ÚLTIMO COMUNICADO

ATTAC-MADRID.  
CAMPAÑA VIVIENDA DIGNA. ENERO DE 2013.
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El Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), organismo autónomo creado en 1984 para hacer frente a las demandas organizativas y funcionales derivadas de las transferencias del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de vivienda, se encuentra ante una grave crisis de gestión. Las denuncias se acumulan. Así, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha puesto de manifiesto ante la opinión pública las siguientes deficiencias:
  • Los alarmantes retrasos en la adjudicación de viviendas
  • La ocupación ilegal de viviendas vacías
  • El alquiler ilegal de viviendas
  • Locales comerciales ocupados y transformados en vivienda
  • Plazas de garaje abandonadas
  • El impago de las cuotas a las comunidades de vecinos
  • Falta de mantenimiento de las estructuras y de las zonas comunes de sus inmuebles
  • Edificios vacíos y parcelas sin uso desde hace años
  • Retrasos en las remodelaciones de barrios y en las rehabilitaciones de viviendas.
A estas deficiencias del IVIMA se une una política aberrante con respecto a quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones como consecuencia de una grave crisis económica de la que no son culpables. Debemos recordar que aquellos que acceden a una vivienda del IVIMA lo hacen por motivos de precariedad.

os desahucios promovidos por el IVIMA se han instaurado como norma para aquellas personas que no pueden hacer frente al pago del alquiler, sin que su situación merezca una consideración específica. Mientras tanto, la solución que se ha ofrecido a los deudores hipotecarios desahuciados por los bancos es la de destinar 800 viviendas desocupadas, que gestionarán algunas ONG, como Cáritas, cantidad insuficiente frente a los más de 2.000 desahucios que se producen cada mes en la Comunidad de Madrid. Difícilmente podemos considerar que estas actuaciones cumplan con el compromiso de apoyo a la vivienda social, que el propio IVIMA identifica entre sus acciones prioritarias.

Por otra parte, se ha puesto en evidencia desde hace meses que el IVIMA ha emprendido el camino de externalizar su gestión. A la iniciativa de trasladar a diversas ONG la gestión de las viviendas destinadas a las familias desahuciadas, se añade la externalización de su gestión corriente, habiéndose transferido más de un millón de euros a una empresa privada y poniendo al personal del IVIMA a disposición de la misma.
Según informa CCOO, en junio de 2012 el IVIMA sacó a concurso dos contratos para la gestión del servicio denominado “Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio de Viviendas y Garajes del IVIMA”, uno para la ciudad de Madrid, y otro para el resto de la Comunidad. Una de las cláusulas de dicho contrato indica que el IVIMA facilitará a su adjudicatario cuantos modelos de listados, relaciones, actas y cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de la gestión encomendada. Así, la empresa adjudicataria únicamente realiza la última etapa de la gestión, correspondiendo el resto a los empleados del organismo público.

Debemos preguntar al señor Juan Van-Halen, máximo responsable del IVIMA, dónde están los análisis técnicos y económicos que justifican esta decisión y garantizan que no es fruto de la mera improvisación de la que hace gala este organismo en los últimos tiempos. Igualmente, debemos reclamar del señor Van-Halen que responda claramente si existe una intención de privatizar el organismo autónomo para transformarlo en un instrumento exclusivamente generador de ingresos que abandone definitivamente la, ya de por sí, precaria política de vivienda social de la Comunidad.

La falta de transparencia, la gestión caótica y la solución emprendida de externalizar sus servicios hacen que nos cuestionemos la capacidad del IVIMA para cumplir con sus fines, tal como el propio organismo define en su información institucional, es decir, ser el instrumento que mejor puede garantizar los aspectos de agilidad, eficacia y seguridad jurídica en lo relativo a la promoción pública de vivienda.

Desde Attac Madrid creemos que los problemas del IVIMA radican en su alejamiento, cada vez más acusado, de la realidad social de nuestra Comunidad. Como solución demandamos la apertura del organismo a la sociedad madrileña. Para ello, exigimos que se haga uso de la posibilidad establecida en el artículo 7 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y se cree un Consejo Asesor, del que formen parte mayoritaria las organizaciones sociales con intereses en el campo de la vivienda, que defina y oriente la política y la gestión del IVIMA. Hasta que se forme este Consejo Asesor deben cesar todos los desahucios de aquellos inquilinos que por motivos económicos no pueden cumplir con sus obligaciones.

Esta política debe estar priorizada al servicio de la vivienda social, para lo que debe implantarse de forma inmediata el alquiler social, tanto paras los desahuciados procedentes de viviendas alquiladas como para propietarios, así como para los grupos en situación de precariedad familiar. Para ello, debe emplearse el parque de viviendas desocupadas que posee el IVIMA.

Igualmente, demandamos una auditoria, pública e independiente, que proponga el modelo de gestión más adecuado para los fines sociales que deben perseguirse.