EL PAÍS. Víctor Barreira Madrid 9 DE JULIO DE 2012
La FRAVN, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH y la Plataforma de Auditoría de la Deuda entregan en Fomento sus alegaciones en el último día de plazo
Hoy lunes terminó el plazo para presentar observaciones al anteproyecto de ley que marcará las reglas de juego del futuro mercado del alquiler de viviendas. Asociaciones ciudadanas, entre las que se contaban la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid FRAVN, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH y la Plataforma de Auditoría de la Deuda, entregaron a las once de la mañana un documento conjunto en el Ministerio de Fomento en el que solicitan la retirada del anteproyecto al considerar que desequilibra la relación entre inquilino y propietario en favor de este último.
Los motivos expuestos por el Gobierno en el texto son que “la oferta de viviendas en alquiler es insuficiente, o bien no es competitiva por estar sujeta a rentas muy elevadas”. La nueva legislación pone sobre la mesa medidas que ofrecen mayores garantías a los propietarios para poder disponer de su vivienda y reduce la capacidad de maniobra de los inquilinos, todo ello con el fin de incentivar el aumento del número de viviendas en el mercado del alquiler.
Así, el anteproyecto reconoce al propietario “que pueda recuperarlo -su piso- en cualquier momento para sí o su entorno familiar más directo, sin necesidad de que esta opción haya tenido que estar expresamente prevista a la firma del contrato, y sin que hayan tenido que transcurrir tampoco los primeros tres años del mismo”. El texto también habla de “reducir de cinco años a tres la duración mínima del contrato y de tres a un año la duración de la prórroga”.
Todo ello lleva a Víctor Martí, uno de los promotores del texto de protesta, a denunciar que el anteproyecto “precariza el alquiler ya que lo convierte, más que nunca, en una salida temporal sin garantías”.
Además, la protección legislativa en favor del propietario en el mercado del alquiler no está avalada por los hechos. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elabora la única estadística oficial sobre el número de sentencias que dictan cada año los tribunales por causas relativas a contratos de arrendamiento de vivienda. El estudio de 2010 sitúa el número de sentencias relacionadas con contratos de alquiler en 23.052, apenas el 1,28% del total de contratos, ya que ese año se contabilizaron 1,8 millones de viviendas alquiladas.
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