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martes, 22 de noviembre de 2011

LA POLÍTICA DE VIVIENDA QUE VIENE

LA POLÍTICA DE VIVIENDA QUE VIENE

  • Fuentes 'populares' han apuntado que el área Vivienda seguiría en Fomento
  • La recuperación de la deducción fiscal para todas las rentas, la gran novedad
  • Impulsará varias medidas para ayudar a los bancos a dar salida a su 'stock'
  • 'La construcción debe ser un sector fundamental del crecimiento económico'

ELMUNDO.es | Lunes 21/11/2011

Tras la victoria electoral del Partido Popular (PP) en las elecciones generales, muchos cambios se aproximan en España. Y la política en materia de vivienda no será una excepción. Este área, que podría seguir siendo asumida —junto a Medio Ambiente y Transporte— por el Ministerio de Fomento como ya han apuntado fuentes 'populares' a Europa Press, vivirá principalmente cambios en materia fiscal.

Mariano Rajoy, dentro de su reforma fiscal que incluye la modificación del impuesto sobre la renta, recuperará la deducción por compra de vivienda habitual para todas las rentas. El Gobierno de Rodríguez Zapatero limitó esta desgravación desde el 1 de enero de 2011 a los ingresos medios y bajos (inferiores a 24.000 euros).

El IVA superreducido para la compra de casa seguirá vigente durante 2012

La otra gran decisión fiscal en materia de vivienda que el PP ha anunciado que tomará será la de aplicar de forma transitoria el IVA superreducido, al 4%, en la adquisición de vivienda nueva habitual durante 2012. En principio, esta medida la había lanzado el Gobierno socialista con fecha de caducidad de 31 de diciembre de 2011.

Y como novedad fiscal, el PP contempla en su programa electoral también la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el que grava las transacciones de inmuebles de segunda mano.

Más allá de la fiscalidad, también prepara un nuevo tratamiento para la venta de casas de las entidades financieras, el PP tiene muy claro que la construcción debe ser un "sector fundamental y uno de los motores importantes del crecimiento económico".

Con el objetivo de reactivar el 'ladrillo', apostará por volver a hacer fluir el crédito

Con el objetivo de reactivar el sector, considera fundamental hacer fluir el crédito que la banca no puede dar al estar lastrada por su excedente de viviendas en cartera. Para acabar con esta atadura al sector financiero, el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, ha apuntado que "el Estado y privados compartan riesgos para movilizar los excedentes de vivienda de la banca".

Éstas son sólo alguna de las medidas en vivienda que el PP había reflejado en su programa electoral desglosadas en 11 concisos y directos antídotos para el sector inmobiliario, donde el alquiler y la rehabilitación también están entre sus apuestas para el futuro del sector.

Mirando a las iniciativas puestas en marcha por Zapatero en sus casi ocho años de presidente como la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda al alquiler de 210 euros para jóvenes, su futuro resulta incierto, aunque el PP podría mantenerla. Un horizonte más oscuro tendría la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), cuya gestión siempre ha sido muy criticada por los 'populares'.

jueves, 17 de noviembre de 2011

COMUNICADO DE ATTAC-MADRID SOBRE LOS PROGRAMAS ELECTORALES EN MATERIA DE VIVIENDA


ATTAC-MADRID ADVIERTE DE QUE LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MAYORITARIOS NO ABORDAN UNA REFORMA PROFUNDA DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE VIVIENDA


Attac-Madrid considera que los programas electorales presentados por los partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) ponen de manifiesto la ausencia de una política de vivienda coherente, sostenible y que garantice el derecho de toda la ciudadanía al acceso y disfrute de una vivienda digna. Esta ausencia se concreta en los siguientes aspectos:

·       Los programas disfrazan de ayudas a las personas lo que en realidad son ayudas al sistema financiero y a los promotores.

·       Omiten la obligatoriedad de que los irresponsables (banca y promotores) paguen al menos parte de sus “errores”.

·       Visibilizan la inexistencia de una política para la vivienda en alquiler y, en especial, de “alquiler social”.

·       No abordan el tema del escandaloso número de viviendas vacías (3 millones, según el INE).

·       Eluden la modificación de la actual normativa urbanística, base del actual desastre social, ecológico, económico y de la corrupción generalizada.


Attac-Madrid denuncia esta situación que es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el boom inmobiliario de la última década ha sido el epicentro de nuestra actual crisis. Economistas tan autorizados como el Premio Nobel, Paul Krugman, o el catedrático de Economía Inmobiliaria, Ricardo Vergés, han llegado a afirmar que el corazón de la crisis financiera europea se encuentra en la burbuja inmobiliaria española y en la “flexibilidad” de ésta para absorber la liquidez acumulada de forma poco ortodoxa por los bancos europeos durante los últimos quince años.

Los programas electorales de los partidos mayoritarios destacan la importancia de mitigar la situación de las personas afectadas por un sistema hipotecario manifiestamente injusto y desequilibrado. Sin embargo, Attac-Madrid entiende que, a pesar de esta supuesta muestra de sensibilidad social, no se pretende afrontar una reestructuración profunda de nuestro sistema hipotecario ni encarar con realismo el insoportable lastre de la deuda hipotecaria. Asimismo, esta actitud serviría de justificación para enmascarar su verdadera preocupación, saciar el apetito de las entidades financieras por cobrar los imprudentes préstamos hipotecarios concedidos.

Attac-Madrid considera positivas iniciativas como el establecimiento incondicionado de la llamada “dación en pago” o la eliminación de prácticas y cláusulas contractuales abusivas, pero señala que sigue sin asumirse la necesidad de regular el flujo de crédito con actuaciones que impidan el sobre-endeudamiento masivo e insostenible. En este sentido, se echan en falta medidas como la limitación del número de años de amortización de la deuda, la exigencia de un ahorro previo del comprador o de la compradora (que impida las hipotecas por el 100% o incluso por el 120% del valor del inmueble), la proporcionalidad entre el importe del préstamo y la renta familiar disponible o el equilibrio entre la duración del préstamo y la vida activa.

Por otra parte, los programas guardan silencio sobre las consecuencias del riesgo inmobiliario y la exposición de las entidades financieras al precipicio de los impagos. Omiten las medidas a adoptar para evitar el inmenso agujero negro inmobiliario que nos ha llevado a la situación actual y que requieren de la intervención del FROB, lo que supondrá un incremento del déficit público y servirá como justificación para exigir futuros recortes sociales.

De igual modo, sorprende que no se aborde el tema del alquiler social y la necesidad de crear un parque público de viviendas, a pesar de que España se mantiene a la cola de la UE-15 en esta materia (apenas un 1% del total de viviendas, otros Estados comparables a España rondan el 20%). Algunos programas contemplan el alquiler social como un medio diferido de acceso a la vivienda en propiedad, fomentando de nuevo la utilización de los recursos públicos en beneficio de intereses privados. Lamentablemente, el discurso de la austeridad podría utilizarse como excusa para desmantelar la escasa vivienda que gestionan actualmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y todo ello en un país que ve cómo aumentan las situaciones de exclusión social.

También se detecta un sospechoso silencio en relación con la vivienda vacía. A diferencia de otros países europeos, no se ha encontrado en los programas citados una política definida para dar salida al inmenso número de viviendas desocupadas (3 millones según el último censo de vivienda publicado por el INE). No contemplan medidas como la estimulación del alquiler, la progresividad impositiva a las viviendas vacías y, sobre todo, a su acumulación. Sin embargo, sí se hace mención a la necesidad de encontrar mecanismos que permitan dar salida al stock acumulado por promotores inmobiliarios y entidades financieras, lo que significa dar un barniz social a actuaciones que solo les favorecen a ellos. Algunos programas tratan de facilitar la adquisición en propiedad de ese stock mediante la reducción del IVA o las desgravaciones fiscales.

El silencio se extiende a la normativa sobre suelo y urbanismo. No se propone la aprobación de un reglamento que desarrolle la Ley del Suelo vigente, ni la prohibición de instrumentos que han demostrado ser tan nefastos como los “convenios urbanísticos”, ni una reforma de la Ley de Haciendas Locales que permita desligar la financiación de los ayuntamientos del urbanismo. Tampoco se propone una Ley de Transparencia que abarque, además de las administraciones públicas, a la financiación de los partidos políticos. No es posible seguir manteniendo en la opacidad la relación partidos-entidades financieras, tan expuesta a los intereses particulares de los excesos de la burbuja inmobiliaria.

Los programas también obvian la puesta en marcha de una política efectiva enfocada a la rehabilitación, de especial interés por la cantidad de empleo que generaría y por ser una actividad sostenible indefinidamente en el tiempo. La rehabilitación con obligación de mejora de la eficiencia medioambiental contribuiría al necesario “decrecimiento” en el consumo de recursos energéticos y naturales, a la vez que mejoraría, directa e inmediatamente, la calidad de vida de la ciudadanía. Por otra parte, tampoco se adoptan compromisos concretos en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y al consumo de agua del parque inmobiliario.

Attac-Madrid señala que nos encontramos de nuevo con medidas que contribuyeron al boom inmobiliario y a la consolidación de la cultura de la propiedad a cualquier precio, como la actualización de la desgravación fiscal para la adquisición de vivienda, que, con el pretexto de ayudar al pago de las hipotecas, supone un elemento distorsionador de los precios al alza. Además, este tipo de incentivos fiscales tienen un efecto regresivo, puesto que benefician más a quienes tienen rentas más elevadas.


En definitiva, Attac-Madrid lamenta que los partidos mayoritarios citados insistan en poner parches a un modelo de vivienda y urbanismo que ha provocado un deterioro ecológico irreversible, inmensos desequilibrios sociales y un endeudamiento generalizado de la población. Unas políticas que no solo dificultan el acceso a una vivienda digna para gran parte de la ciudadanía sino que nos conducirán hacia situaciones de estancamiento que generarán más desigualdad, más recortes sociales y la consolidación de un poder financiero que dirige nuestras instituciones y gobierna nuestro futuro.

PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA COMPARA LOS PROGRAMAS ELECTORALES CON ANALGÉSICOS PARA UN CÁNCER

 

LA PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA COMPARA LOS PROGRAMAS ELECTORALES CON ANALGÉSICOS PARA UN CÁNCER


MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
  
La Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) cree que la mayoría de los programas electorales en materia de vivienda, en especial los de los partidos mayoritarios, son como "tratar a un enfermo de cáncer con analgésicos".

En un comunicado, el colectivo asegura que estos programas "se olvidan de causas, efectos y afectados y además, en algunos casos, traerían más crisis a medio plazo en un país ya devastado por las consecuencias de la vorágine crediticia".

La PVD dice que es "absolutamente increíble que algunos partidos tengan tanto desprecio por los ciudadanos y que recuperen propuestas como las desgravaciones por compra de vivienda para intentar recuperar la 'burbuja' inmobiliaria".

"El tan solo intento de insuflar aire la burbuja, a medio plazo, sólo traerá más deuda y por lo tanto más crisis para todos, incluyendo los propietarios de vivienda", añade.

Para este colectivo se ha de deshacer "el agujero negro inmobiliario que está engullendo todos los recursos financieros disponibles y por ende, asfixiando la economía española" y, para ello, propone "una profunda desinversión en el sector inmobiliario".

En este sentido, propuestas como "la socialización de perdidas inmobiliarias con la creación de un banco malo", sólo traerán, a su juicio, más paro generalizado y más precariedad, que afectará "hasta a las entidades que empujan estas irreflexivas propuestas".

COMUNICADO DE ADICAE SOBRE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA PARA EL 20-N



EFE. EL MUNDO | Madrid. Miércoles 16/11/2011

La Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha criticado los programas electorales de los principales partidos políticos porque no establecen mecanismos para desinflar la 'burbuja' inmobiliaria, equilibrar el precio real de la vivienda y mitigar el problema de alojamiento.

Según subraya Adicae en un comunicado, las propuestas de los grandes partidos contribuyen a generar una nueva escalada de los precios de la vivienda, al incluir iniciativas que se basan en los valores actuales.

La oferta electoral del PP supone una "vuelta al pasado" ya que propone establecer deducciones a la vivienda al considerarla una inversión, aplicar un IVA más reducido a la compraventa de la vivienda habitual e imponer restricciones de renta en el mercado del alquiler.

Según Adicae, el PSOE elude fijar medios que garanticen un precio asequible para la vivienda y se centra sólo en medidas para fomentar que las constructoras apuesten por la rehabilitación de inmuebles y ofrezcan en alquiler el parque de viviendas vacías.

Con respecto al programa de Compromis, Adicae lamenta que no incluya ninguna iniciativa para reducir la inflación inmobiliaria, mientras que IU plantea que el parque de viviendas sea comprado por la Administración y luego puesto a disposición de los particulares, sin mencionar cómo lastrará la adquisición de activos "tóxicos".

Adicae asegura que UPyD da pocas pistas sobre sus propuestas en materia de vivienda, en tanto que los grupos catalanes (CiU, ERC y EUIA-ICV) tampoco plantean recetas y apuestan por mejorar el acceso a la vivienda de los más desfavorecidos, como hace CiU, o priorizar fiscalmente el alquiler.


miércoles, 16 de noviembre de 2011

PROGRAMA DE VIVIENDA DEL PARTIDO "POR UN MUNDO MÁS JUSTO"

Una política de VIVIENDA y URBANISMO centrada en posibilitar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos, para lo cual resulta necesario un cambio de modelo urbanístico que apueste por una ciudad compacta frente a la actual ciudad dispersa, la cual genera segregación social, ineficiencia económica, un gran impacto ambiental y derroche energético.
  • Delimitar, o al menos orientar, la legislación urbanística de las diferentes comunidades autónomas y el desarrollo urbano de los municipios en función de diez principios que deben servir de guía en materia de urbanismo:

1. La rehabilitación frente a la preferencia por la construcción nueva.

2. La arquitectura acorde con el entorno frente al estilo universal imperante.

3. La vivienda como bien de uso frente la vivienda como inversión.

4. La vivienda social frente al predominio actual de la vivienda libre.

5. La vivienda en alquiler frente a la vivienda en propiedad como opción mayoritaria

6. Tejidos urbanos, en los que la proximidad y la habitabilidad reduzcan las necesidades de movilidad frente a la actual ciudad difusa necesitada de grandes infraestructuras y, consecuentemente, de un gran derroche energético.

7. Una política de vivienda basada en la regulación y no sólo en una política de gasto (subvenciones y beneficios fiscales). En tal sentido, se regulará para que la plusvalía por cambio en la situación básica de suelo (de rural a urbanizado) la redistribuya íntegramente la Administración y, en ningún caso, se beneficiarán de esta plusvalía los dueños del suelo rural.

8. Anteponer el derecho a la vivienda frente al desarrollo del sector económico de la construcción.

9. Criterios exclusivamente de planificación territorial y urbanística determinando el desarrollo de las ciudades frente a diversos intereses económicos de particulares que actualmente están incidiendo en el diseño de la ciudad.

10. Vincular la oferta con la demanda de primera vivienda, también para cualquier otro uso del suelo urbanizado, frente a la lamentable falta de control e información previa al estallido de la burbuja inmobiliaria.

martes, 8 de noviembre de 2011

LOS PROMOTORES APOYAN LAS MEDIDAS PARA VIVIENDA DEL PP: "La música suena bien"



El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, afirmó hoy que las propuestas electorales del PP en materia de vivienda en "términos generales" les parecen "bien" y están en "línea" con las medidas que el sector propone, aunque hay que esperar a ver "cómo se concretan".

"La música suena bien", señaló el presidente de la patronal promotora, quien en todo caso subrayó que hay algunas medidas "complementarias" a las anunciadas por los populares que se podrían hacer.

Recuperar el IVA de manera gradual

En declaraciones a Servimedia, Galindo valoró que se vaya a actualizar la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF y que se prolongue la aplicación del IVA superreducido a la compraventa. En este sentido, por ejemplo, destacó la necesidad de que al ser una medida transitoria, la vuelta a la aplicación de un IVA del 8% se haga de forma gradual, de manera que se beneficien más quienes utilicen antes los incentivos, con el fin de adelantar las operaciones.

Por otra parte, a los promotores les gusta la idea de que se impulsen acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas. "Desde el sector privado estamos absolutamente de acuerdo en buscar mecanismos para dar salida al stock", aseguró el responsable de la APCE, quien apuntó que en este marco de colaboración debería tener también presencia el sector financiero.

Quiere una mesa para mejorar la financiación de la vivienda

Así, abogó por "abrir una reflexión para ver las condiciones en que la banca" está dispuesta a canalizar la "poca financiación" que existe para impulsar la promoción de inmuebles allí donde no hay casas sin vender.

Según Galindo, sería importante "una mesa estable o más o menos bastante permanente de colaboración" entre Gobierno, banca y promotores para analizar "mecanismos de colaboración para salir de este círculo vicioso".

Sobre la modificación del impuesto de transmisiones patrimoniales para eliminar el efecto de tributación múltiple, los promotores están "absolutamente de acuerdo" con la medida, pues no se encarecerá tanto el producto final como ahora y facilitará la movilidad de personas y la actividad económica.

Desde la patronal de promotores respaldaron también las iniciativas orientadas a impulsar el mercado del alquiler, como la agilización de la resolución de conflictos y la mayor libertad de pactos. En este aspecto, la APCE cree que se debería mejorar la regulación de las empresas que se dedican al alquiler de vivienda desde el punto de vista fiscal.

viernes, 4 de noviembre de 2011

PROPUESTAS DEL PSOE EN MATERIA DE VIVIENDA



VIVIENDA: UN SECTOR MÁS EQUILIBRADO, UNOS CIUDADANOS MÁS PROTEGIDOS

El Gobierno socialista ha venido trabajando desde 2004 para lograr un reequilibrio progresivo del sector inmobiliario, reduciendo los grandes desajustes entre vivienda libre y protegida, de compra y de alquiler, y entre obra nueva y rehabilitación recibidos como herencia de los anteriores gobiernos de la derecha.

Nuestra máxima prioridad ha sido ayudar a las familias, que sufrieron especialmente las presiones del boom inmobiliario primero, por las dificultades o la imposibilidad de acceder a una vivienda, y se han visto afectadas después por la crisis y los problemas para afrontar el pago de las hipotecas.

En las dos últimas legislaturas se ha invertido en vivienda un 50% más de media anual que el gobierno anterior. Sumando los dos Planes Estatales, se ha construido un 23% más de vivienda protegida. Nuestra apuesta clara por una política pública la sintetiza un dato: más del 80% de las ayudas a la vivienda que se conceden en España son financiadas con fondos estatales diseñados por este Gobierno.

A lo largo de estas dos legislaturas hemos sentado las bases para diversificar el sector residencial, favoreciendo con la Ley del Suelo de 2008 un urbanismo equilibrado que pusiera fin a la especulación.

Además, nuestra acción de Gobierno ha ido encaminada a potenciar el alquiler, poniendo fin a la deducción fiscal por compra de vivienda, salvo para rentas menores de 24.000 euros, y aprobando deducciones y ayudas para inquilinos y arrendadores, así como estableciendo la Renta Básica de Emancipación, que ha permitido a 300.000 jóvenes emanciparse.

Creamos la Sociedad Pública de Alquiler para profesionalizar el sector y aprobamos una Ley de Fomento del Alquiler que aporta una mayor seguridad jurídica. Asimismo, el ICO ha destinado 2.600 millones de euros a incorporar al mercado de alquiler viviendas del stock que se construyeron para venta.

Impulsamos la rehabilitación como segundo eje fundamental para la diversificación del sector, convirtiendo los Planes Estatales en Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación que contienen ayudas directas, reduciendo el IVA a las actuaciones de rehabilitación y aplicando deducciones en el IRPF de hasta el 20% en el coste de las obras. Gracias a ello, la rehabilitación representa hoy el 20% de la actividad del sector, frente al 5,5% en 2004.

La promoción de la eficiencia energética ha sido un puntal de nuestra apuesta por la rehabilitación y en la nueva construcción –con el Solar Decathlon como mejor ejemplo y la hemos incorporado como elemento determinante en la modernización del sector inmobiliario, otra de nuestras prioridades, cuando aprobamos el Código Técnico de Edificación, que favorece, a su vez, la I+D+i.

Esta modernización debe producirse en paralelo al fomento de un modelo de crecimiento sostenible y al redimensionamiento del sector, que en el primer trimestre de 2011, representó el 4,3% del PIB y el 8% del empleo, recuperando así un tamaño racional en el conjunto de la economía española al volver a los niveles de 1995, anteriores a la creación de la burbuja inmobiliaria.

VIVIENDA SOSTENIBLE

La crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria han marcado y marcarán las directrices de la política de vivienda en esta segunda legislatura y en la próxima. El nuevo contexto exige enfocar la política de vivienda no sólo como un derecho a un bien de primera necesidad, sino también desde el punto de vista de una actividad económica que hay que transformar para que se convierta en un sector de mayor valor añadido, que sea capaz de generar empleo cualificado, y a la vez de contribuir a un crecimiento más sostenible y eficiente desde el punto de vista medioambiental.

Es en este contexto cobra un total protagonismo la política de rehabilitación, que se convierte en uno de los ejes fundamentales del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Teniendo en cuenta que nuestro país ha estado muy por debajo de la media de la UE-15 en cuanto al peso de la rehabilitación respecto al total del sector de la construcción (36% en UE-15 frente a 25% en España, en el año 2009), y que nuestro parque inmobiliario tiene cierta antigüedad (el 60% del parque edificado supera los 30 años según el Censo de Población de Viviendas publicado por el INE en 2001), la rehabilitación aparece como una actividad con un enorme potencial.

No obstante, la rehabilitación por sí sola no puede sostener todo el sector de la construcción. Si bien lo deseable es que este sector no vuelva a ocupar un peso tan preponderante en nuestra estructura productiva, también es cierto que la actual paralización de la actividad constructiva no puede perdurar a lo largo del tiempo. La normalización de la actividad no podrá lograrse si antes no se ha dado salida al stock existente de vivienda, que actualmente se cifra en torno a las 700.00 viviendas, de las cuales una alta proporción corresponden a viviendas turísticas. A ello hay que añadir las miles de hectáreas de suelo urbanizado o en proceso de urbanización y en suelo urbanizable o en proceso de reclasificación.

Evitaremos sentar las bases de otra burbuja inmobiliaria, apostando por aprovechar los recursos existentes de la forma más eficiente y sostenible y por impulsar el acceso a la vivienda a los hogares más vulnerables con un esfuerzo razonable.

Estos principios impregnan los ejes fundamentales de la propuesta socialista, que serán:

  • La política del alquiler y la rehabilitación, como actividad intensiva en empleo cualificado, que arrastra la actividad de empresas afines, incorpora las nuevas tecnologías, y apuesta por la eficiencia energética.
  • La salida al stock de vivienda existente, a través, fundamentalmente, del alquiler.
  • Un urbanismo sostenible, que limite los nuevos crecimientos sólo a aquellos casos en que estén realmente justificados y siempre que no existan otros recursos disponibles y/o susceptibles de ser empleados a través de la rehabilitación.
  • Acuerdo con las Comunidades Autónomas para consensuar las políticas necesarias que permitan hacer frente al grave problema existente en el sector, que afecta a miles de ciudadanos, provoca aumento del desempleo y restringe la capacidad de financiación de las entidades financieras al sector privado

Conforme a estos ejes se presentan las siguientes medidas:

- Nuevos planes estatales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana

• Se elaborará un nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración Urbana y Vivienda 2012-15, que potencie, frente a los nuevos desarrollos urbanos, la intervención rehabilitadora y edificatoria en las ciudades y la regeneración urbana para mejorar los espacios públicos y la calidad de las ciudades. Dicho Plan, fomentará, asimismo, la construcción estatal de vivienda protegida destinada al arrendamiento permanente a precios asequibles, especialmente para colectivos vulnerables, como las familias que sufran desahucio por embargo.
• Se sustituirán las transferencias de capital a las CCAA, propias de los Planes Estatales de Vivienda de los últimos 25 años, por intervenciones finalistas a través de Contratos-Programa que financien directamente actuaciones concretas.

- Medidas para fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana

Se desarrollará un sistema de gestión sencillo y eficaz del programa concertado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, desarrollando las siguientes medidas:
  • Mejora de los servicios de gestión y tramitación de ayudas utilizando las Oficinas de Rehabilitación preexistentes, incorporando a los Ayuntamientos y facilitando al usuario toda la información referente a las ayudas y ventajas fiscales existentes.
  • Impartición de Cursos de Formación específicos para la gestión de las ayudas a la rehabilitación.
  • Incorporación al sector privado en la gestión de las Ayudas públicas por medio de Convenios de Colaboración y Homologación con los agentes intervinientes para que puedan gestionar directamente el cobro de las ayudas a favor de los beneficiarios.
  • Incorporación del mecanismo de Declaración Responsable en la solicitud de licencias de obras de mejora o reforma en la vivienda –que no afecten a elementos estructurales ni a la configuración arquitectónica- con la finalidad de agilizar el inicio de las obras.
  • Potenciación de la Ejecución Concertada entre Administración, Propiedad y Empresas (Agente Rehabilitador y Edificador) como instrumento más eficaz para desbloquear la rehabilitación de los edificios, la edificación de los solares y la regeneración urbana.
  • Impulsar el régimen de colaboración público-privada en la gestión de la rehabilitación de viviendas y en la regeneración urbana en los ámbitos de Rehabilitación,
  • Potenciar el papel del ICO en la financiación de inversiones en rehabilitación y regeneración urbanas.
  • Crear un sistema de Calificación de Empresas Promotoras especializadas en Rehabilitación y Regeneración Urbanas.
  • Utilizar del Ahorro Energético como instrumento movilizador de la rehabilitación de edificios, fomentando la utilización de las energías renovables, así como el empleo de Tecnologías Avanzadas en seguridad, telecomunicaciones, producción energética, consumo y reutilización de agua y el empleo de materiales más eficientes desde el punto de vista de la insonoridad y la sostenibilidad.
  • Se revisará el Sistema Fiscal para flexibilizar las condiciones de aplicación del IVA a la rehabilitación.

- Medidas para fomentar el alquiler y movilizar el stock de viviendas existente:

En estos momentos existe en nuestro país un stock de viviendas terminadas no vendidas que rondan las 700.000 unidades, aunque su distribución no es homogénea a lo largo del territorio nacional, sino que se concentra en determinados entornos urbanos y, principalmente, a lo largo de la costa mediterránea y atlántica.

Es necesario hacer frente a este stock y facilitar su salida al mercado desarrollando el alquiler. Con ello, lo que se favorecerá una mejor asignación de recursos movilizando activos ociosos, al tiempo que se podrán acortar los tiempos para una recuperación de la actividad del sector, fundamental para la generación de actividad y empleo en el país.

El desarrollo del mercado del alquiler se convierte en un objetivo prioritario de la política de vivienda para lo que se desarrollarán las siguientes medidas:
  • Potenciación de la oferta en alquiler por medio de la mejora de los instrumentos de inversión colectiva en inmuebles (Fondos de Inversión Inmobiliaria, Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, etc.), otorgándoles un tratamiento similar al de otros países de nuestro entorno.
  • Coordinación de las actuaciones de la Sociedad Publica de Alquiler del Estado con las de las Comunidades Autónomas.
  • Definición e implementación del Certificado de Garantía de Calidad y Seguridad Jurídica de los inmuebles y del producto.
  • Estudio de la utilización del parque de viviendas turísticas vacías para su uso, por ejemplo, del turismo de la tercera edad, tanto de España como del resto de Europa.
  • Actualización de la fiscalidad de la vivienda para impulsar la salida del stockaje existente, potenciando su venta y el alquiler y beneficiar a las rentas más bajas, actualizando la vigente deducción por compra de vivienda para familias de rentas de 24.000 a 30.000 euros.

- Medidas para desarrollar un urbanismo transparente y sostenible.

  • Con el fin de agilizar la tramitación administrativa de los expedientes, se formulará un único Informe Conjunto, suscrito por la totalidad de los responsables de los Departamentos ministeriales implicados, poniendo especial énfasis en los informes de Sostenibilidad Medioambiental y de Sostenibilidad Económica de acuerdo con la Ley de Suelo 2007.
  • Realización de un mapa de las reservas de suelo de acuerdo con las Comunidades Autónomas, estudiando y proponiendo las distintas posibilidades de utilización y puesta en valor de cada uso.
  • Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, elevando los plazos de prescripción de los delitos de corrupción urbanística (artículo 131 del Código Penal).

- Promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas en política de vivienda

La gravedad de la situación del sector y sus implicaciones en términos de desempleo, financiación y dificultades de acceso de muchas familias, exige un esfuerzo conjunto de todas las Administraciones competentes en materia de políticas de vivienda para dar salida a la crisis. Por eso, impulsaremos un Acuerdo con las Comunidades Autónomas que permita consensuar y coordinar las medidas aquí planteadas en materia de impulso a la rehabilitación y la regeneración urbana, el alquiler, la salida del stock de viviendas y el desarrollo de un urbanismo sostenible, Un Pacto cuyos resultados se concertarían, asimismo, bajo la dirección del Estado, con bancos y empresas del sector.


PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LAS SITUACIONES DE SOBREENDEUDAMIENTO DE LOS PARTICULARES Y A LOS EMBARGOS HIPOTECARIOS

Las situaciones extremas producidas por la crisis y, en especial, la difícil situación consecuencia del sobreendeudamiento familiar obligan al Estado a desarrollar una serie de medidas especiales que den respuesta a estas necesidades específicas y, muy especialmente, solventen las deficiencias que se han puesto de manifiesto en relación con el sistema de crédito y con nuestro sistema hipotecario.

- Más y mejor formación financiera.

La variedad y complejidad de los productos financieros hacen imprescindible desarrollar una cultura financiera básica que permita a los usuarios poder tomar sus propias decisiones y no estar expuestos al riesgo de invertir y contratar lo que no entienden. Se necesita formación para negociar o renegociar las condiciones de la hipoteca. Por ello, potenciaremos los esfuerzos orientados a incrementar la cultura financiera del país y hacerlo llegar a un sector más amplio de la sociedad, como el portal “Finanzas para Todos” desarrollado por el Ministerio de Economía.

- Una nueva ley de insolvencia personal

Elaboraremos una ley de insolvencia personal que regulará el reparto equilibrado de los riesgos entre el deudor y el acreedor, sin que ello penalice el crédito futuro, encareciéndolo o restringiéndolo, y garantizando suficientemente la seguridad jurídica en el tráfico mercantil.

En relación con nuestro sistema hipotecario, aseguraremos la protección de los ciudadanos, desde el momento inicial de suscripción de la hipoteca hasta el eventual supuesto de ejecución, a través de las siguientes actuaciones:

- Regulación de las sociedades tasadoras

Regularemos las sociedades tasadoras para fomentar su competencia e independencia. Para conseguir dicho objetivo:
  • Se avanzará en suprimir las barreras de entrada al sector.
  • Se reforzará la regulación referida a los requisitos de homologación previa, de independencia, de incompatibilidades y de conflictos de interés.
  • Se establecerán “umbrales máximos de vínculo” a partir de los cuales no se podrá considerar que una tasación sea independiente, en cuyo caso se tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del prestatario. Se establecerán requerimientos mínimos de información que debe de ofrecer una entidad financiera a un potencial prestatario en relación a las distintas sociedades que pueden realizar una tasación de una vivienda.

- Más transparencia y mejor información

El endeudamiento excesivo en que han incurrido muchas familias también obedece a la insuficiente y deficiente información par parte de las entidades financieras. Los contratos hipotecarios son complejos, tienen una redacción farragosa y son muy difíciles de entender por la mayoría de los usuarios. Además, resulta muy difícil comparar las ofertas de las diversas entidades financieras para que el comprador pueda elegir la mejor opción para sus intereses.

Para corregir esta situación elaboraremos una nueva normativa que incluirá la
obligación para las entidades financieras de los siguientes aspectos:

  • Exigencia de facilitar información precontractual que permita a los consumidores comparar las condiciones hipotecarias de diferentes prestadores.
  • Disponer en cualquier momento de folletos de información general sobre la gama de productos de crédito que ofrecen.
  • Facilitar el asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras y que indique el coste final que se paga por la vivienda al finalizar el pago de la hipoteca

- Supresión de cláusulas, prácticas y situaciones abusivas

La crisis ha puesto de manifiesto también la existencia de cláusulas abusivas hipotecarias por parte de algunas entidades financieras que también han incidido en el sobreendeudamiento de las familias y que requieren una nueva regulación que las imposibiliten. Para ello, proponemos:

  • Limitar, para las hipotecas sobre la vivienda habitual familiar, el tipo máximo a aplicar en los intereses de demora y su aplicación en exclusiva al principal de la deuda.
  • La penalización por cancelación anticipada se limitará a la pérdida económica que sufre realmente la entidad cuando este derecho sea ejercido por parte del prestatario.
  • Establecimiento de un límite temporal mínimo por el que debe de ser reconocido el valor de tasación de una vivienda, impidiendo actualizar a la baja el mismo al poco tiempo de haberse constituido un crédito. Con esta medida se impedirá que el prestatario tenga que incrementar notablemente la deuda con la entidad financiera.

- Procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor.

La modificación de la legislación hipotecaria incluirá procedimientos para favorecer el acuerdo entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria con medidas como:

  • Favorecer la dación en pago pactada equilibradamente entre deudores hipotecarios y entidades financieras
  • Las ejecuciones hipotecarias deben ser el último recurso porque generan costes judiciales, imponen demoras de casi 2 años hasta la nueva posesión en los que se acumulan intereses y la vivienda queda paralizada, y cuando se llega a la subasta, el deudor no puede obtener por su vivienda un valor de mercado que le permita reducir al máximo su carga.
  • Por ello incentivaremos la dación en pago pactada como una solución más eficiente que las ejecuciones para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe.
  • Para favorecer estos acuerdos se pedirá la implicación de todos los agentes intervinientes, especialmente notarios y registradores, y se promoverá un acuerdo general con las CC.AA para eximir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los casos en que la entidad financiera acepte la vivienda para saldar la deuda. Esta exención estaría sujeta a límites para evitar abusos por parte de la entidad financiera.
  • En este contexto, estableceremos la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado, lo que se denomina dación en pago.

- Proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución

  • Se extenderán los plazos que permiten acudir a la ejecución hipotecaria cuando el hipotecado o principal proveedor de la unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de desempleo.
  • Cuando el acuerdo no sea posible y el deudor deba enfrentarse a la venta en pública subasta de su vivienda, se mejorará el funcionamiento de las subastas para que se maximice el importe obtenido por el deudor. Para ello:
  • Se suprimirán las barreras que impiden dificultan la participación en las subastas de varios un mayor número postores, abriendo el abanico actualmente limitado casi exclusivamente a entidades financieras.
  • En particular, se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.
  • Se avanzará en la implantación de la subasta telemática.
  • Se incrementará la información pública y la transparencia de todo el proceso, facilitando el acceso al inmueble de los postores y publicando en internet los datos relevantes del inmueble.
  • Se facilitará el acceso a la financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.

PROPUESTAS DEL PP EN MATERIA DE VIVIENDA



POLÍTICA DE VIVIENDA PARA EL CRECIMIENTO Y LA COHESIÓN

DIAGNÓSTICO

El mercado inmobiliario español es demasiado rígido. La crisis inmobiliaria, la escasez de crédito, el desempleo y el parón de la construcción residencial se retroalimentan en un círculo vicioso destructor de empleo que retrasa la recuperación.

El paro masivo y la incertidumbre asociada a las rentas familiares han deteriorado los niveles de accesibilidad a la vivienda en propiedad y han provocado un fuerte aumento de las ejecuciones hipotecarias.

El mercado de vivienda en alquiler es disfuncional ya que no ofrece seguridad jurídica. Impide movilizar una parte importante del stock de viviendas y dificulta aún más el acceso de los más jóvenes a una vivienda que les permita independizarse y dar continuidad a sus proyectos vitales. La falta de un mercado de alquiler ágil y flexible, junto con una fiscalidad inadecuada, generan una falta de movilidad laboral dentro de España que prolonga el desempleo.

OBJETIVOS

Impulsaremos una política que mejore los niveles de accesibilidad a la vivienda y que proporcione los incentivos adecuados para poner en valor el actual stock de viviendas, tanto mediante la reactivación de las compraventas como a través de un mercado de alquiler más amplio y profundo. Así podrá recuperarse un sector de la construcción convenientemente dimensionado y en el que la rehabilitación y la regeneración urbana asumirán un mayor protagonismo.

Proporcionaremos seguridad jurídica a los contratos de alquiler, introduciendo agilidad en los procedimientos de resolución de conflictos y una mayor flexibilidad. Un mercado de alquiler más dinámico y una fiscalidad de la vivienda más adecuada incentivarán la movilidad laboral y que los jóvenes puedan independizarse y asumir nuevas responsabilidades y planes de futuro en las etapas iniciales de su carrera profesional. Fomentaremos que los planes de vivienda protegida se enfoquen hacia las personas y familias con mayores dificultades objetivas de acceso a la vivienda a través del impulso del alquiler bonificado con opción de compra.

Promoveremos una mayor transparencia e información en el mercado hipotecario, mayor independencia en las tasaciones inmobiliarias, así como una revisión de la legislación concursal para reforzar los mecanismos de quiebra personal como solución equilibrada y eficiente para los problemas de sobreendeudamiento y de ejecución hipotecaria.

En coordinación con el resto de administraciones públicas promoveremos una nueva etapa en la gestión urbanística que, desde el actual modelo de potestades públicas discrecionales y subjetivas, dé paso a un mecanismo de autorizaciones públicas objetivas y regladas para las transformaciones y  cambios de uso del suelo, que erradiquen la corrupción. Esto permitirá una adaptación de la oferta de suelo más ágil y transparente. Impulsaremos un mecanismo de financiación de las haciendas locales que no las haga dependientes de la evolución del mercado inmobiliario.

MEDIDAS

1. Aplicaremos a la compraventa de viviendas habituales, de forma transitoria, el IVA superreducido. Actualizaremos la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

2. Modificaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales para eliminar el efecto de tributación múltiple en cascada de las compraventas sucesivas que actualmente limita la movilidad laboral en España. Permitiremos la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos cuando se ponga en arrendamiento la vivienda habitual y se alquile otra en el nuevo lugar de residencia.

3. Dotaremos al contrato de arrendamiento de mayor flexibilidad y libertad de pactos. Incrementaremos la seguridad jurídica a las partes y agilizaremos los mecanismos de resolución de conflictos.

4. Impulsaremos los programas de rehabilitación de edificios y viviendas.

5. Promoveremos el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales.

6. Impulsaremos de manera coordinada con todas las administraciones la rehabilitación de edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos hace más de 40 años.

7. Promoveremos una mayor independencia en las valoraciones de las tasaciones inmobiliarias, limitando la participación accionarial o el control de las entidades de crédito en las sociedades de tasación.

8. Incrementaremos la protección y la información suministrada al cliente hipotecario, estableciendo la obligación de la entidad financiera de informar sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en escenarios de alza de los tipos de interés y sobre el coste y condiciones de aquellas hipotecas que limiten sus garantías al bien hipotecado.

9. Reforzaremos la protección del consumidor para garantizar el equilibrio entre las partes, con el fin de evitar cláusulas abusivas. En el caso de ejecuciones hipotecarias aceleraremos la introducción de subastas judiciales electrónicas que permitan ampliar el número potencial de licitadores y, en ausencia de éstos, elevaremos el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble.

10. Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable.

11. Promoveremos que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar.

12. Impulsaremos los programas de arrendamiento bonificado con una opción de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado.

13. Protocolizaremos los procesos de transformación del suelo mediante procedimientos públicos, transparentes y disponibles en internet, que respondan a criterios reglados y conforme a un planeamiento urbanístico abierto, flexible y ágil.

14. Delimitaremos las competencias del Estado en materia de urbanismo que exijan un tratamiento común en el conjunto del territorio.

15. Promoveremos sistemas de cooperación, asistencia y asesoramiento a los municipios pequeños por parte de comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, con respecto al planeamiento y a la disciplina.

16. Impulsaremos acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda.