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lunes, 8 de abril de 2013

La broma del plan de vivienda



La broma del Plan de Vivienda. Por Alejandro Inurrieta. El Mono Político. 6 de abril 2013


Después de más de un año de mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy ha alumbrado un denominado Plan de Vivienda y Rehabilitación que, como la mayoría de lo presentado hasta ahora, es hueco y carece de credibilidad. El plan mezcla cifras para agrandar la oferta de fondos y elude la solución más aconsejable: apostar de verdad por un mercado de alquiler grande, con una significativa aportación de vivienda pública y social y por la creación y consolidación de un mercado profesional de alquiler con agentes privados potentes que puedan financiar su desarrollo y mantenimiento.

Lo primero que sorprende del anuncio, hecho ayer a bombo y platillo, son las cifras sobre el mercado de alquiler en España. La ministra del ramo, Ana Pastor, apunta a que el mercado de alquiler en España supone un 17% del total, frente al último dato oficial del censo de viviendas de 2001, que hablaba del 11%, u otras encuestas posteriores que lo cifraban, como mucho, en el 12% (véase documento 113 de la Fundación Alternativas).

Por tanto, como primera premisa, la nueva responsable de vivienda, igual que las anteriores, legisla sin datos estadísticos fiables, guiada por los lobbies que presionan para que el ladrillo vuelva a ser la primera industria nacional, aunque se disfrace de apuesta por el alquiler y un cambio de modelo productivo. Más allá de la discusión sobre la fiabilidad de las estadísticas, las medidas anunciadas suponen, en algunos aspectos, una regresión con respecto a lo realizado por el Gobierno anterior.

Vayamos por partes. Con el anuncio del Plan, el Gobierno pretende hacer creer a la ciudadanía que apuesta decididamente por el alquiler -incluido el social-, la rehabilitación y la eficiencia energética, así como en un cambio global el modelo productivo. También busca transmitir el mensaje de que se protegerá a los hipotecados y a los posibles desahuciados, ahora que este problema social está en primera línea de actualidad. Pues bien, nada de esto se va a conseguir. Por tanto, una vez más, se está engañando a los ciudadanos.

Comencemos por el mercado de alquiler. Lo primero que hizo este Gobierno fue borrar todo lo que había hecho el anterior, aunque funcionara. Esto se tradujo en la eliminación de la llamada Renta Básica de Emancipación, que llegó a ayudar a cerca de 200.000 jóvenes a pagar el alquiler y poder emanciparse, con una ayuda de 210 euros al mes. Los límites de renta para acceder a esa subvención eran 24.000 de euros al año y la edad tope era de 29 años. Suprimida esta iniciativa, ahora se implementan ayudas no ya a jóvenes, sino a familias, tomando como baremo la renta familiar, lo que lleva a repartir la pensión de los abuelos y los ingresos del resto de miembros, pero no permitirá la emancipación de los jóvenes del hogar. Además, los requisitos para el acceso se han endurecido de forma significativa. Por ejemplo, el coste del contrato de alquiler no puede superar los 600 euros -busque algo así en Madrid o Barcelona- y el límite anual del subsidio, incluyendo la fianza, se reduce a 3.000 a 2.400 euros.

Lo que se busca con estos artificios es complicar y reducir en número el acceso a estas subvenciones, de modo que las ayudas reales resulten insignificantes respecto al potencial de personas -no familias- que se podrían beneficar. En esta estrategia son maestros los que realmente diseñan estas medidas, hacendistas y técnicos comerciales del Estado. En materia fiscal, no hay apenas cambios, y se sigue manteniendo la discriminación -aunque cada vez menor- de los que prefieren vivir de alquiler con respecto a los que optaron por comprar vivienda.

Respecto a la rehabilitación, que podría ser en efecto un nicho de empleo, parten del supuesto erróneo de que las comunidades de vecinos son unidades de conviviencia proclives a permitir, y en muchos casos financiar, la rehabilitación o la mejora energética. Si supiesen algo de este tema, sabrían que en Madrid, por ejemplo, ya existen subvenciones en el IBI -de casi un tercio durante tres años- si se instala energía solar o mini eólica en los tejados. Pues bien, esta ayuda fiscal está desierta desde que se implantó. Todo lo referente a la eficiencia energética, si no media obligación y sanción, será un brindis al sol. Pero este sector, sin financiación, jamás se podrá poner en marcha. En España no hay figuras potentes en materia de fondos inmobiliarios, como los Real Estate Investment Funds (Reits), para que se pueda poner en marcha, y este Gobierno no tiene interés en financiar este modelo.

Pero la broma más pesada es lo referente al fondo social de viviendas y el apoyo real a los desahuciados. El Fondo Social de Vivienda apenas tiene 6.000 viviendas, algunas en lugares insospechados y en un estado lamentable. La realidad es que no hay una apuesta seria para implantar un mercado al estilo nórdico o alemán, donde un porcentaje muy elevado de ciudadanos se benefian de un parque público estable, de calidad y con precios asumibles por una amplia capa social, existiendo luego subsidios para los más necesitados.

En suma, lo aprobado por el Gobierno empeora las condiciones de acceso a las ayudas. Utiliza la renta familiar, menor que la anterior, para limitar los beneficiarios, de modo sólo las familias prácticamente en quiebra puedan tener acceso. La rehabilitación apenas tiene financiación pública y no hay mecanismos privados que la puedan sostener. Y no hay ninguna línea para mejorar el mercado profesional de alquiler, que, junto a la apuesta por el parque público, haría despegar de verdad a nuestro primitivo mercado de vivienda.

El engaño que no cesa.

viernes, 7 de septiembre de 2012

EL NEGOCIO INMOBILIARIO-ESPECULATIVO DE LA NUEVA LEY DEL ALQUILER




España, a parte de zombi, es un país yonqui del negocio financiero-inmobiliario (ver “Sin Plan B” de Miquel Pybus) y para muestra un nuevo botón: Las medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas que, después del último consejo de ministros, ya son todo un proyecto de Ley.

Aunque nos encontramos con una oportunidad histórica para la creación de un parque público de viviendas de alquiler social a partir del stock de las entidades bancarias intervenidas por el Estado, esta ley no tiene nada que ver con una política de vivienda seria que fomente el alquiler (social o no) y permita normalizarlo para la mayoría de la población. Es decir, que la opción de alquilar deje de considerarse tan solo para situaciones excepcionales, de transición residencial o bien porque no es posible acceder a propiedad (1).

Buena parte de la atención, merecidamente, se ha centrado en los desahucios exprés y en los recortes relacionados con las seguridades jurídicas de los arrendatarios que conlleva la nueva Ley, quedando en un segundo plano el contexto político-económico-inmobiliario donde emerge: la inminente creación del mal llamado “banco malo”, pero sobretodo la necesidad de colocar alrededor de las 800.000 viviendas terminadas, vacías y sin pagar, el 25% de las cuales están en manos de las entidades financieras.

Un gobierno que no ha eliminado la desgravación por compra hasta que la comisión europea le ha obligado expresa muy bien sus prioridades en materia de política de vivienda. Lo que posibilita el proyecto de Ley es, básicamente, una vía para deshacerse de los activos inmobiliarios a través de herramientas financieras con el objetivo final de quitarlos del mercado de alquiler y venderlos. Es decir, el alquiler es un mal menor por el que se tiene que pasar para finalmente volver a la “normalidad” de la compra-venta especulativa.

La principal herramienta que se utilizará será la reanimación de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), conocidas internacionalmente como las REIT, creadas en diferentes países para evadir (legalmente) impuestos a través del negocio inmobiliario y atraer inversiones financieras internacionales.

Así, las principales diferencias que introduce el proyecto respecto a la Ley de las SOCIMI aprobada en el 2009 y que dejan clara la nueva orientación, son las siguientes:
  • Las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, en las que se incluyen las SOCIMI, no tendrán impuestos sobre los beneficios, si antes tributaban al 19% ahora tributarán el 0%. Junto con las SICAV se perfilan las sociedades más atractivas para facilitar el fraude fiscal.
  • Para acogerse a esta bonificación, las sociedades deben tener en cartera (no es necesario ni si quiera que estén efectivamente alquiladas) los inmuebles un mínimo de 3 años (antes eran siete), lo que hace más atractiva la inversión a medio plazo. Se suprime también la limitación del tamaño de las viviendas (antes 135 m2) y se facilita incluir por lo tanto las segundas residencias, normalmente de mayor superfície.
  • Además, estas sociedades pueden cotizar fuera de los mercados regulados, es decir, en mercados secundarios muchos más opacos y que, normalmente, son gestionados por las propias empresas de inversión.
  • Finalmente, se reduce el capital social inicial para crear este tipo de sociedades (ahora cinco millones de euros), se elimina la necesidad de diversificación (antes requerían 3 inmuebles y que ninguna de ellos superase el 40% de la inversión) y se suprime también la limitación a la financiación ajena (antes no sea superior al 70% del activo inmobiliario), es decir, se aumenta la capacidad de endeudamiento independientemente de sus activos reales.
Todo esto en un momento en que los datos de compraventa muestran que las ventas de inmuebles a extranjeros están creciendo, pero no solo a clientes finales/particulares, sino especialmente a sociedades de inversión que buscan complejos residenciales en bloque en los que existen posibilidades de revalorización a medio y largo plazo. Las SOCIMI son los instrumentos ideales para atraer esta inversión, ya que permiten vender estos inmuebles después de tenerlos 3 años simplemente con un cartel de “en alquiler”.
En definitiva, parece que nos encontramos con más de lo mismo: la promoción público-privada de una peligrosa financiarización del negocio inmobiliario para especular con la compraventa de viviendas en mercados que siguen desregulados (en otras palabras: lo que originó la crisis). Las demás medidas contenidas en el proyecto de Ley se centran en reforzar los derechos de los propietarios, cuando el problema central es el acceso a la vivienda en un país con varios millones de pisos vacíos.
Fomentar el alquiler público y privado, digno y asequible, no debería estar en manos de especuladores, ni ser una cuestión baladí o circunstancial. Al contrario, debería de ser un pilar fundamental de la política pública de vivienda en un país donde la media de emancipación de los jóvenes está alrededor de los 30 (la media UE en 21), donde hay una media de 517 desahucios diarios y aumentan las personas sin hogar, en el que las trayectorias vitales de las personas son menos estables y lineales (retornos a casa los padres; separaciones y divorcios; movilidad residencial por motivos laborales, etc.) y donde el acceso al crédito hipotecario continuará restringido durante largo tiempo.
                                                                                                               
Marc Martí-Costa
(1) En España el parque de viviendas en alquiler social se sitúa en el 1,5% mientras que en países como Francia, Reino Unido u Holanda supera el 15% del total de stock de viviendas. Por lo que se refiere al número de viviendas en propiedad, en España es del 81%, mientras que en Reino Unido es del 70% y en Francia del 56%. España es el país con menor parque de viviendas en alquiler de toda la zona euro.

domingo, 15 de julio de 2012

VIVIENDA SOCIAL: ¿CAMBIARÁ LA SITUACIÓN LA COMISIÓN EUROPEA?





En Francia, en los últimos días, se ha extendido un debate muy interesante sobre la situación del alquiler social y su marco dentro de la UE. Traducimos el artículo de Le Monde que ha dado origen a esta polémica, añadiendo los comentarios, tan distante de la situación del paupérrimo alquiler social en España.


 VIVIENDA SOCIAL: ¿CAMBIARÁ LA SITUACIÓN LA COMISIÓN EUROPEA?

Por Anne Villechenon. Le Monde.fr | 03.07.2012

Si la gestión de la vivienda social de alquiler en Francia ya ha suscitado mucha polémica, ahora podría ser objeto de una decisión de la Comisión Europea. El 5 de mayo, la Unión Nacional de la Propiedad Inmobiliaria (UNPI) presentó una denuncia en Bruselas contra las ayudas públicas francesas al sector de la vivienda social. Veamos lo que está en juego con este recurso:

¿Por qué la UNPI ha puesto una denuncia?

Esta denuncia, que sólo se ha hecho pública este lunes, tiene el objetivo de “restablecer las condiciones para una competencia leal en el mercado inmobiliario de alquiler.” Efectivamente, la UNPI asegura en un comunicado que “los arrendadores públicos franceses (…) hacen la competencia directa a los arrendadores privados, al dirigirse al mismo público.”

Según la UNPI, esta competencia se produce porque el parque de viviendas sociales francés no estaría cumpliendo su función, en concreto la de “proveer viviendas protegidas de alquiler a las familias de los dos primeros deciles de la escala de ingresos, el 20% de hogares franceses más pobres.” Sin embargo, argumenta la UNPI en su comunicado, “en 2007, los criterios de elegibilidad permitieron acceder a la vivienda social a 400.000 familias que se encuentran entre las más ricas de Francia, y más de 50.000 de ellas pertenecían al décimo décil, el más alto en la escala de ingresos.”

¿Qué competencias tiene la Comisión Europea en el sector de la vivienda?

En un artículo titulado “¿La vivienda social, para quién?” de Noémie Houard, responsable de proyecto en el Centre d'analyse stratégique e investigadora en el Centre de recherches politiques de Science Po, “aunque la competencia en materia de vivienda corresponde a los Estados miembros, la Comisión Europea tiene la postestad de controlar a posteriori la cualificación de “Servicio de Interés Económico General” (SIEG) otorgada por los Estados miembros.”

La UNPI considera que “las ayudas al parque inmobiliario público francés violan la reglamentación europea de la competencia en lo que se refiere a las ayudas del Estado, al tiempo que no cumplen las normativas a nivel europeo relativas a la compensación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG).” Con lo que la Comisión Europea tiene competencia para procesar la demanda de la UNPI.

¿Ha habido precedentes en otros países de la Unión Europea?

En su artículo, Houard menciona dos casos similares, en los Países Bajos y en Suecia. En respuesta a las demandas presentadas ante la Comisión por inversores privados y promotores inmobiliarios por distorsión de la libre competencia - como acaba de hacer la UNPI -, Bruselas pidió a estos dos países que hicieran profundas modificaciones en su política de vivienda social.

Los Países Bajos, donde más de una tercera parte de las viviendas formaban parte del parque social en 2011, han reorientado su política de atribución de pisos de protección oficial hacia las familias más pobres, mediante la fijación del techo de ingresos en 33.000 euros por hogar y año. Por su parte Suecia ha armonizado las ayudas que conceden los ayuntamientos a los arrendadores públicos a los precios del mercado. De todas formas, aunque en algunos estados se han puesto en marcha reformas, su aplicación sigue dependiendo de sus administraciones públicas.

Anne Villechenon


Sus reacciones (9) Reaccionar

Jean Robert GAUTHEY Hace 6 días
Estoy harto de que los impuestos sirvan para pagarles la vivienda a familias cuyos ingresos superan los 10.000 euros mensuales. El dinero público es saqueado por unos burgueses bohemios que mantienen su consciencia tranquila votando a la izquierda. ¡Es hora de limpiar los establos de Augias de las ayudas públicas y destinarlas a los que realmente las necesitan!

Léo de H. Hace una semana
Ojalá que Europa nos ayude pronto a todos. En Francia tenemos un auténtico problemón. Un artículo de Le Monde del 14 de junio se titulaba: “Mercado Inmobiliario: Francia es uno de los países más caros de Europa.” ¡Y hablaba del precio del metro cuadrado de la vivienda nueva! ¿No será simplemente porque este mercado está subvencionado y administrado a ultranza, de forma que el sector se chupa los fondos públicos con la ayuda resuelta de los cargos electos, sea cual sea su color político? Ésta es la cruda realidad.

Info Trois G Hace una semana
¿¿¿Han cambiado el título??? ¿Permite eso limpiar con “Don Limpio” las reacciones que ensucian las mentes y que podrían traer malas fermentaciones? ¡Al subrayar la palabra Europeo, a juzgar por el funcionamiento de esta Institución tan querida por las gentes de todos los países!! ¡¡¡La voz del Señor Nadie/Señor Todo el mundo” es soberana y infalible!!! No se la discute, se acepta, y se obedece!!! ¡Estamos en democracia, no lo olvidéis! ¡Habéis votado! ¡Estamos en el estreno de la Campaña OXYMORE!

A.BRUTI Hace 1 semana
¡¡¡Pobres propietarios privados…!!! ¡Si ahora mismo sigue siendo la mejor inversión! ¡¡¡Desde luego, hay gente que nunca tiene suficiente!!! En estos tiempos en que las obligaciones de estado son o arriesgadas, o no rentables (¡el bund alemán está por debajo de la inflación!) y que no sabemos lo que va a ser de la bolsa. Sin olvidar las plusvalías monstruosas del inmobiliario. La UNPI no tiene vergüenza.

Debonaloi hace 1 semana
Al mismo tiempo, el informe reciente de la Cour des Comptes (Tribunal de las Cuentas) sobre las finanzas públicas insiste (una vez más) en lo que la prensa no destaca, la necesidad de profundas reformas de las sociedades gestoras del alquiler social y sus “casas madres” las instituciones paritarias del 1% - Acción Vivienda (% de la masa salarial que pagan las empresas para ayudar a los trabajadores a acceder a una vivienda) cuya actividad no se considera satisfactoria.

Lol hace 1 semana
Espero que sea una broma. Con los años que se lleva criticando la ghettoización de nuestros barrios, ¿ahora se quiere expulsar de las viviendas de protección oficial a las clases medias para que sólo se queden allí los pobres? Obligar a Francia a hacer esto por la ideología de la “libre competencia” sería una provocación muy grave por parte de Europa.

Philippe murer hace 1 semana
Es absolutamente escandaloso que en nombre del Dios Competencia la UE se arrogue el derecho a dictar la política de vivienda social de un país. No se puede valorar todo con el rasero de la competencia, la vida y las elecciones vitales son mucho más complejas. Tenemos que resistir Philippe Murer www.forumdemocratique.fr

Allain D. Hace una semana
Y Le Monde o la señora Villechenon siguen sin explicarnos cuáles son la representatividad y la legitimidad de la majestuosa UNPI. ¡¡¡Para las HLM (Viviendas de Protección Oficial de alquiler) sabemos quién es la USH y que las sociedades locales de HLM (en Niza o en otras partes) sólo hacen obra social cuando se les zarandea un poco!!! ¡Quizás la señora Duflot tiene una idea sobre lo que se está cociendo aquí!

a.gao hace 1 semana
La situación en Francia es diferente a la de Suecia o la de los Países Bajos: al contrario de lo que afirma el artículo y de los argumentos de la UNPI, el acceso a la vivienda social no es “universal” en Francia. Está supeditado a un techo de ingresos, en función de la financiación y de los alquileres aplicados. Estos techos, rebajados un 10% en 2009 por la Ley Boutin, restringen su acceso a una buena mitad de la población. Los recursos en el momento de la adjudicación están estrictamente controlados por las sociedades de gestión de los HLM (VPO).

domingo, 8 de julio de 2012

DIFERENTES MOVIMIENTOS SOCIALES ENTREGAN EN FOMENTO UN DOCUMENTO DE RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL ALQUILER


El lunes 9 de julio, a las 11 h, en el Ministerio de Fomento. Consideran que precariza aún más el alquiler y anula las garantías judiciales en los desahucios


 
Madrid, 06 de julio. Representantes de diferentes organizaciones y movimientos sociales se concentrarán el lunes 9 de julio, a las 11 de la mañana, ante el Ministerio de Fomento (Pº de la Castellana, 122) para entregar un documento conjunto en el que solicitan la retirada del anteproyecto de ley de reforma y flexibilización del mercado de alquiler, al considerar, entre otras cosas, que precariza todavía más el alquiler y minimiza las garantías judiciales en los desahucios.

Por este motivo os convocamos a acudir a la entrega del documento, donde podréis recoger declaraciones de cualquiera de los responsables de las organizaciones firmantes.

Con el anteproyecto del Gobierno, señalan los firmantes del documento, se reduce de cinco a tres años el tiempo de alquiler, lo que lo convierte en una opción meramente temporal. Asimismo, el propietario puede disponer de la vivienda en cualquier momento, independientemente de que esta posibilidad se haya pactado o no en el contrato. Y, por otro lado, se abre la puerta a los “residentes” en paraísos fiscales para que puedan blanquear dinero negro comprando viviendas.

Estas organizaciones denuncian además que la futura ley contempla una vía para que bancos y grandes inmobiliarias puedan constituir un tipo de sociedad: Sociedad Anónima de Inversión Cotizada en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), parecida a la SICAV, por sus ventajas financieras, fiscales y legales.

El texto del Gobierno dice que tiene como finalidad profesionalizar el sector, pero no contempla medidas que faciliten la intervención de empresas profesionales especializadas en alquiler, sino que pretende activar el mercado de viviendas vacías hacia sectores especuladores y concederles enormes ventajas fiscales.

Las organizaciones firmantes del documento son  Attac-Madrid, Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma por una Vivienda Digna, Asociación Libre de Abogados (ALA), Centro de Asesoría de Estudios Sociales (CAES), Grupo de Trabajo de Economía Sol, Plataforma de Auditoría de la Deuda, Plataforma por la Nacionalización de las Cajas, entre otros.

sábado, 24 de marzo de 2012

POLÍTICAS DE ALQUILER Y REFORMA LABORAL



Un lector de EL PAIS, David Carrascosa, ha escrito una carta al director que destila gran sensatez. En tiempos es que nos exigen movilidad y los contratos laborales se precarizan, las políticas de fomento del alquiler, las más lógicas para afrontar la anistebilidad laboral, van desapareciendo. Mientras se fomentan las políticas que facilitan el acceso a la vivienda en propiedad, aquellas que se basan en el endeudamiento durante grandes periodos de tiempo, justo lo contrario que se exige a los trabajadores en los contratos laborales. Siendo está nuestra única garantía de pago hipotecario real.

El pasado Consejo de Ministros, celebrado el 16 de marzo, supuso el fin para uno de los proyectos que, iniciado con el Gobierno socialista, venía a dar respuesta a una de las demandas sociales que más había crecido en los últimos 20 años: el fomento del alquiler.

El actual Gobierno no solo ha suprimido la Sociedad Pública del Alquiler tras siete años de existencia, sino que también ha hecho lo propio con la línea del ICO con la que se financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran su stock en alquiler. Con anterioridad ya había eliminado la renta básica de emancipación.

Lo cierto es que había sido la población más joven la que, por la movilidad territorial a la que cada vez obliga más el mercado laboral, más había accedido al mercado del alquiler. Ahora, con la nueva reforma laboral y la volatilidad de los contratos de trabajo, tal movilidad territorial tiene visos de ser aún más frecuente. Sin embargo, los que se vean obligados a cambiar de residencia no encontrarán ningún apoyo gubernamental para cubrir su necesidad de vivienda.

Parece, ciertamente, que el Gobierno del Partido Popular se ha imbuido totalmente del espíritu y de la letra de la Constitución de 1812, que en su artículo cuatro decía que “la nación española está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad…”.— David Carrascosa.

martes, 24 de enero de 2012

FOMENTO DESVIARÁ AYUDAS PARA LA COMPRA DE VPO EN FAVOR DEL ALQUILER

 

La crisis ha provocado que la tradicional brecha entre el precio de las casas de renta libre y las protegidas (VPO) se haya reducido significativamente. Ahora, de promedio, una VPO es un 32% más barata que un piso libre y, sin embargo, en el máximo del boom llegó a costar casi la mitad. Por ello, Fomento replanteará todas las ayudas a la compra para concentrarlas en el alquiler.


Raquel Díaz Guijarro - CINCO DÍAS. Madrid - 24/01/2012

Los números no dejan lugar a dudas. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, el precio medio de la vivienda libre se situó a finales del año pasado en los 1.701,8 euros por metro cuadrado, un 19,01% menos que cuando las casas alcanzaron sus valores máximos en el pasado boom inmobiliario. Por contra, el precio de los pisos de protección oficial, que está intervenido por las Administraciones públicas, no ha evolucionado del mismo modo. En la actualidad se sitúa en un promedio de 1.158,2 euros por metro cuadrado cuando en el pico de la etapa alcista marcó 1.100 euros. Se ha incrementado un 5,2%, pese a la crisis.

Esto es lo que explica cómo se ha estrechado la brecha que tradicionalmente existía entre comprar una casa en el mercado libre o hacerlo con algún grado de protección. Hoy, adquirir una VPO resulta de media un 31,9% más barato que si el inmueble no se acoge a ningún tipo de ayuda pública y, sin embargo, en el primer trimestre de 2008, cuando las viviendas alcanzaron a nivel nacional su precio más alto, la diferencia alcanzaba el 47,6%. Es decir, que un piso de protección oficial era casi la mitad de barato que otro que no lo fuera. El precio del metro cuadrado de la VPO era entonces de 1.100 euros cuando en el mercado libre se pagaban 2.101 euros.

Esto que ha pasado con los precios es un argumento más de quienes vienen reclamando desde hace tiempo un replanteamiento general de la política de vivienda.

"En una coyuntura como la actual, trasladar ya para siempre la titularidad de una vivienda a una familia que no puede acceder al mercado libre y permitir que tiempo después la venda sin apenas límites es un dispendio de recursos públicos que debe corregirse", asegura Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores. Desde Fomento existe un compromiso de revisar todas las ayudas y enfocar los planes plurianuales más hacia el alquiler. El análisis realizado por CincoDías en las cinco principales comunidades (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco) revela este mismo fenómeno, mucho más acentuado en alguna de ellas. Solo el País Vasco logra mantener la brecha de precios. Así, comprar una VPO allí continúa siendo hoy más de un 50% más económico que en el fragor de los precios del boom.

Protegidas más caras que libres

En las otras cuatro la ventaja de adquirir un piso protegido se ha llegado a reducir incluso más de la mitad. En Andalucía, por ejemplo, ahora el ahorro estimado entre las dos tipologías de vivienda es del 21,6% cuando en el boom llegó a ser del 43,2%. Notable es el caso de la Comunidad Valenciana donde quienes adquieran ahora un piso con ayudas apenas se ahorrarán un 16,5% sobre lo que pagarían si fuese de renta libre.

Y espectacular es también lo que ocurre en Madrid. Mientras antes del pinchazo de la burbuja ser titular de una VPO salía un 63,2% más barato que acudir al mercado libre, hoy esa ventaja se ha reducido al 41,5%. Pero lo más sorprendente es que hay algunas tipologías de casas protegidas, como la VPPL (vivienda con protección pública de precio limitado), son más caras que algunos pisos de precio libre. Es la paradoja que tiene el mercado actual en una región como Madrid donde oscilan mucho los precios inmobiliarios, según sea el barrio o el municipio y eso, por desgracia, no suelen reflejarlo las medias.

Atajar las duplicidades y el stock sin vender
Tanto el PP como el PSOE llevaron en sus programas electorales de los comicios del 20-N una apuesta por otra política de vivienda. Ambos consideran que es necesario reconducir los ahora escasos recursos públicos hacia el alquiler y son ya cada vez más las voces que claman por la desaparición de la VPO en propiedad. "Por supuesto que se debe garantizar el acceso a una casa digna, tal y como consagra nuestra Constitución, pero no tiene por qué ser en propiedad", explica Juan Fernández-Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación.
"El arrendamiento genera actividad económica y empleo, facilita la movilidad laboral y posibilita un mercado más equilibrado y un desarrollo urbanístico más sensato", añade. Por ello, desde esta tasadora se muestran contrarios a seguir aplicando incentivos a la compra de vivienda (sea protegida o libre) y abogan por dirigir todos los esfuerzos al alquiler.
Por su parte, el presidente de la patronal de los promotores APCE, José Manuel Galindo, también pide abrir un debate en el que se aborden todos los asuntos clave. Entre ellos cita las duplicidades existentes en materia de política de vivienda entre Administraciones, qué necesidad existe en cada territorio y cómo abordarla, cómo lograr un sistema mucho más ágil, cuál es el coste de las ayudas públicas o cómo recuperar el crédito. "Y, sobre todo, se trata de que analicemos cómo podemos producir una casa más barata y qué hacer con el stock", advierte Galindo.
Excedente estable
España mantenía un stock de 818.000 viviendas nuevas pendientes de venta a fecha de septiembre de 2011, lo que equivale a un 3,2% del parque total, según el último informe sobre el Sector inmobiliario residencial en España elaborado por Catalunya Caixa.

martes, 10 de enero de 2012

AYUDAS PARA EL ALQUILER EN PLENA CRISIS


Las subvenciones y ayudas directas a la vivienda son un caramelo envenenado. Por un lado, la ayuda se acaba trasladando al precio final, de tal forma que se convierte en una subvención al propietario (en el caso de los arrendamientos) o a los promotores y bancos (en el caso de las adquisiciones). Por otro, ayudar a financiar los precios actuales impide que se cuestione el mal de raíz, a saber, un modelo de vivienda desproporcionado, injusto, caro y excluyente. No obstante, nos parece interesante este artículo para conocer el estado actual de las ayudas tras la supresión de la renta básica de emancipación.


Las ayudas al alquiler son escasas y benefician a pocos ciudadanos
     
       EROSKI CONSUMER. Por CARLOS ASTORELLI, 9 de enero de 2012

Con menos hipotecas que nunca firmadas y el precio de los alquileres un 4% más bajo en el último año, el arrendamiento se empieza a ver como uno de los modos principales y más útiles de acceso a la vivienda. Pero las ayudas al alquiler son muy escasas y su cuantía no es relevante.
  
El descenso del precio de los alquileres en España ha sido una tendencia marcada en 2011 y, al parecer, es una reacción natural frente a la crisis. El precio medio de la vivienda en alquiler era en nuestro país de 696 euros mensuales en noviembre de 2011, un descenso del 0,8% respecto a octubre pasado. La variación de los últimos tres meses completos registra un descenso del 0,3% y, si se toma como parámetro el último año, la bajada fue del 4%.

Aunque los precios de los alquileres parecen mejorar y adecuarse a la recesión, aún son caros, y el acceso a una vivienda es uno de los problemas más serios de los españoles. Se benefician de las ayudas al alquiler quienes tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, jubilados e inválidos con pensiones no contributivas

Quien decide optar por vivir de alquiler, debe conocer que hay dos tipos de ayudas:
  • Ayuda a los inquilinos
Está destinada a inquilinos titulares de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuyos ingresos familiares no excedan 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM). Es una subvención cuya cuantía máxima anual representa el 40% de la renta anual que se abone. Tiene un límite de 3.200 euros por vivienda, con independencia del número de titulares del contrato de arrendamiento.

Tiene una duración máxima de dos años, siempre que se mantengan las circunstancias que habilitaron el derecho a la ayuda y es compatible con el alquiler de una vivienda protegida.

Esta ayuda contempla una preferencia en el acceso para determinadas personas, selección a la que se sumarán las preferencias que determinen las comunidades autónomas (según la situación o riesgo de exclusión social de cada zona). La ley, en su aplicación nacional, considera a los colectivos siguientes beneficiarios con derecho a protección preferente:
    • Unidades familiares con ingresos que no excedan 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a efectos del acceso en alquiler a la vivienda.
    • Personas que acceden por primera vez a la vivienda.
    • Jóvenes menores de 35 años.
    • Personas mayores de 65 años.
    • Mujeres víctimas de la violencia de género.
    • Víctimas del terrorismo.
    • Afectados por situaciones catastróficas.
    • Familias numerosas.
    • Familias monoparentales con hijos.
    • Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las tengan.
    • Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
    • Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

  • Ayuda para jubilados e inválidos con pensiones no contributivas (PNC)
Está destinada a personas que tengan reconocida una pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Pueden solicitar esta ayuda anual de 425 euros para pagar su alquiler si carecen de vivienda en propiedad.

Se puede solicitar en los órganos competentes de las respectivas comunidades autónomas, diputaciones forales del País Vasco y Navarra y direcciones territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla, que tienen atribuida la competencia para la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Las condiciones generales para la concesión de la ayuda son las siguientes:
    • Tener reconocida una pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud.
    • Carecer de vivienda en propiedad.
    • Ser el arrendatario de la vivienda en la fecha de la solicitud.
    • No tener relación de parentesco hasta el tercer grado con el arrendador de la vivienda alquilada.
    • Tener fijada su residencia habitual en la vivienda alquilada.
    • Si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una PNC, solo tendrá derecho a este complemento el titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos.

Ayudas eliminadas con la crisis

La crisis ha obligado a hacer recortes en las políticas sociales y las ayudas al alquiler no han sido la excepción. A mediados de 2011, la comunidad de Valencia decidió poner fin a las ayudas autonómicas para el alquiler contempladas en el Plan de vivienda 2009-2012.

Una situación similar, con recortes o endurecimiento de los requisitos, se registra en Navarra, Barcelona, Gijón y otras localidades españolas que ya han manifestado la voluntad de ajustar sus presupuestos a partir de 2012, por la vía de las políticas de subvención del acceso a la vivienda.
Varias localidades han retirado ayudas o han manifestado la voluntad de ajustar sus presupuestos

A ello hay que sumar la supresión de la Renta Básica de Emancipación, una medida de ajuste anticrisis tomada a finales de diciembre de 2011 por el nuevo Gobierno.

Por su parte, las plataformas de consumidores y movimientos sociales proponen mantener las ayudas y realizar un censo de viviendas vacías para dar salida a los 3.000.000 de viviendas ociosas con que cuenta el parque español.