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viernes, 7 de septiembre de 2012

EL NEGOCIO INMOBILIARIO-ESPECULATIVO DE LA NUEVA LEY DEL ALQUILER




España, a parte de zombi, es un país yonqui del negocio financiero-inmobiliario (ver “Sin Plan B” de Miquel Pybus) y para muestra un nuevo botón: Las medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas que, después del último consejo de ministros, ya son todo un proyecto de Ley.

Aunque nos encontramos con una oportunidad histórica para la creación de un parque público de viviendas de alquiler social a partir del stock de las entidades bancarias intervenidas por el Estado, esta ley no tiene nada que ver con una política de vivienda seria que fomente el alquiler (social o no) y permita normalizarlo para la mayoría de la población. Es decir, que la opción de alquilar deje de considerarse tan solo para situaciones excepcionales, de transición residencial o bien porque no es posible acceder a propiedad (1).

Buena parte de la atención, merecidamente, se ha centrado en los desahucios exprés y en los recortes relacionados con las seguridades jurídicas de los arrendatarios que conlleva la nueva Ley, quedando en un segundo plano el contexto político-económico-inmobiliario donde emerge: la inminente creación del mal llamado “banco malo”, pero sobretodo la necesidad de colocar alrededor de las 800.000 viviendas terminadas, vacías y sin pagar, el 25% de las cuales están en manos de las entidades financieras.

Un gobierno que no ha eliminado la desgravación por compra hasta que la comisión europea le ha obligado expresa muy bien sus prioridades en materia de política de vivienda. Lo que posibilita el proyecto de Ley es, básicamente, una vía para deshacerse de los activos inmobiliarios a través de herramientas financieras con el objetivo final de quitarlos del mercado de alquiler y venderlos. Es decir, el alquiler es un mal menor por el que se tiene que pasar para finalmente volver a la “normalidad” de la compra-venta especulativa.

La principal herramienta que se utilizará será la reanimación de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), conocidas internacionalmente como las REIT, creadas en diferentes países para evadir (legalmente) impuestos a través del negocio inmobiliario y atraer inversiones financieras internacionales.

Así, las principales diferencias que introduce el proyecto respecto a la Ley de las SOCIMI aprobada en el 2009 y que dejan clara la nueva orientación, son las siguientes:
  • Las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, en las que se incluyen las SOCIMI, no tendrán impuestos sobre los beneficios, si antes tributaban al 19% ahora tributarán el 0%. Junto con las SICAV se perfilan las sociedades más atractivas para facilitar el fraude fiscal.
  • Para acogerse a esta bonificación, las sociedades deben tener en cartera (no es necesario ni si quiera que estén efectivamente alquiladas) los inmuebles un mínimo de 3 años (antes eran siete), lo que hace más atractiva la inversión a medio plazo. Se suprime también la limitación del tamaño de las viviendas (antes 135 m2) y se facilita incluir por lo tanto las segundas residencias, normalmente de mayor superfície.
  • Además, estas sociedades pueden cotizar fuera de los mercados regulados, es decir, en mercados secundarios muchos más opacos y que, normalmente, son gestionados por las propias empresas de inversión.
  • Finalmente, se reduce el capital social inicial para crear este tipo de sociedades (ahora cinco millones de euros), se elimina la necesidad de diversificación (antes requerían 3 inmuebles y que ninguna de ellos superase el 40% de la inversión) y se suprime también la limitación a la financiación ajena (antes no sea superior al 70% del activo inmobiliario), es decir, se aumenta la capacidad de endeudamiento independientemente de sus activos reales.
Todo esto en un momento en que los datos de compraventa muestran que las ventas de inmuebles a extranjeros están creciendo, pero no solo a clientes finales/particulares, sino especialmente a sociedades de inversión que buscan complejos residenciales en bloque en los que existen posibilidades de revalorización a medio y largo plazo. Las SOCIMI son los instrumentos ideales para atraer esta inversión, ya que permiten vender estos inmuebles después de tenerlos 3 años simplemente con un cartel de “en alquiler”.
En definitiva, parece que nos encontramos con más de lo mismo: la promoción público-privada de una peligrosa financiarización del negocio inmobiliario para especular con la compraventa de viviendas en mercados que siguen desregulados (en otras palabras: lo que originó la crisis). Las demás medidas contenidas en el proyecto de Ley se centran en reforzar los derechos de los propietarios, cuando el problema central es el acceso a la vivienda en un país con varios millones de pisos vacíos.
Fomentar el alquiler público y privado, digno y asequible, no debería estar en manos de especuladores, ni ser una cuestión baladí o circunstancial. Al contrario, debería de ser un pilar fundamental de la política pública de vivienda en un país donde la media de emancipación de los jóvenes está alrededor de los 30 (la media UE en 21), donde hay una media de 517 desahucios diarios y aumentan las personas sin hogar, en el que las trayectorias vitales de las personas son menos estables y lineales (retornos a casa los padres; separaciones y divorcios; movilidad residencial por motivos laborales, etc.) y donde el acceso al crédito hipotecario continuará restringido durante largo tiempo.
                                                                                                               
Marc Martí-Costa
(1) En España el parque de viviendas en alquiler social se sitúa en el 1,5% mientras que en países como Francia, Reino Unido u Holanda supera el 15% del total de stock de viviendas. Por lo que se refiere al número de viviendas en propiedad, en España es del 81%, mientras que en Reino Unido es del 70% y en Francia del 56%. España es el país con menor parque de viviendas en alquiler de toda la zona euro.

jueves, 10 de mayo de 2012

POR UN DERECHO EXIGIBLE A LA VIVIENDA



Crisis, estafa, desempleo, deudas, hipotecas, desahucios, embargos, familias sin techo, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, compra o alquiler, la vivienda como inversión, vivienda social, moratoria, dación en pago, 3 millones de viviendas vacías, 800.000 viviendas sin vender en stock de los bancos, 58.241 expedientes de desahucios procesados en los juzgados en 2011…

Y más datos: 135.000 familias están sufriendo actualmente un procedimiento de ejecución hipotecaria, 150.000 familias ya han perdido su vivienda por la crisis, cantidad que se puede elevar a 510.000 familias en 2015…España es uno de los países europeos donde la edad de emancipación juvenil es más elevada, puesto que la media de la UE está entre los 20 y 22 años, mientras que en España es de 30 años. El esfuerzo que deben realizar las familias para poder comprar una vivienda es también más elevado (unos 7 años de renta bruta del hogar) que en otros países europeos (3 a 4 años). Ni hablar que el acceso a una vivienda, sea de compra o de alquiler, para una persona que se encuentra en paro simplemente suena a ciencia ficción.

Cada día podemos escuchar y leer noticias sobre la vivienda, pero no se ve una voluntad política de querer acabar con el drama social que se esconde detrás de muchos de estos hechos, parece ser que cuando hablamos de vivienda hablamos de un producto financiero y no de un “lugar que reúne las condiciones básicas para estar y para dormir; un lugar para la familia, en el que poder relacionarse y acoger; un lugar en el que poder tener autonomía y no estar sometida/o a otros”.

¿No deberían implicarse las administraciones públicas y dar soluciones a todas las personas que se quedan en la calle por no poder pagar su hipoteca o su alquiler? ¿No existe un derecho a una vivienda como parte de los derechos universales de la humanidad? ¿No atenta contra la dignidad humana que una persona pueda ser despojada de su espacio habitable por circunstancias que generalmente no dependen de ella, como puede ser la pérdida del trabajo por enfermedad o despido? ¿No es contraproducente fomentar la compra de la vivienda frente al alquiler y exigir al mismo tiempo una mayor movilidad laboral y geográfica?

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” No es un extracto de “Utopía” de Tomás Moro, sino el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU que data de 1948.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.“ Sin embargo, no se trata de un derecho exigible ante los tribunales, sino de un mero principio rector de la política social y económica. En España no existe una ley general de vivienda (como sí la hay de sanidad o educación) y todo lo relacionado con la política de vivienda está diseminado en leyes muy diferentes y variopintas, sobre suelo, urbanismo, vivienda social, vivienda de protección oficial, sin existir una ley rectora.

En el Grupo de Vivienda de ATTAC-Madrid creemos que la vivienda debe ser un derecho de todas las personas. Estamos analizando la situación actual de la vivienda en España y elaborando un proyecto coordinado de vivienda donde tiene cabida tanto el alquiler social como el privado, el censo de viviendas, alternativas de vivienda en propiedad, el suelo, la plusvalía y el urbanismo, la rehabilitación, la fiscalidad y transparencia.


Al menos una vez al mes os informaremos sobre nuestras actividades, os invitamos a leernos y a participar en nuestro proyecto. En el próximo artículo, os presentaremos nuestro Decálogo de vivienda.


sábado, 24 de marzo de 2012

POLÍTICAS DE ALQUILER Y REFORMA LABORAL



Un lector de EL PAIS, David Carrascosa, ha escrito una carta al director que destila gran sensatez. En tiempos es que nos exigen movilidad y los contratos laborales se precarizan, las políticas de fomento del alquiler, las más lógicas para afrontar la anistebilidad laboral, van desapareciendo. Mientras se fomentan las políticas que facilitan el acceso a la vivienda en propiedad, aquellas que se basan en el endeudamiento durante grandes periodos de tiempo, justo lo contrario que se exige a los trabajadores en los contratos laborales. Siendo está nuestra única garantía de pago hipotecario real.

El pasado Consejo de Ministros, celebrado el 16 de marzo, supuso el fin para uno de los proyectos que, iniciado con el Gobierno socialista, venía a dar respuesta a una de las demandas sociales que más había crecido en los últimos 20 años: el fomento del alquiler.

El actual Gobierno no solo ha suprimido la Sociedad Pública del Alquiler tras siete años de existencia, sino que también ha hecho lo propio con la línea del ICO con la que se financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran su stock en alquiler. Con anterioridad ya había eliminado la renta básica de emancipación.

Lo cierto es que había sido la población más joven la que, por la movilidad territorial a la que cada vez obliga más el mercado laboral, más había accedido al mercado del alquiler. Ahora, con la nueva reforma laboral y la volatilidad de los contratos de trabajo, tal movilidad territorial tiene visos de ser aún más frecuente. Sin embargo, los que se vean obligados a cambiar de residencia no encontrarán ningún apoyo gubernamental para cubrir su necesidad de vivienda.

Parece, ciertamente, que el Gobierno del Partido Popular se ha imbuido totalmente del espíritu y de la letra de la Constitución de 1812, que en su artículo cuatro decía que “la nación española está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad…”.— David Carrascosa.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

COMUNICADO DE ATTAC-MADRID ANTE LA MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DEL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

ATTAC-MADRID ANIMA A SOCIOS Y SIMPATIZANTES A SECUNDAR LA MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA CONVOCADA PARA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE, ADVIRTIENDO DE LA NECESIDAD DE PROMOVER UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA DE ESPAÑA

Attac-Madrid ha mostrado siempre su preocupación por las políticas públicas de vivienda y urbanismo practicadas en España durante los últimos años, por cuanto han provocado un gravísimo deterioro ecológico, inmensos desequilibrios sociales y el endeudamiento generalizado de la población. Estas políticas no sólo han impedido o dificultado el acceso a una vivienda digna a muchos ciudadanos, sino que, con el tiempo, han conducido a toda la economía española a una larga crisis que está provocando el empobrecimiento de muchas personas, un profundo retroceso en las políticas de bienestar y la consolidación de un poder financiero que ha sido responsable directo de dicha burbuja inmobiliaria.

En este contexto, Attac-Madrid anima a los ciudadanos a participar en la movilización convocada para el domingo 25 de septiembre en defensa del derecho a una vivienda, si bien advierte de la necesidad de exigir nuevas políticas urbanísticas y de vivienda que permitan dar un giro hacia un modelo sostenible, equilibrado y que, por encima de todo, garantice el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada sin obligar a un endeudamiento insostenible. Este nuevo modelo exigiría, como prioridad, la creación de un parque público de vivienda protegida blindado contra procesos especulativos, basado fundamentalmente en un alquiler social u otras formas de acceso no sujetas a la tiranía de un mercado inmobiliario desequilibrado.

La experiencia de los últimos años ha demostrado que una economía no se puede basar en una visión cortoplacista de la industria de la construcción enfocada a la producción de nuevas viviendas en lugar de a la rehabilitación de las existentes que, además de generar más del doble de empleo y consumir menos de un tercio de recursos naturales por cada Euro invertido, es una demanda permanentemente sostenible en el tiempo y beneficia tanto a los particulares, con la mejora de su calidad de vida individual, como a la sociedad en general con la conservación del patrimonio histórico y la mejora de la eficiencia energética.

Máxime cuando todo el “tinglado” actual se ha construido absorbiendo los recursos de los próximos treinta o cuarenta años. Aunque el enfoque mediático se esté centrando en los recientes desahucios de hipotecados, no se puede olvidar que la burbuja es un fenómeno que empezó a cobrar dimensiones gigantescas hace más de diez años, y que durante su gestación ha ido dejando en el camino a un elevadísimo número de damnificados.

Por desgracia, las últimas medidas aprobadas en España siguen insistiendo en los errores que condujeron a nuestra economía hacia la burbuja inmobiliaria. Así, destaca la reciente rebaja del IVA para la adquisición de vivienda nueva, lo que supone facilitar a las entidades financieras la venta de parte de su stock a unos precios fijados por tasadoras que actuaban bajo su control; y todo ello, además, a costa de reducir los ingresos públicos, por un lado, e insistir en la política de endeudamiento familiar, por otro.

Esta medida, además, supone una clara contradicción con la reciente reforma de la Constitución, llevada a cabo de espaldas a la ciudadanía y a través de una sorprendente tramitación de “urgencia”, con la finalidad de tranquilizar a los mercados acreedores y trasladar la idea de que la salida a la crisis exige una contención del endeudamiento público (aunque no, casualmente, del endeudamiento privado). Es obvio que la Constitución requiere reformas, y prueba de ello son las constantes reivindicaciones que muchos movimientos sociales han formulado en relación con el artículo 47, con el fin de convertirlo en un derecho fundamental y no en un mero “principio rector de la política social y económica”.

La buena gestión de las cuentas públicas es indispensable para garantizar la calidad de los servicios públicos que requiere la sociedad, pero no se debe olvidar que una gran parte del reciente endeudamiento se debe a la “socialización” de las pérdidas bancarias llevada a cabo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Así, resulta sorprendente que el Banco de España, supervisor del sistema financiero y, por lo tanto, responsable de los desequilibrios producidos en los últimos años, actúe ahora como “saneador” de algunas entidades con el fin de facilitar su futura venta.

Las alusiones al déficit y al endeudamiento público como causas directas del estrangulamiento de la economía española no sólo ocultan algunos factores que han conducido a ese desajuste, sino que parecen utilizarse como justificación para deteriorar la calidad de los servicios públicos —y entre ellos, cómo no, el de vivienda. Así, algunas comunidades autónomas y entidades locales, obsesionadas con ajustar a destiempo sus cuentas, han optado por vender el escaso parque público de viviendas con el que contaban. Una medida que choca frontalmente contra las necesidades de la ciudadanía, pero que parece responder a los mismos intereses que fomentan la congelación de los módulos de referencia en la vivienda de protección oficial en unos tiempos en los que los precios de la vivienda libre caen (aunque moderadamente) y las rentas disponibles exigen una vuelta a los precios anteriores a la burbuja.

Por si fuera poco, el programa electoral del partido que se presenta como favorito para gobernar durante los próximos años incluye propuestas como la liberalización del suelo y la recuperación de las desgravaciones fiscales para la adquisición de vivienda, lo que demuestra que nuevamente se pretende hacer de la vivienda un bien de inversión y una piedra angular de la economía española. El caso de las desgravaciones fiscales resulta especialmente escandaloso, toda vez que implicará una reducción de los ingresos públicos y un aumento de los precios de la vivienda (tal y como indican reiteradamente numerosos estudios y los informes de la Comisión Europea).

Es por todo ello y por la completa insatisfacción con una clase política que no está velando por nuestros derechos más básicos, y en particular por nuestro derecho a poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada, por lo que Attac-Madrid anima a la ciudadanía a secundar la manifestación convocada para el domingo 25 de septiembre de 2011, aunque las propuestas que sólo persigan reparar o mitigar algunos daños originados en el pasado no servirán para corregir un modelo de vivienda totalmente destructivo y equivocado.

martes, 23 de agosto de 2011

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL POBLADO DE PUERTA DE HIERRO?

Este es un blog dedicado a analizar la situación de la vivienda en España. Lo que está sucediendo en el poblado de Puerta de Hierro va más allá de este ámbito, convirtiéndose en un gravísimo problema de dignidad causado por una actuación inhumana por parte de las Administraciones Públicas, particularmente por el Ayuntamiento de Madrid.
 
El poblado de Puerta de Hierro es un asentamiento que existe desde 1961, año en que se instalaron sus primeros moradores. Desde entonces unas 50 familias de etnia gitana han residido allí, construyendo casas de ladrillo. Nunca han tenido problemas ni conflictos durante más de cuarenta años. El canal de Isabel II canalizó la traída de agua, las familias se empadronaron sin dificultad y todos los menores, actualmente, están escolarizados. Incluso, como refuerzo, se construyó un aula en que profesores impartían clases de ayuda.

Esta situación cambió a partir de 2010. Debido a que precisamente sus casas no podían considerarse chabolas o infraviviendas, no entraron en el Plan de Realojo de 2008. Se iniciaron los expedientes de desahucio. En los planes de realojamiento solo accedieron 13 familias del total de 50. A las demás solo se daba la posibilidad a los titulares de la vivienda, pero no los hijos y nietos. Una situación inaceptable para su forma de entender la familia. Imposible que los padres sí tuvieran vivienda pero que los demás miembros de su núcleo familiar quedasen desprotegidos.

En junio de 2010 empezaron los desahucios. En la medida en que se efectuaban, las viviendas vacías eran derrumbadas. A día de hoy quedan únicamente 8 viviendas. Pese a ello, las familias siguen residiendo: Compartiendo las casas que quedan, en caravanas, en furgonetas, en la antigua aula de apoyo a los escolares… quieren permanecer juntos en su desgracia. Y aquí viene la parte más inhumana de la actuación del Ayuntamiento. Los escombros de las antiguas viviendas no son recogidos por quien los derrumba. Quedan sobre el terreno uralitas tóxicas, hierros, ladrillos, cascotes, restos destrozados de sanitarios, tablones astillados. Todo un impresionante paisaje de batalla campal, un gigantesco nido de ratas. Los numerosos niños del poblado, unos 70, corretean por esas montañas de escombros.

Desde hace dos meses, un grupo de voluntarios, la mayoría provenientes de las marchas de indignados que llegaron a Madrid el 23 de junio, se han instalado en el poblado, ayudando en las tareas de desescombro con unos medios muy precarios: unas pocas palas, guantes que se comparten, una docena de mascarillas para no respirar el polvo venenoso de la uralita…

Esta indignante situación ha sido provocada por el Ayuntamiento de Madrid. Con su actuación, en lugar de solucionar los problemas de los ciudadanos, han creado un gravísimo problema de salud pública ¿Cómo han podido dejar todos esos desechos impunemente? ¿Qué responsabilidad tendrían los que han ordenado esta barbaridad si algún niño del poblado se matase al golpearse entre tanto cascote y hierro afilado?

No entro en la legalidad o ilegalidad de las viviendas (Aunque algún derecho asistirá a personas que llevan viviendo allí desde 1961). Pero solo puedo llamar criminal a la forma en que se está produciendo este desalojo. Mientras existan moradores no se pueden dejar los escombros allí, desentendiéndose de ellos los responsables de los derribos. Pensar en los motivos de esta forma de actuar todavía produce más desasosiego ¿Es porque los habitantes del poblado de Puerta de Hierro son de etnia gitana? ¿Se considera que por ello no son sujetos de derecho? ¿La seguridad jurídica termina cuando uno es gitano? ¿Provocar ex profeso un estado de insalubridad es un método, no ya moral, sino sencillamente legal de desahuciar a seres humanos?
 
Ya no estamos hablando de vivienda. Estamos hablando de un muy grave delito contra los derechos humanos. Un delito contra la dignidad porque se está negando a los habitantes del poblado de Puerta de Hierro su misma humanidad. Y para mayor vergüenza, si ya cabe, quien está actuando así es la Administración Pública, el Ayuntamiento de Madrid.

viernes, 5 de agosto de 2011

DUDAS SOBRE LAS LÍNEAS DEL ICO



En la sesión de la Comisión de Vivienda celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de mayo, el Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) realizó las siguientes declaraciones:

"Estamos trabajando en una línea de financiación que esperamos también poner en funcionamiento en este ejercicio, donde con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones vamos a poner a disposición de las entidades financieras fondos para destinarlos a la vivienda de protección oficial con finalidad de alquiler. Se trata de una ampliación del programa de financiación que nosotros estamos llevando a cabo, de facilitar recursos al resto de entidades financieras para que lleven a cabo las mismas actuaciones, y esperamos que con ello se pueda producir una aceleración en el desarrollo de esta vivienda de protección oficial, insisto, destinada al alquiler.”

No hay duda de que fomentar la vivienda protegida con finalidad de alquiler podría ser una iniciativa interesante. Ahora bien, tengo la sospecha de que esta línea, lejos de perseguir una función social, podría ser una justificación para conceder préstamos a las entidades financieras a un interés muy bajo, ayudándoles a resolver uno de sus principales problemas.

Por eso plantearé estas tres cuestiones:


1. Razones que justifican la puesta a disposición de las entidades financieras de fondos para destinarlos a la vivienda protegida en régimen de alquiler, en lugar de optar por una gestión pública de la vivienda protegida o por aplicar una serie de instrumentos fiscales y legislativos que obliguen a esas entidades a dar salida, en régimen de alquiler, a su actual stock de viviendas.

2. Gasto público derivado de las operaciones financieras que se llevarán a cabo en el marco de esta línea de financiación anunciada por el Presidente del ICO.

3. Competencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en virtud de la cual se pueden conceder estos préstamos. La finalidad del BEI, según recoge su página web, consiste en pedir prestado dinero en los mercados de capital para prestarlo, a su vez, a un tipo de interés bajo a proyectos destinados a mejorar las infraestructuras, el suministro de energía o las condiciones medioambientales tanto dentro de la UE como en países vecinos o países en desarrollo.

lunes, 25 de julio de 2011

COMUNICADO DE ATTAC MADRID ANTE LA NACIONALIZACIÓN DE LA CAM

Ante la intervención del Banco de España en la Caja del Mediterráneo (CAM) con una inyección de capital de 2.800 millones y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días, ATTAC exige que el organismo regulador cambie las políticas respecto a la vivienda de dicha entidad.

La mala gestión de la entidad ha llevado a la CAM a una situación que solo puede solucionarse mediante la aportación de esa enorme cantidad proveniente del bolsillo de los ciudadanos. Una morosidad del 9,47% ha tenido como consecuencia que la entidad posea, debido a los créditos fallidos, más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos vacíos.

Por ello y para que la gestión por parte de la Administración corresponda a la voluntad de la ciudadanía, ATTAC exige:

- Que se elabore un censo de la totalidad de los pisos vacios en que la CAM posea la titularidad. Aquellos pisos situados en entornos en los que existan problemas de acceso a la vivienda deberán ser gestionados como alquileres sociales. Nunca esos alquileres podrán suponer más de un 30% de los ingresos de aquellos que tengan derecho, en función de sus circunstancias, a acceder a dicha vivienda.

- Paralización inmediata de todas las ejecuciones judiciales de hipotecas que en este momento esté llevando a cabo la CAM en que estén involucradas personas y familias, que en el contexto de la crisis económica, se encuentren en paro o en situaciones de precariedad. Casos como el de María José y sus dos hijos, desahuciados con urgencia el pasado día 20 de julio por parte de esta entidad y condenados ahora a vivir en un garaje y soportar una deuda de por vida de más de 200.000 €, no pueden volver a repetirse en una Caja que recibe 2.800 millones de la sociedad. A partir de este momento la CAM debe aceptar la dación en pago y mantener a los afectados en su vivienda mediante el pago de un alquiler social.

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.