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martes, 12 de febrero de 2013

ILP por la dación en pago: justicia social y calidad democrática


"Pedimos a los 350 diputados del Congreso que voten hoy a favor de admitir a trámite la ILP. Por respeto democrático al millón y medio de ciudadanos que les han dado su apoyo. Por respeto a las 400.000 familias que ya han perdido su vivienda".

Josep Maria Álvarez, Ada Colau, Joan Carles Gallego, Jordi Giró, Àngels Guiteras, Vanesa Valiño.

Este martes en el Congreso de los Diputados se vota la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Las entidades promotoras de la ILP hemos conseguido un total de 1.402.854 firmas, lo que evidencia un clamor ciudadano para cambiar la legislación hipotecaria y poner fin al drama de miles de familias que se ven abocadas a la calle, sin vivienda y con una deuda de por vida.

La votación de la ILP para la dación en pago coincidirá con la votación de otra ILP, en este caso por la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, que según parece si será tomada en consideración –con menos de la mitad de firmas-. Este martes veremos qué prioridades son las que muestran tener los partidos políticos de este país. Consideramos que supondría un grave insulto a la democracia que el Congreso ni tan sólo tomara en consideración una demanda ciudadana con un apoyo tan amplio, muy superior incluso al número de votos que tienen algunos partidos con representación en el Congreso. Nos preguntamos para que sirven entonces las iniciativas legislativas populares y el requisito de recoger un mínimo de 500.000 firmas, si el Congreso puede rechazar sin considerar un texto que triplica esta cifra.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado Español. Las Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de desahucios son Andalucía (con 81.160), Cataluña (79.043) y el País Valenciano (77.435).

Desde el principio de la crisis se han producido en el Estado español más de 400.000 desahucios
Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo. Por otro lado, a la pérdida del empleo y de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos muy graves: en el estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente –más intereses y costos judiciales- tanto a la persona afectada como a aquellos que la hayan avalado.

Así, mientras que las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables siguen abocadas a la exclusión social.

Hoy, día en el que el Congreso votará la aceptación a trámite de la ILP por la dación en pago, no acaba nada. Al contrario, sigue la lucha para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país. Una vivienda digna es un elemento indispensable para garantizar el libre y correcto desarrollo de cualquier persona de nuestra sociedad. Se trata de un derecho necesario para poder ejercer otros, como el derecho al trabajo. No poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada persona o familia es un factor de riesgo de cara a la exclusión social. A pesar de ello, la vivienda, a menudo, no se ha considerado un derecho, y si un negocio más por la libre especulación.

Pedimos a los 350 diputados del Congreso que voten hoy a favor de admitir a trámite la ILP por la dación en pago y el alquiler social. Por respeto democrático al millón y medio de ciudadanos que les han dado su apoyo y por respeto a las 400.000 familias que ya han perdido su vivienda.

Josep Maria Álvarez, Secretario General de UGT Catalunya
Ada Colau, Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Joan Carles Gallego, Secretario General de CC OO Catalunya
Jordi Giró, Presidente de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Vanesa Valiño, Directora del Observatorio DESC

jueves, 31 de enero de 2013

Inquilinos del Instituto de Vivienda de Madrid: "Ni siquiera viniendo con el dinero nos dejan pagar"



Tras la acción realizada en la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid el lunes, que acabó con dos detenidos y una veintena de personas trasladadas a comisaría para su identificación, afectados por futuros desahucios del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) intentaron entrevistarse ayer con un responsable de la entidad en la sede.

A su llegada a las 11 horas, varios agentes antidisturbios impidieron la entrada a los presentes, que sólo podían acceder por cuentagotas, lo que ha provocado colas de hasta 30 personas en la calle. Y varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han visto impedido el paso al hall del edificio.

Las seis familias afectadas que han conseguido acceder al edificio habían presentado ya una solicitud de suspensión de desahucio basándose en la medida cautelar adoptada por el Tribunal Europeo de  Derechos Humanos, que paralizó en diciembre la expulsión de una familia que ocupa una vivienda del   IVIMA y tenían la intención de negociar ahora el pago de la deuda. Sin embargo, los responsables de gerencia se han negado a recibirlos y tan sólo han podido presentar sus peticiones en el registro tres horas después de su llegada.

Algunos inquilinos intentaron hasta en 18 ocasiones realizar los pagos, pero el IVIMA se niega a negociar"No nos dejan hacer frente al pago ni nos reciben. Ni siquiera viniendo con el dinero nos dejan pagar”, explica Marta, que lleva desde mayo intentando saldar su deuda y tiene su desahucio el próximo 25 de febrero. Como ella, algunos afectados intentaron hasta en 18 ocasiones realizar los pagos, pero el organismo responsable de garantizar una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad de momento se niega a negociar.

Tanto IVIMA como EMV continúan con la estrategia de los desahucios. Para hacerles frente de manera colectiva, el lunes 4 de febrero se ha convocado a una asamblea a las 19h en la sede de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para la creación de dos grupos específicos de afectados de estos dos organismos de vivienda pública.

viernes, 25 de enero de 2013

Los arquitectos de Madrid y el derecho a la vivienda



Declaración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid aprobada en la pasada Junta de Representantes Extraordinaria de 10 de enero de 2013:


LOS ARQUITECTOS DE MADRID Y EL DERECHO A LA VIVIENDA.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid contempla con preocupación la situación de la vivienda en nuestra Comunidad y en España, dramática para muchos conciudadanos.
Al problema de los desahucios de quienes no alcanzan a pagar sus hipotecas se suma el de los inquilinos en idéntica situación, el de los jóvenes que no pueden independizarse, el de quienes viven en infraviviendas o hacinados, y el de los que carecen lisa y llanamente de un lugar donde habitar.

Esta situación se produce, tras muchos largos años en los que la producción de viviendas superó cualquier cifra antes vista. Una producción que en muchos casos no daba respuesta a las necesidades sociales sino exclusivamente a las del negocio inmobiliario.

Así, al tiempo que muchos se endeudaban más allá de sus posibilidades otros se veían impedidos de acceder a la vivienda que necesitaban. Los precios alcanzaron cotas desmesuradas sí se ponen en relación con los Ingresos de los madrileños. E innecesariamente elevadas si se consideran los costos reales de producción, drásticamente inferiores a sus precios de venta: los arquitectos podemos dar fe de ello. Por su parte las administraciones no hicieron lo suficiente para dinamizar la producción de viviendas baratas, cuyo número se alejó de las necesidades y la demanda. Algo que se evidenciaba en los sorteos, de amargo recuerdo.

El exceso de urbanización no siempre tomó en cuenta los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental. Hoy nos encontramos con las consecuencias de los errores cometidos: decenas de miles de viviendas vacías, urbanizaciones fantasmas, edificios a medio acabar.

Los arquitectos de Madrid no quieren mantenerse al margen de la preocupación por esta situación de muchos de sus conciudadanos, que es la suya propia: la comporte y se hacen solidario de ella.

Por ello reclaman que se impulsen las leyes y la acción pública y privada que garanticen de forma real, prioritaria y urgente el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y 25 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos; asegurando a todos el ejercicio de su derecho a acceso a una vivienda digna y adecuada.


lunes, 21 de enero de 2013

Comunicado de la PAH ante la paralización del desalojo de IVIMA por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos



LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA DE ALOJAMIENTO CONSTITUYEN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

EL IVIMA DEBE SUSPENDER TODOS LOS DESAHUCIOS Y CUMPLIR SU FUNCIÓN DE GARANTÍA DE VIVIENDA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha paralizado por primera vez el desahucio de una madre de 24 años con dos hijos pequeños en el barrio de Vallecas de la única vivienda con que cuentan desde hace tres años. En su día accedieron al piso tras comprobar el estado de abandono del inmueble y tras solicitar sin éxito vivienda en varias ocasiones. La vivienda forma parte del parque de viviendas públicas que el IVIMA mantiene vacías.

El Tribunal de Estrasburgo ha pedido explicaciones al Estado español ante la orden de desahucio de la familia, que no cuenta con posibilidades reales de encontrar vivienda por su falta de ingresos, señalando que un desalojo en estas condiciones puede suponer un trato inhumano o degradante así como una medida desproporcionada en una sociedad democrática. El IVIMA se justificó alegando la existencia de una “amplia red de servicios sociales” sin concretar en absoluto dónde dormiría al día siguiente la familia. Para el TEDH estas explicaciones son insuficientes, por lo que ha ordenado la paralización cautelar del desahucio hasta estudiar en profundidad el caso.

De acuerdo a esta resolución, el IVIMA podría estar cometiendo violaciones de derechos humanos al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, incumpliendo lo establecido en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos degradantes o inhumanos. El artículo 8 prohíbe, entre otras cuestiones, el acceso al domicilio familiar por parte de las autoridades cuándo la medida es desproporcionada a los fines perseguidos dentro de un contexto de sociedades democráticas.

En los desahucios ejecutados por el IVIMA no se prevén alternativas de alojamiento, por lo que la resolución del Tribunal Europeo es extensible a la mayoría de desalojos que se tramitan en la actualidad, que podrían suponer violaciones de derechos humanos, incurriendo en responsabilidades graves y obligación de reparación a las víctimas.

Sería vergonzoso que el organismo encargado de garantizar vivienda para las personas vulnerables fuera condenado por violación de derechos humanos. Pero más grave sería que se continuase con los desalojos ante el serio aviso recibido.

Existen miles de viviendas vacías. Existen miles de personas sin hogar.

En consecuencia, EXIGIMOS a los responsables del organismo público IVIMA que ordenen el cese inmediato de los desalojos  a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y más allá de eso, adopten todas las medidas necesarias para garantizar que el IVIMA cumpla con su función fundamental, el amparo público de la población a la que el mercado niega el acceso a una vivienda.

En Madrid, a 14 de enero de 2013.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE MADRID

P.D: Podéis descargaos el modelo de escrito que estamos presentando en el IVIMA en el siguiente enlace:  Modelo Carta Suspensión proceso IVIMA

sábado, 12 de enero de 2013

Comunicado de la plataforma ¡Yo no me voy! contra la privatización y el desalojo forzoso de las viviendas de alquiler social de Madrid


Los vecinos de las viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) denuncian que el Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido el compromiso de iniciar el contacto para vender los pisos y mantiene las presiones a los vecinos
  1. Tras comprometerse Ana Botella en el pleno municipal a cumplir la ley e iniciar los contactos con los vecinos para que compren sus viviendas, estos no se han producido y los vecinos que pueden acceder a la compra no conocen las condiciones que marcará la EMVS.
  2. Los vecinos cuyos contratos son actualizables y expiraron en el mes de diciembre no han sido autorizados a pagar dejando el ayuntamiento a esos inquilinos en un limbo legal y vital.

Madrid, 11 de enero. La plataforma ¡Yo no me voy! contra la privatización y el desalojo forzoso de las viviendas de alquiler social continúa esperando que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid aporte una solución a los inquilinos de las viviendas que formaron parte del fallido proceso de venta a la inmobiliaria Renta Corporación. Desde que la compañía renunció a la compra de los inmuebles, aquellos vecinos cuyo contrato debía actualizarse en diciembre no han recibido noticias del ayuntamiento y no han tenido notificación para pagar el alquiler correspondiente al mes de enero quedando desamparados y sin conocer su futuro.

Mientras el resto de sus vecinos si han abonado la cantidad necesaria, estos inquilinos han trasladado su preocupación a la sede de la EMVS donde han intentado pagar sus rentas, pero los trabajadores encargados han rechazado el pago asegurando que no están autorizados.

Asimismo, los vecinos de las viviendas sociales reclaman una solución definitiva para todos los inquilinos, ya que desde que la alcaldesa de Madrid se comprometió en el pleno municipal a ofrecer a los vecinos la oportunidad de comprar sus viviendas, tal y como marca la ley, no han iniciado los contactos con los interesados en la compra para trasladar las condiciones, ni con aquellos que no pueden acceder a la transacción.

De las 116 viviendas afectadas, 40 están habitadas por personas mayores de 70 años que viven solas y en el 55 % de ellas viven personas septuagenarias acompañadas, por lo que la compra es prácticamente imposible para la mayoría de ellas y la falta de una respuesta clara por parte del ayuntamiento les imposibilita desarrollar su presente y su futuro.

“Hemos tratado de dirigirnos a la EMVS y hemos recibido la callada por respuesta, parece que se han enrocado en la posición de no dialogar con los vecinos y dejar pasar el tiempo para que la opinión pública se olvide de la situación. Los vecinos nos encontramos ante el desamparo más absoluto”, afirma Alberto Romeral, presidente de la plataforma de afectados.

La EMVS llegó a un acuerdo con la inmobiliaria catalana Renta Corporación el pasado 18 de octubre que se transformó en una opción de compra, operación de la que los vecinos no tuvieron noticias sino por la prensa y vagos rumores. Tras presiones y actitudes inaceptables, los vecinos decidieron reunirse en una plataforma para evitar la venta de estos edificios y tomar medidas legales. Unas semanas después, Renta Corporación anunció su renuncia a dicha opción de compra para evitar “conflicto social”.


PARA MÁS INFORMACIÓN.

Alberto Romeral, presidente de la plataforma ¡Yo no me voy!
Salva Martí, portavoz de la plataforma ¡Yo no me voy!

Correo electrónico: yonomevoy@hotmail.es o yonomevoy2012@gmail.com
Direcciones WEB: http://www.facebook.com/YoNoMeVoy
Twitter: @YonomevoyMadrid

viernes, 21 de diciembre de 2012

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspende cautelarmente el desahucio de una familia en Madrid


Gladys Martínez López. Diagonal.20/12/12
La corte ordenó al Estado español paralizar el desalojo de una vivienda del Instituto de Vivienda de Madrid.
El pasado 13 de diciembre, a las diez de la mañana, una familia más iba a ser desahuciada de la vivienda en la que residía. Se trata de una mujer de 24 años y sus dos hijos pequeños, que, en situación de exclusión, ocupaban irregularmente una vivienda vacía del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en la zona de Vallecas desde hace tres años. La familia explica haberse visto en la tesitura de ocupar este piso después de haber solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes una solución habitacional sin obtener ninguna respuesta.

La Comunidad de Madrid dictó en febrero de 2011 un acto administrativo por el que acordaba la “recuperación posesoria” de la vivienda y un juzgado de lo Contencioso-Administrativo acordó proceder a la expulsión a pesar de las alegaciones del abogado de la familia, César Pinto Cañón (Abogados Díaz Pinto), designado por el turno de oficio en mitad del proceso. Pinto procedió entonces a interponer un recurso de apelación, “pero éste no suspende la ejecución del acto de entrada”, explica a DIAGONAL. Cuando el caso parecía irremediablemente resuelto a favor del IVIMA, el letrado decidió recurrir a una última opción: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que tiene el poder de actuar cuando se haya producido o se vaya a producir la violación de un derecho fundamental.


Suspensión cautelar urgente

 

“El 6 de diciembre remití vía fax al TEDH una solicitud de medida cautelar de suspensión urgente ante la grave situación de la familia en precariedad económica y exclusión social”, explica Pinto, que alegó una posible vulneración del artículo 3 del Convenio de Roma [Convenio Europeo de Derechos Humanos], que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, además del artículo 8, que hace referencia a la protección de la familia. “Alegamos tratos inhumanos y degradantes porque se deja a una familia con menores en la calle sin adoptar ninguna medida, quedando ésta abocada a la precariedad y al desamparo”, afirma Pinto.
 
El día 11, el TEDH remitió una pregunta al Estado español sobre qué “soluciones de realojo alternativas van a proponer [a la familia] y en qué plazos” para evitar la posible violación del artículo 3 del Convenio, y recibió una respuesta del IVIMA, firmada por su director gerente, Juan Van-Halen, en la que se hace hincapié en el hecho de la “ocupación ilegal” y se afirma que “la demandante no pretende la defensa de un derecho sino el reconocimiento de un privilegio”, para después referirse a una “amplia red de servicios de asistencia”, pero sin aportar ningún tipo de solución concreta.
 
Ante esta situación, el día 12 a las 20h el TEDH acordó de urgencia, “en interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento ante el Tribunal, no expulsar a la demandante y a sus hijos de la vivienda que ocupan”, además de la tramitación de urgencia de este caso y de mantener el anonimato de la familia para proteger su intimidad.
 
En la comunicación remitida al TEDH junto al informe del IVIMA por Francisco de Asís Sanz Gandasegui, abogado del Estado, previamente a la decisión del tribunal de suspender el desahucio, mostraba su desacuerdo porque “someter a la consideración del Tribunal el criterio de la adopción de una medida cautelar en este caso, además de injustificada, puede ocasionar un precedente perjudicial (sic) para las personas que se encuentran en situación de necesidad”. Con una opinión totalmente opuesta, el abogado César Pinto considera que este precedente es muy positivo, pues “en cierta manera es incluir dentro de los derechos fundamentales los derechos sociales como el de la vivienda”, y si el tribunal emite finalmente una sentencia condenatoria “sentaría también un precedente que puede servir como una línea de defensa”.
 
De momento, el tribunal, tras la presentación de una demanda formal por parte de Pinto antes del 10 de enero, deberá decidir si la admite a trámite, algo muy probable dada su decisión de suspender cautelarmente el desalojo por posible vulneración del artículo 3. En este caso, el Gobierno español tendrá la opción de negociar con la familia una solución o bien esperar la sentencia, sabiendo que si es condenatoria significará el pago de una indemnización o el subsiguiente realojo de la familia, además de ahondar en el desprestigio del Estado, que ya ha sido condenado en varias ocasiones por el TEDH por vulneración de derechos fundamentales.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Botella seguirá adelante con el desalojo de 116 familias para vender sus edificios



Pese a que la inmobiliaria Renta Corporación ha renunciado a la opción de compra que había firmado con el Ayuntamiento de Madrid para hacerse con cinco edificios municipales, el Ayuntamiento de Madrid no ha renunciado a su intención de venderlo, y "probablemente buscará a otros compradores", pese a las protestas de las 116 familias que viven allí en régimen de alquiler a bajo precio y que serán consecuentemente desalojados.

Así lo ha anunciado esta mañana el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, una semana después de que la inmobiliaria anunciara su decisión de echarse atrás en el contrato firmado el 18 de octubre, lo le obliga a abonar 300.000 euros al Ayuntamiento a modo de compensación. El Gobierno municipal que lidera Ana Botella (Partido Popular) confiaba en ingresar 21 millones de euros con esta operación.
 
Los edificios afectados están en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas inicialmente en 6,7 millones), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones).
 
Izquierda Unida denunció la semana pasada que la inmobiliaria —de la que es consejero independiente el marido de Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP— había puesto a la venta ya en Internet el inmueble de la carrera de San Francisco por 8,2 millones, es decir, 1.5 millones más de lo que iba a pagar al Ayuntamiento. Y, según anunciaba, “libre de inquilinos”.

De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero público, 116 están ocupados por familias que, aunque son viviendas libres, pagan un alquiler social por debajo del precio de mercado. Se les había negado la compra de sus viviendas, pese a que tenían ese derecho por contrato. El Ayuntamiento prometía realojarlos en otros pisos, lejos del barrio en el que llevaban viviendo media vida.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Primeros pasos en la lucha por la vivienda. Historia.



Las huelgas de inquilinos se sucedieron a principios del siglo XX en Bilbao, Barcelona, Sevilla y Tenerife. Las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna se convirtieron en una reivindicación vinculada a la lucha obrera. El derecho a techo movió el siglo pasado a miles de personas en Europa y Latinoamérica.

 
El problema de la vivienda ha sido un punto débil del capitalismo desde su expansión a finales del siglo XIX. Las ciudades eran incapaces de absorber la mano de obra que necesitaba su industria. Mientras el Estado se mantenía al margen de esta creciente problemática, las clases acomodadas supieron buscar rentabilidad a las necesidades de techo. La carencia de viviendas, por un lado, y una gran necesidad de las mismas por otro, se traducía en unos alquileres casi imposibles de asumir por las familias trabajadoras. Así se veían obligadas al hacinamiento y abocadas a una vida miserable.

No obstante, la vivienda no era una reivindicación tan presente como las condiciones laborales. No fue hasta principios del siglo XX cuando tuvieron lugar las primeras huelgas de inquilinos, experiencias que, además de visibilizar la problemática, la situaron en la esfera política y judicial.

A lo largo de esos años, se reprodujeron experiencias huelguistas en muchos puntos del Estado. Es el caso de Barakaldo y Sestao en 1905, donde unas 2.000 familias paralizaron casi por completo la actividad económica del Gran Bilbao durante casi un mes. Les siguió Sevilla en 1919, Barcelona en 1930 y Tenerife en 1933, entre otras. Lo mismo ocurrió en Budapest en 1907, Viena en 1911 y en muchas ciudades inglesas, entre 1911 y 1913. En 1915, en Glasgow, se llevó a cabo una de las más importantes huelgas con un seguimiento de hasta 20.000 personas. Esta negativa a pagar el alquiler tuvo como consecuencia que, por primera vez, la vivienda fuera tratada jurídicamente como un derecho social. Es el principio de la vivienda pública.

También se produjeron movilizaciones al otro lado del Atlántico. En 1907, en las principales ciudades argentinas, se extendió una huelga de inquilinos durante tres meses, que tuvo más de 140.000 participantes. Todas ellas son experiencias que, basadas en la organización de los trabajadores en fábricas y barrios, beben de ideas en época de expansión: las anarquistas y las socialistas.

Sin pagar el alquiler

Estas huelgas consistieron en dejar de pagar los alquileres colectivamente como forma de presión para una mejora de las condiciones de vida, reivindicando una rebaja de los precios de los alquileres y/o la construcción y el acceso a viviendas públicas. En todas ellas, además, se llevaron a cabo diferentes formas de acción directa para evitar los desalojos forzosos, mientras se generaban procesos de movilización de importantes magnitudes, que, por supuesto, eran respondidos con altos niveles represivos: centenares de desalojados y de detenidos –sobre todo líderes comunitarios sindicales– .

En las movilizaciones destacó el papel de las mujeres, elemento clave en la lucha. Como actrices principales transformaron la percepción sobre sí mismas, así como su papel en la comunidad, organizándose y movilizándose políticamente a lo largo del proceso. De forma contraria a Glasgow, con mayor protagonismo socialista, en Sevilla y Tenerife los colectivos anarquistas, en concreto la CNT, tuvieron un gran peso. En Barakaldo y Sestao la huelga no sólo se desarrolló desde una posición autónoma al Partido Socialista, sino enfrentada. Finalmente, las peticiones de las ligas de inquilinos de rebaja del 50% de los precios de los alquileres, saneamientos anuales de las viviendas y reconocimiento de las asociaciones como interlocutores con las autoridades, no tuvieron ningún resultado positivo. Esto tuvo como efecto el boicot de los afectados a la huelga general que después convocó el Partido Socialista. Algo que dejó en evidencia la necesidad de este partido de tomar contacto con sus bases.

Más allá de los resultados inmediatos, se creó un movimiento de la clase obrera industrial que defendió sus condiciones de vida en la esfera del consumo. Sin duda, fueron luchas decisivas para vincular la fábrica con la comunidad y el Estado, superando los límites propios de las reivindicaciones salariales en el puesto de trabajo.



Glasgow

En el caso de Glasgow, por ejemplo, podemos argumentar que gran parte de su éxito se debió al apoyo del los partidos socialistas, en concreto el Partido Laborista Independiente y la Federación Socialdemócrata, de los que surgen los Comités de Inquilinos y las Asociaciones de Vivienda. Estos apoyos, junto con una fuerte movilización en la calle daban avisos de una potencial amenaza de huelga industrial y todo ello en un contexto de guerra. Tras varios meses de movilizaciones y negociaciones la huela termina con la aprobación de una ley de restricción de los alquileres. En 1919 se aprobará la Ley de Vivienda y Urbanismo, bajo la que los gobiernos locales quedan obligados a construir viviendas para los trabajadores. Es el principio de la vivienda pública, pero más allá de eso, la primera vez que se trata jurídicamente la vivienda como un derecho social. En 1922, pero, se vuelve a convocar otra huelga en la que, a pesar de contar con 20.000 huelguistas, no se contó con los apoyos anteriores y no se obtuvo respuesta positiva a las demandas.


Argentina

Otro ejemplo diferenciado lo encontramos en Argentina, donde la huelga, que tuvo un seguimiento del 80% fue convocada por la Liga de Lucha Contra los Altos Alquileres e Impuestos, reivindicando un 30% de rebaja en los precios. Esta huelga contó tanto con el apoyo de la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) de tendencias anarquistas, como de la UGT, aunque con posiciones distintas: mientras la FORA apoya la reivindicación de los huelguistas pidiendo una rebaja de hasta el 80% del precio, la UGT, reclama la construcción de nuevas viviendas públicas, generando una ruptura entre ellos como interlocutores y los huelguistas. El balance aquí tampoco fue muy positivo: aunque en algunos casos se consiguiera en un principio que se bajasen precios, no se hizo en la mayor parte de los conventillos. En 1908 hubo una nueva subida de los precios pero no sucedió nada.
 
* Mercè Cortina es profesora de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y doctoranda en Ciencias Políticas.

Vitoria cobrará 260 euros a los propietarios de viviendas vacías

Vitoria cobrará 260 euros a los propietarios de viviendas vacías

domingo, 15 de julio de 2012

VIVIENDA SOCIAL: ¿CAMBIARÁ LA SITUACIÓN LA COMISIÓN EUROPEA?





En Francia, en los últimos días, se ha extendido un debate muy interesante sobre la situación del alquiler social y su marco dentro de la UE. Traducimos el artículo de Le Monde que ha dado origen a esta polémica, añadiendo los comentarios, tan distante de la situación del paupérrimo alquiler social en España.


 VIVIENDA SOCIAL: ¿CAMBIARÁ LA SITUACIÓN LA COMISIÓN EUROPEA?

Por Anne Villechenon. Le Monde.fr | 03.07.2012

Si la gestión de la vivienda social de alquiler en Francia ya ha suscitado mucha polémica, ahora podría ser objeto de una decisión de la Comisión Europea. El 5 de mayo, la Unión Nacional de la Propiedad Inmobiliaria (UNPI) presentó una denuncia en Bruselas contra las ayudas públicas francesas al sector de la vivienda social. Veamos lo que está en juego con este recurso:

¿Por qué la UNPI ha puesto una denuncia?

Esta denuncia, que sólo se ha hecho pública este lunes, tiene el objetivo de “restablecer las condiciones para una competencia leal en el mercado inmobiliario de alquiler.” Efectivamente, la UNPI asegura en un comunicado que “los arrendadores públicos franceses (…) hacen la competencia directa a los arrendadores privados, al dirigirse al mismo público.”

Según la UNPI, esta competencia se produce porque el parque de viviendas sociales francés no estaría cumpliendo su función, en concreto la de “proveer viviendas protegidas de alquiler a las familias de los dos primeros deciles de la escala de ingresos, el 20% de hogares franceses más pobres.” Sin embargo, argumenta la UNPI en su comunicado, “en 2007, los criterios de elegibilidad permitieron acceder a la vivienda social a 400.000 familias que se encuentran entre las más ricas de Francia, y más de 50.000 de ellas pertenecían al décimo décil, el más alto en la escala de ingresos.”

¿Qué competencias tiene la Comisión Europea en el sector de la vivienda?

En un artículo titulado “¿La vivienda social, para quién?” de Noémie Houard, responsable de proyecto en el Centre d'analyse stratégique e investigadora en el Centre de recherches politiques de Science Po, “aunque la competencia en materia de vivienda corresponde a los Estados miembros, la Comisión Europea tiene la postestad de controlar a posteriori la cualificación de “Servicio de Interés Económico General” (SIEG) otorgada por los Estados miembros.”

La UNPI considera que “las ayudas al parque inmobiliario público francés violan la reglamentación europea de la competencia en lo que se refiere a las ayudas del Estado, al tiempo que no cumplen las normativas a nivel europeo relativas a la compensación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG).” Con lo que la Comisión Europea tiene competencia para procesar la demanda de la UNPI.

¿Ha habido precedentes en otros países de la Unión Europea?

En su artículo, Houard menciona dos casos similares, en los Países Bajos y en Suecia. En respuesta a las demandas presentadas ante la Comisión por inversores privados y promotores inmobiliarios por distorsión de la libre competencia - como acaba de hacer la UNPI -, Bruselas pidió a estos dos países que hicieran profundas modificaciones en su política de vivienda social.

Los Países Bajos, donde más de una tercera parte de las viviendas formaban parte del parque social en 2011, han reorientado su política de atribución de pisos de protección oficial hacia las familias más pobres, mediante la fijación del techo de ingresos en 33.000 euros por hogar y año. Por su parte Suecia ha armonizado las ayudas que conceden los ayuntamientos a los arrendadores públicos a los precios del mercado. De todas formas, aunque en algunos estados se han puesto en marcha reformas, su aplicación sigue dependiendo de sus administraciones públicas.

Anne Villechenon


Sus reacciones (9) Reaccionar

Jean Robert GAUTHEY Hace 6 días
Estoy harto de que los impuestos sirvan para pagarles la vivienda a familias cuyos ingresos superan los 10.000 euros mensuales. El dinero público es saqueado por unos burgueses bohemios que mantienen su consciencia tranquila votando a la izquierda. ¡Es hora de limpiar los establos de Augias de las ayudas públicas y destinarlas a los que realmente las necesitan!

Léo de H. Hace una semana
Ojalá que Europa nos ayude pronto a todos. En Francia tenemos un auténtico problemón. Un artículo de Le Monde del 14 de junio se titulaba: “Mercado Inmobiliario: Francia es uno de los países más caros de Europa.” ¡Y hablaba del precio del metro cuadrado de la vivienda nueva! ¿No será simplemente porque este mercado está subvencionado y administrado a ultranza, de forma que el sector se chupa los fondos públicos con la ayuda resuelta de los cargos electos, sea cual sea su color político? Ésta es la cruda realidad.

Info Trois G Hace una semana
¿¿¿Han cambiado el título??? ¿Permite eso limpiar con “Don Limpio” las reacciones que ensucian las mentes y que podrían traer malas fermentaciones? ¡Al subrayar la palabra Europeo, a juzgar por el funcionamiento de esta Institución tan querida por las gentes de todos los países!! ¡¡¡La voz del Señor Nadie/Señor Todo el mundo” es soberana y infalible!!! No se la discute, se acepta, y se obedece!!! ¡Estamos en democracia, no lo olvidéis! ¡Habéis votado! ¡Estamos en el estreno de la Campaña OXYMORE!

A.BRUTI Hace 1 semana
¡¡¡Pobres propietarios privados…!!! ¡Si ahora mismo sigue siendo la mejor inversión! ¡¡¡Desde luego, hay gente que nunca tiene suficiente!!! En estos tiempos en que las obligaciones de estado son o arriesgadas, o no rentables (¡el bund alemán está por debajo de la inflación!) y que no sabemos lo que va a ser de la bolsa. Sin olvidar las plusvalías monstruosas del inmobiliario. La UNPI no tiene vergüenza.

Debonaloi hace 1 semana
Al mismo tiempo, el informe reciente de la Cour des Comptes (Tribunal de las Cuentas) sobre las finanzas públicas insiste (una vez más) en lo que la prensa no destaca, la necesidad de profundas reformas de las sociedades gestoras del alquiler social y sus “casas madres” las instituciones paritarias del 1% - Acción Vivienda (% de la masa salarial que pagan las empresas para ayudar a los trabajadores a acceder a una vivienda) cuya actividad no se considera satisfactoria.

Lol hace 1 semana
Espero que sea una broma. Con los años que se lleva criticando la ghettoización de nuestros barrios, ¿ahora se quiere expulsar de las viviendas de protección oficial a las clases medias para que sólo se queden allí los pobres? Obligar a Francia a hacer esto por la ideología de la “libre competencia” sería una provocación muy grave por parte de Europa.

Philippe murer hace 1 semana
Es absolutamente escandaloso que en nombre del Dios Competencia la UE se arrogue el derecho a dictar la política de vivienda social de un país. No se puede valorar todo con el rasero de la competencia, la vida y las elecciones vitales son mucho más complejas. Tenemos que resistir Philippe Murer www.forumdemocratique.fr

Allain D. Hace una semana
Y Le Monde o la señora Villechenon siguen sin explicarnos cuáles son la representatividad y la legitimidad de la majestuosa UNPI. ¡¡¡Para las HLM (Viviendas de Protección Oficial de alquiler) sabemos quién es la USH y que las sociedades locales de HLM (en Niza o en otras partes) sólo hacen obra social cuando se les zarandea un poco!!! ¡Quizás la señora Duflot tiene una idea sobre lo que se está cociendo aquí!

a.gao hace 1 semana
La situación en Francia es diferente a la de Suecia o la de los Países Bajos: al contrario de lo que afirma el artículo y de los argumentos de la UNPI, el acceso a la vivienda social no es “universal” en Francia. Está supeditado a un techo de ingresos, en función de la financiación y de los alquileres aplicados. Estos techos, rebajados un 10% en 2009 por la Ley Boutin, restringen su acceso a una buena mitad de la población. Los recursos en el momento de la adjudicación están estrictamente controlados por las sociedades de gestión de los HLM (VPO).

domingo, 8 de julio de 2012

DIFERENTES MOVIMIENTOS SOCIALES ENTREGAN EN FOMENTO UN DOCUMENTO DE RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL ALQUILER


El lunes 9 de julio, a las 11 h, en el Ministerio de Fomento. Consideran que precariza aún más el alquiler y anula las garantías judiciales en los desahucios


 
Madrid, 06 de julio. Representantes de diferentes organizaciones y movimientos sociales se concentrarán el lunes 9 de julio, a las 11 de la mañana, ante el Ministerio de Fomento (Pº de la Castellana, 122) para entregar un documento conjunto en el que solicitan la retirada del anteproyecto de ley de reforma y flexibilización del mercado de alquiler, al considerar, entre otras cosas, que precariza todavía más el alquiler y minimiza las garantías judiciales en los desahucios.

Por este motivo os convocamos a acudir a la entrega del documento, donde podréis recoger declaraciones de cualquiera de los responsables de las organizaciones firmantes.

Con el anteproyecto del Gobierno, señalan los firmantes del documento, se reduce de cinco a tres años el tiempo de alquiler, lo que lo convierte en una opción meramente temporal. Asimismo, el propietario puede disponer de la vivienda en cualquier momento, independientemente de que esta posibilidad se haya pactado o no en el contrato. Y, por otro lado, se abre la puerta a los “residentes” en paraísos fiscales para que puedan blanquear dinero negro comprando viviendas.

Estas organizaciones denuncian además que la futura ley contempla una vía para que bancos y grandes inmobiliarias puedan constituir un tipo de sociedad: Sociedad Anónima de Inversión Cotizada en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), parecida a la SICAV, por sus ventajas financieras, fiscales y legales.

El texto del Gobierno dice que tiene como finalidad profesionalizar el sector, pero no contempla medidas que faciliten la intervención de empresas profesionales especializadas en alquiler, sino que pretende activar el mercado de viviendas vacías hacia sectores especuladores y concederles enormes ventajas fiscales.

Las organizaciones firmantes del documento son  Attac-Madrid, Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma por una Vivienda Digna, Asociación Libre de Abogados (ALA), Centro de Asesoría de Estudios Sociales (CAES), Grupo de Trabajo de Economía Sol, Plataforma de Auditoría de la Deuda, Plataforma por la Nacionalización de las Cajas, entre otros.

martes, 3 de abril de 2012

LA DEFENSORA DEL PUEBLO Y LA VIVIENDA VACÍA


La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha asegurado que no permanecerá "impasible" mientras las administraciones públicas tengan "miles" de viviendas en propiedad vacías o infrautilizadas y haya numerosos ciudadanos que no pueden ni siquiera acceder a una.

Os enlazamos dos artículos publicados recientemente por el diario El Mundo en los que se resumen los puntos de vista de la Defensora del Pueblo en relación con el escándalo de la vivienda vacía en España.

La Defensora del Pueblo denuncia las 'miles' de casas vacías de la Administración

La Defensora del Pueblo investiga de oficio la existencia de viviendas VPO desocupadas


sábado, 24 de marzo de 2012

POLÍTICAS DE ALQUILER Y REFORMA LABORAL



Un lector de EL PAIS, David Carrascosa, ha escrito una carta al director que destila gran sensatez. En tiempos es que nos exigen movilidad y los contratos laborales se precarizan, las políticas de fomento del alquiler, las más lógicas para afrontar la anistebilidad laboral, van desapareciendo. Mientras se fomentan las políticas que facilitan el acceso a la vivienda en propiedad, aquellas que se basan en el endeudamiento durante grandes periodos de tiempo, justo lo contrario que se exige a los trabajadores en los contratos laborales. Siendo está nuestra única garantía de pago hipotecario real.

El pasado Consejo de Ministros, celebrado el 16 de marzo, supuso el fin para uno de los proyectos que, iniciado con el Gobierno socialista, venía a dar respuesta a una de las demandas sociales que más había crecido en los últimos 20 años: el fomento del alquiler.

El actual Gobierno no solo ha suprimido la Sociedad Pública del Alquiler tras siete años de existencia, sino que también ha hecho lo propio con la línea del ICO con la que se financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran su stock en alquiler. Con anterioridad ya había eliminado la renta básica de emancipación.

Lo cierto es que había sido la población más joven la que, por la movilidad territorial a la que cada vez obliga más el mercado laboral, más había accedido al mercado del alquiler. Ahora, con la nueva reforma laboral y la volatilidad de los contratos de trabajo, tal movilidad territorial tiene visos de ser aún más frecuente. Sin embargo, los que se vean obligados a cambiar de residencia no encontrarán ningún apoyo gubernamental para cubrir su necesidad de vivienda.

Parece, ciertamente, que el Gobierno del Partido Popular se ha imbuido totalmente del espíritu y de la letra de la Constitución de 1812, que en su artículo cuatro decía que “la nación española está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad…”.— David Carrascosa.

martes, 20 de marzo de 2012

LA MÁXIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE FRANCIA OBLIGA A LAS AUTORIDADES A DAR ALOJAMIENTO A LOS SIN TECHO


Thierry Lévêque y Chine Labbé, editado por Patrick Vignal
Yahoo France Reuters – 10 /02/2012

El Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa de Francia, ha considerado, en respuesta a una demanda interpuesta por la asociación Droit au logement (DAL), que la inexistencia de soluciones habitacionales de urgencia para los sin-techo representa un atentado grave a una libertad fundamental.

La asociación DAL califica esta decisión de “histórica” porque, según ella, permite acudir a los tribunales de justicia para hacer respetar los derechos de todos los sin-techo y obliga a las autoridades a actuar en prácticamente todos los casos. Este fallo se dicta precisamente cuando una ola de frío sin precedentes en los últimos veinte años azota Francia desde la semana pasada, dejando al menos doce muertos, algunos de los cuales eran sin-techo.

“Corresponde a las autoridades públicas hacer efectivo el derecho al alojamiento de urgencia, reconocido legalmente a cualquier persona sin-techo que se encuentre en situación de precariedad médica, psíquica y social”, ha sentenciado el Consejo de Estado. “El incumplimiento de esta labor puede suponer un atentado grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental, al mismo tiempo que acarrea consecuencias graves para la persona afectada”, añade el fallo.

El Consejo de Estado aplica así la Ley DALO (Ley del derecho a la vivienda vinculante) aprobada en 2007, al final del último mandato de Jacques Chirac. Rechaza los argumentos presentados por el gobierno en su defensa, según los cuales la administración tiene derecho a “establecer una jerarquía de las situaciones de urgencia”. El Consejo de Estado precisa, por el contrario, que corresponde a los jueces examinar caso por caso las gestiones de las autoridades para ver si son conformes a la ley.

El asunto que motivó la demanda concernía a un hombre de Costa de Marfil que tuvo que abandonar su domicilio como consecuencia del incendio acaecido en su vivienda de Gentilly (Val-de-Marne) y que, después de pasar dos noches en albergues, se vio literalmente sin techo. En la víspera de la audiencia ante el Consejo de Estado, un equipo móvil se hizo cargo de él y le ofreció alojamiento, pero el Consejo de Estado decidió sobre el asunto. Esta decisión implica, por tanto, que un sin-techo puede presentar una demanda por no tener acceso a un alojamiento y obtener un mandato judicial para que las autoridades públicas le ofrezcan un techo.

La asociación DAL considera que este fallo puede cambiarlo todo. “Esta decisión impone al Estado la obligación de poner todos los medios necesarios para ofrecerle una acogida y mantener esta situación hasta su realojo”, escribe la asociación en un comunicado. Asimismo, exige al gobierno que ordene a las autoridades municipales la expropiación, si fuera necesario, de todos los locales y viviendas posibles para garantizar el alojamiento de los sin-techo.

Según la Fundación Abbé Pierre, 133.000 personas se encuentren sin techo en Francia y 685.116 carecen de vivienda personal, por lo que viven en casas de terceros, en residencias sociales, en hoteles o en espacios habitacionales improvisados.

lunes, 5 de marzo de 2012

LA ONU PIDE A LOS GOBIERNOS QUE LA VIVIENDA VUELVA A SER UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA

Fotografía de Raquel Rolnik, Relatora especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda.

  • 'La crisis es una oportunidad de oro para replantear las políticas'
  • 'Tienen la responsabilidad de proteger el de acceso a una casa adecuada'
  • Aboga por alternativas como el alquiler o la propiedad compartida
  • Consejero catalán del ramo: Hay que 'cambiar el chip' de los promotores

La relatora especial sobre derecho a la vivienda de las Naciones Unidas, Raquel Rolnik, ha afirmado que la crisis pone de relieve el fracaso del modelo mercantilista de la vivienda. Ha destacado que esta realidad se convierte en una oportunidad para que esta deje de ser un producto y se convierta en un derecho.

"La mercantilización generalizada de la vivienda ha fracasado y la crisis es una oportunidad de oro para replantear la gestión de las políticas de vivienda", ha declarado Rolnik. "Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a una vivienda adecuada, puerta de entrada del resto de derechos", ha indicado.

Dice que la propiedad individual tasada es tan sólo una forma de tenencia y explotación

En este sentido, la relatora ha asegurado que la propiedad individual tasada en el mercado es tan sólo una forma de tenencia y explotación de la vivienda y ha defendido la necesidad de buscar alternativas como el alquiler o la propiedad compartida.

La relatora ha hecho estas declaraciones como invitada a la conferencia que el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha realizado en el Colegio de Abogados de Barcelona.

Al acto también ha asistido el secretario general de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, quien también ha apostado por formas alternativas que hagan "cambiar el chip" de los promotores de vivienda y apuesten por nuevas formas que ha asegurado, quedarán recogidas en el nuevo Plan de la Vivienda previsto para 2013.

Sala también se ha referido al 'Código de Buenas Prácticas' bancarias presentado por el Ministerio de Economía y competitividad como "claramente insuficiente" y ha apostado por la promulgación de una ley de segundas oportunidades, según la cual la deuda prescriba al cabo de un tiempo.

'Se ha llegado a naturalizar la vivienda como cualquier otra mercancía'

Por su parte el presidente del Observatorio, Jordi Borja, ha denunciado que "se ha llegado a naturalizar la vivienda como cualquier otra mercancía", ante lo que ha defendido el derecho a la desobediencia para cuestionar la legalidad cuando ésta no es legítima.

Rolnik se había citado previamente con 80 personas de toda Cataluña que han perdido o van a perder sus casas al no poder pagar al banco y recibió un dossier con más casos reales recogidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Asimismo, la Plataforma ha anunciado que empezará a recoger firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso para la reforma de la Ley Hipotecaria que incluya la dación en pago retroactivo, la moratoria de desalojo y la reconversión de hipotecas que no se pueden pagar, en alquileres asequibles.