo). Y la compra se condiciona al precio y al crédito. Hoy por hoy la gente compra pisos porque los necesita para vivir en ellos; chollos en el mercado no hay muchos, y las expectativas son, en el mejor de los casos, de estancamiento de precios. Por el contrario, los dos factores que condicionan la compra, el precio y el crédito, juegan en contra. La vivienda sigue siendo muy cara según cualquier punto de vista: supone demasiado esfuerzo y ha caído muy poco en relación a lo que subió. Muchos vendedores siguen emperrados en pedir precios de la burbuja, lo que dispara la horquilla entre oferta y demanda. Y el crédito no fluye.   

Por eso el mercado está congelado. Pero hay demanda embalsada tras cuatro años de crisis. Lo digo por experiencia; he vendido una casa hace un mes y el principal problema, una vez ajustado el precio (mucho más de lo que dicen las estadísticas oficiales), ha sido la falta de crédito de los compradores interesados el principal problema. En otras palabras, hay demanda a precios razonables (salvo quizá las viviendas con muy mala localización), y el fallo está en el crédito.

La banca, para vender sus pisos, sí concede créditos, pues es mucho mejor tener una hipoteca que un inmueble en cartera. Si no vende su stock es, o bien porque el precio no es suficientemente atractivo, o bien porque el activo es de mala calidad. Basta echar un ojo por las páginas web habilitadas. Santander, por ejemplo, vende una vivienda nueva en Madrid fuera de la M-40, al lado del aeropuerto, 62 metros útiles, por 300.000 euros. Desde luego, no parece el precio de alguien con necesidad de vender.

En otras palabras, establecer la deducción por vivienda es comprometer dinero público para subvencionar la venta de unos activos que no se venden porque el propietario no quiere bajar el precio. En este contexto, la subvención solo servirá para que sea aún más reticente a hacerlo, retrasando el ajuste del mercado. Eso, en el caso de los pisos con demanda potencial y sujetos a la deducción (es decir vivienda habitual). Para el resto, la deducción  es irrelevante (promociones que no se venderán de ninguna manera) o bien no se aplica.

El programa, a mi modesto entender, solo tendría éxito si consigue cambiar otra de las claves de la ecuación, la de las expectativas. Si genera una nueva demanda porque el mercado (los españoles) asume que la crisis del ladrillo ha terminado. En estas condiciones la deducción tendría un efecto multiplicador que sí modificaría el entorno y daría salida a la cartera de casas de los bancos. Pero esto difícilmente sucedería si el programa está acotado en tiempo y condiciones. Y, si lo logra, el coste sería el riesgo de inflar de nuevo, y de forma artificial, la burbuja del ladrillo, cuyos efectos precisamente estamos intentando mitigar.

Ahora, quizá la clave de la cuestión está en el efecto fiscal. Como comenta Vega, la venta de viviendas generará ingresos por IVA. Concretamente, el 8%. Para un piso de 200.000 euros, el Estado ingresa 16.000 por IVA. La subvención, por el contrario, supone un gasto diferido para el Tesoro, con un máximo de 1.350 euros (el 15% del límite máximo deducible de 9.000 euros) por hipoteca, siempre que sea primera vivienda, pagaderos durante los años en los que el sujeto esté hipotecado.

Es una especie de préstamo al Estado vía fiscal, que ayudaría a aliviar el déficit a corto plazo pero supondría una mayor carga a largo que, también, explica la situación actual de las cuentas públicas: durante los años de la bonanza los ingresos por IVA se dispararon (un 64% de 2000 a 2007), pero cuando se dejan de vender pisos se deja de ingresar y la carga de las deducciones pesa mucho sobre las cuentas. En 2010 la partida de las deducciones por vivienda fueron se llevó 4.400 millones del presupuesto, casi nada.

Si de aliviar los balances de los bancos se trata, sostener los precios con cargo a dinero público es pan para hoy y hambre para mañana. Fue una pésima idea cuando se puso en marcha y lo sigue siendo. Hay otras soluciones. Desde el año pasado, la banca debe provisionar el 30% del valor de los inmuebles que tiene en cartera desde hace más de 24 meses. Elevar estas exigencias, quizá con exenciones para las viviendas que se alquilen, forzaría a la banca a poner en el mercado sus  casas. Asumiendo pérdidas, sí, porque ingresará menos de lo que prestó y porque hay casas que no tienen salida. Y si algunas entidades tienen que ampliar capital, ser nacionalizadas o liquidadas (sí, liquidadas), que así sea. Muchas de estas casas de las que hablamos, al fin y al cabo, eran el hogar de los más de 100.000 españoles víctimas de ejecuciones hipotecarias. Con ellos no se tuvieron tantos miramientos.
  

jueves, 13 de octubre de 2011

UNA JUEZ SENSATA

Interesantísima providencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Elche. En ella, la juez paraliza el desahucio de una familia. El motivo es que en la situación actual de crisis  y, consecuentemente, de precariedad de las personas a desahuciar, considera que, al quedarse un piso vacío, se altera la equidad en la aplicación de las normas según establece el Código Civil.
La juez va incluso más allá y considera que la entidad financiera debe acreditar el uso del inmueble para que se ejecute el lanzamiento. En resumen: no se va a desahuciar a nadie para que quede un piso vacío.
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PROVIDENCIA SRA. MAGISTRADA-JUEZ

AGANZO RAPON // En la ciudad de Elche, a veintiocho de julio de dos mil once.

Por presentados los anteriores escritos del Procurador Sr. de fecha veintiocho de junio, oponiéndose a la suspensión por prejudicialidad penal solicitada, y de la Procuradora Sra. de fecha veintisiete de junio desistiendo de dicha solicitud, únase. Se tiene a dicha Procuradora por renunciada a dicha solicitud de suspensión, con lo que no ha lugar a la misma.

No obstante, habiéndose solicitado por el Procurador la entrega de la posesión en su día acordada, debe señalarse que la realidad económica del momento de crisis en que nos encontramos, viene dando lugar a situaciones anómalas por cuanto que la aplicación de la ley ha propiciado el lanzamiento en muchos casos de los anteriores propietarios de los inmuebles objeto de ejecución hipotecaria, algunos en muy precaria situación económica, y la entrega de tales inmuebles a la entidad adjudicataria, tan sólo con la finalidad de que los mismos entren a formar parte de su patrimonio inmobiliario, destinado a la venta o alquiler, sin que tal venta haya llegado a producirse y sin que haya llegado a materializarse el alquiler de la vivienda a nuevos inquilinos, con lo que el inmueble se mantiene vacío mientras que sus anteriores propietarios carecen de vivienda o deben pasar a ocupar inmuebles que crecen de las mínimas condiciones de habitabilidad.

La necesaria aplicación del art. 3 2º del Código Civil, que dispone que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, obliga a esta juzgadora, en éste y otros casos en que existe una acreditadaprecaria situación económica de los actuales poseedores del inmueble, menores de edad o ancianos, a supeditar la entrega de la posesión del inmueble adjudicado a la adjudicataria, hasta tanto por la misma se acredite el uso que pretende darse al inmueble, que el mismo ha sido definitivamente vendido a tercera persona que va a proceder a su inmediata utilización, o arrendado a nuevos propietarios, en este último caso, con mejores condiciones a las que podrían aceptarse por los actuales ocupantes del inmueble para continuar en el mismo en régimen de arrendamiento.

Por todo ello se acuerda supeditar la entrega de la posesión del inmueble adjudicado a la adjudicataria BANCO POPULAR ESPAÑOL, hasta tanto por la entidad adjudicataria se acredite el uso que pretende darse al inmueble, que el mismo ha sido definitivamente vendido a tercera persona, o arrendado a nuevos propietarios, en este último caso, con mejores condiciones a las que podrían aceptarse por la actual ocupante del inmueble para continuar en el mismo en régimen de arrendamiento.

Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso de Reposición en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.

Es esto lo que manda y firma S.Sª, de lo que doy fe