ATTAC-MADRID ANIMA A SOCIOS Y SIMPATIZANTES A SECUNDAR LA MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA CONVOCADA PARA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE, ADVIRTIENDO DE LA NECESIDAD DE PROMOVER UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA DE ESPAÑA
Attac-Madrid ha mostrado siempre su preocupación por las políticas públicas de vivienda y urbanismo practicadas en España durante los últimos años, por cuanto han provocado un gravísimo deterioro ecológico, inmensos desequilibrios sociales y el endeudamiento generalizado de la población. Estas políticas no sólo han impedido o dificultado el acceso a una vivienda digna a muchos ciudadanos, sino que, con el tiempo, han conducido a toda la economía española a una larga crisis que está provocando el empobrecimiento de muchas personas, un profundo retroceso en las políticas de bienestar y la consolidación de un poder financiero que ha sido responsable directo de dicha burbuja inmobiliaria.
En este contexto, Attac-Madrid anima a los ciudadanos a participar en la movilización convocada para el domingo 25 de septiembre en defensa del derecho a una vivienda, si bien advierte de la necesidad de exigir nuevas políticas urbanísticas y de vivienda que permitan dar un giro hacia un modelo sostenible, equilibrado y que, por encima de todo, garantice el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada sin obligar a un endeudamiento insostenible. Este nuevo modelo exigiría, como prioridad, la creación de un parque público de vivienda protegida blindado contra procesos especulativos, basado fundamentalmente en un alquiler social u otras formas de acceso no sujetas a la tiranía de un mercado inmobiliario desequilibrado.
La experiencia de los últimos años ha demostrado que una economía no se puede basar en una visión cortoplacista de la industria de la construcción enfocada a la producción de nuevas viviendas en lugar de a la rehabilitación de las existentes que, además de generar más del doble de empleo y consumir menos de un tercio de recursos naturales por cada Euro invertido, es una demanda permanentemente sostenible en el tiempo y beneficia tanto a los particulares, con la mejora de su calidad de vida individual, como a la sociedad en general con la conservación del patrimonio histórico y la mejora de la eficiencia energética.
Máxime cuando todo el “tinglado” actual se ha construido absorbiendo los recursos de los próximos treinta o cuarenta años. Aunque el enfoque mediático se esté centrando en los recientes desahucios de hipotecados, no se puede olvidar que la burbuja es un fenómeno que empezó a cobrar dimensiones gigantescas hace más de diez años, y que durante su gestación ha ido dejando en el camino a un elevadísimo número de damnificados.
Por desgracia, las últimas medidas aprobadas en España siguen insistiendo en los errores que condujeron a nuestra economía hacia la burbuja inmobiliaria. Así, destaca la reciente rebaja del IVA para la adquisición de vivienda nueva, lo que supone facilitar a las entidades financieras la venta de parte de su stock a unos precios fijados por tasadoras que actuaban bajo su control; y todo ello, además, a costa de reducir los ingresos públicos, por un lado, e insistir en la política de endeudamiento familiar, por otro.
Esta medida, además, supone una clara contradicción con la reciente reforma de la Constitución, llevada a cabo de espaldas a la ciudadanía y a través de una sorprendente tramitación de “urgencia”, con la finalidad de tranquilizar a los mercados acreedores y trasladar la idea de que la salida a la crisis exige una contención del endeudamiento público (aunque no, casualmente, del endeudamiento privado). Es obvio que la Constitución requiere reformas, y prueba de ello son las constantes reivindicaciones que muchos movimientos sociales han formulado en relación con el artículo 47, con el fin de convertirlo en un derecho fundamental y no en un mero “principio rector de la política social y económica”.
La buena gestión de las cuentas públicas es indispensable para garantizar la calidad de los servicios públicos que requiere la sociedad, pero no se debe olvidar que una gran parte del reciente endeudamiento se debe a la “socialización” de las pérdidas bancarias llevada a cabo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Así, resulta sorprendente que el Banco de España, supervisor del sistema financiero y, por lo tanto, responsable de los desequilibrios producidos en los últimos años, actúe ahora como “saneador” de algunas entidades con el fin de facilitar su futura venta.
Las alusiones al déficit y al endeudamiento público como causas directas del estrangulamiento de la economía española no sólo ocultan algunos factores que han conducido a ese desajuste, sino que parecen utilizarse como justificación para deteriorar la calidad de los servicios públicos —y entre ellos, cómo no, el de vivienda. Así, algunas comunidades autónomas y entidades locales, obsesionadas con ajustar a destiempo sus cuentas, han optado por vender el escaso parque público de viviendas con el que contaban. Una medida que choca frontalmente contra las necesidades de la ciudadanía, pero que parece responder a los mismos intereses que fomentan la congelación de los módulos de referencia en la vivienda de protección oficial en unos tiempos en los que los precios de la vivienda libre caen (aunque moderadamente) y las rentas disponibles exigen una vuelta a los precios anteriores a la burbuja.
Por si fuera poco, el programa electoral del partido que se presenta como favorito para gobernar durante los próximos años incluye propuestas como la liberalización del suelo y la recuperación de las desgravaciones fiscales para la adquisición de vivienda, lo que demuestra que nuevamente se pretende hacer de la vivienda un bien de inversión y una piedra angular de la economía española. El caso de las desgravaciones fiscales resulta especialmente escandaloso, toda vez que implicará una reducción de los ingresos públicos y un aumento de los precios de la vivienda (tal y como indican reiteradamente numerosos estudios y los informes de la Comisión Europea).
Es por todo ello y por la completa insatisfacción con una clase política que no está velando por nuestros derechos más básicos, y en particular por nuestro derecho a poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada, por lo que Attac-Madrid anima a la ciudadanía a secundar la manifestación convocada para el domingo 25 de septiembre de 2011, aunque las propuestas que sólo persigan reparar o mitigar algunos daños originados en el pasado no servirán para corregir un modelo de vivienda totalmente destructivo y equivocado.
