Fomento pretende dar más valor a los terrenos
destinados a la construcción y evitar que se expropien como si fueran
rurales, con el objetivo de facilitar a la banca y al sector
inmobiliario que se desprenda de los solares que tiene en propiedad.
Para ello estudia modificar la Ley de Suelo, según adelanta hoy Expansión en Orbyt.
El Gobierno estudia modificar la Ley de Suelo vigente para elevar las
valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar
que se puedan expropiar como si fueran rurales, a un precio muchísimo
menor, como ocurre con la norma actual, lo que favorecería a los
sectores inmobiliario y financiero.
El Ministerio de Fomento quiere dar "seguridad jurídica" y volver a
referenciar las valoraciones de los suelos según las ventas de activos
similares en sitios cercanos, es decir, que se utilizaría el método
comparativo y no el de capitalización de rentas, que se usa para los
activos rurales.
Ahora, todos los terrenos no urbanizados y los urbanizados no
consolidados se consideran rurales a efectos expropiatorios. Es decir,
apenas valen nada, mientras que las entidades financieras tienen una
exposición de 88.000 millones de euros en suelo (tanto créditos como
adjudicados).
Anteayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, subrayó que el
problema mayor de la banca está en la valoración del suelo, a pesar de
que la reforma financiera prevé una depreciación de su valor del 80%. En
los Presupuestos Generales del Estado para 2012 señaló que "los
objetivos principales son la elaboración y el desarrollo de las normas
estatales relativas al régimen del suelo y valoraciones".
Aunque el sistema de valoraciones anterior a la norma vigente se ha
prorrogado de nuevo, el riesgo de expropiación sigue muy latente por la
crisis (y por el afán recaudatorio de los ayuntamientos, en plena sequía
fiscal). Las entidades financieras han cerrado el grifo de la
financiación a esos activos o han reducido el importe financiable, y
cuando se modifique la Ley de Suelo el crédito podría ser mayor y
desaparecería la pérdida de valor que supone la expropiación a precio
rural.
Esta medida beneficiaría a los promotores, titulares de suelo y a los
bancos, ya que sus balances mejorarían. "Van a poder ajustar el valor
de sus activos; el nuevo valor [expropiatorio] estaría más cerca del
valor apuntado en los balances que del valor real", apunta Lucio Rivas,
director del bufete Gabinete de Urbanismo y Administración Pública.
Además, las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los
suelos que tienen en balance: "Se va a reactivar el mercado, porque el
promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Operaciones
que antes no lo eran ahora serían viables", agrega Rivas, que formó
parte de la Comisión de Expertos que asesoró sobre la Ley de Suelo
estatal.
Un tercer alivio para los bancos será que la modificación de la Ley
de Suelo frenaría las prácticas de los ayuntamientos, que expropian
forzosamente terrenos para quedárselos a precio rural los terrenos
urbanizables que no se hayan desarrollado tras pasar un número
determinado de años. Para los municipios que no estipulen un plazo, el
Gobierno marca un periodo de seis años, pero los ayuntamientos de peso
lo delimitan claramente. Así, los alcaldes pretenden que los bancos,
antes de verse expropiados, edifiquen esos solares, para que las arcas
locales obtengan su trozo de la tarta.
Los ayuntamientos también recurren a la "venta forzosa" de los
terrenos no desarrollados, por la que se obliga al dueño a traspasar el
suelo, con un precio inicial del 50% del aprovechamiento lucrativo (la
mitad del valor). Todo lo que exceda de ese 50% se lo queda la
Administración.
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