Una política de vivienda desastrosa

Comunicado de ATTAC Madrid respecto a la publicación el mismo día en el BOE del Decreto-ley de medidas para frenar los desahucios y del Real Decreto de desarrollo del banco malo  

El 15 de noviembre el Gobierno aprobó dos decretos aparentemente sin relación entre sí, pero que son las dos caras de una misma moneda. El primero se refiere al asunto de los desahucios, de dramática actualidad, y el segundo al denominado “banco malo”.

A pesar del altísimo grado de improvisación, si repasamos las medidas tomadas o anunciadas en estos últimos años desde las diferentes administraciones en lo relativo a la vivienda nos damos cuenta de que existe una sola idea central: la salida de los activos tóxicos de las entidades bancarias. El único camino que se le ocurre al Gobierno es facilitar la venta de esos activos (abaratarla) a los que hoy tengan capacidad de compra, básicamente fondos especulativos extranjeros.  

No se nos dice explícitamente que esta sea la política diseñada, porque los objetivos de toda ley sobre la vivienda han de ser distintos por definición. Existe un nulo o escasísimo interés por facilitar el acceso a la vivienda, por desarrollar una idea de la ciudad o del territorio, o por avanzar sobre la protección de ambos. Existe el mismo desdén acerca del debate sobre el bien común, que se plantea de facto como coincidente con el de las clases dominantes o se nos impone directamente como inevitable.

Pero ni las medidas que propone el Gobierno son inevitables, ni el interés general coincide habitualmente con el de las clases dominantes, y mucho menos en el sector inmobiliario. El desarrollo de los intereses de esta impide directamente el desarrollo del interés general, pues son antagónicos.

En otras palabras: las medidas que contempla el decreto de creación del SAREB (“banco malo”) impiden directamente la solución al problema de los desahucios. Ambos decretos reflejan el mismo tratamiento subsidiario del derecho a la vivienda frente a su carácter financiero.

En efecto, el decreto referido a los desahucios es una medida de urgencia, arbitraria y chapucera, provocada por diferentes presiones desde Bruselas, los movimientos ciudadanos o los judiciales. Básicamente, la medida no soluciona el problema, pues su objetivo real es no incrementar los problemas de la banca. Por lo que la medida:

• “Beneficia” insuficientemente a colectivos muy minoritarios 
•  No paraliza los intereses de demora, que pueden multiplicarse por 120 o 150 en solo 3 o 4 meses. 
• No protege, entre otros:
  • A personas desempleadas con prestación
  •  A familias monoparentales con un hijo 
  •  A familias con hijos de 4 años
  •  A familias no numerosas, avalistas (especialmente personas mayores que han avalado a sus hijos)
  •  A quienes tienen empleos precarios de 4 o 5 horas, si acaso, y no ganan más de 400 o 500 euros.
• Al mismo tiempo, el Gobierno tramita un proyecto de ley de reforma del mercado del alquiler que agiliza los desalojos de los inquilinos sin ofrecer alternativas habitacionales. A los inquilinos asiste el mismo derecho a la vivienda que a los deudores hipotecarios. El suyo no es un drama menor: 270.000 desalojos entre 2008 y 2011.

En definitiva, se trata de una medida asistencialista más, fruto de un modelo ideológico en el que no cabe la justicia social y, por consiguiente, los derechos se sustituyen por medidas caritativas graciables. 

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El real decreto por el que se crea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), ciertamente responde al mismo objetivo, que además se anuncia explícitamente en el PITVI. 

Se diseña de modo que ninguna participación supere el 50% por motivos contables de la deuda que a la vez impiden su control público, y por lo tanto políticas públicas como la salida de los activos tóxicos hacia el alquiler social que venimos continuamente demandando.

Se han estimado unas rebajas sobre los activos de vivienda del 54%, sobre suelos del 79,5% y sobre créditos del 45,6%, y una rentabilidad por su venta del 14-15%. Pero no conocemos exactamente la realidad de esos activos. Se estiman unas 89.000 viviendas y más de 13 millones de metros cuadrados de suelo, pero por las primeras aproximaciones realizadas parece que únicamente van a tener atractivo para su venta las promociones finalizadas destinadas al sector servicios con un estándar medio/alto.

Para facilitar la venta a los bancos, se les exime del pago del impuesto de plusvalía, y para atraer a los inversores extranjeros, se les da una fiscalidad del 1% en el Impuesto de Sociedades. Para rematar, el SAREB podrá convertir sus activos en bonos estructurados (titulizados) o su aseguramiento mediante derivados, con lo que volvemos a redundar en los vehículos financieros que sirvieron a la burbuja.

Como la financiación será fundamentalmente a través de emisión de deuda avalada por el Estado y subordinada, si los activos no tienen la rentabilidad esperada, o la rebaja estimada es insuficiente, volvemos a transformar pérdidas privadas en públicas.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un juego financiero de alto riesgo en el que, como en un castillo de naipes, cada pieza se sustenta en un equilibrio inestable sobre otras: es necesario que los bancos “sanos” participen, que se desprendan a la vez de su bolsa inmobiliaria, que los inversores extranjeros vean atractivo entrar en el SAREB, y que los planes de venta de los activos sean reales.

Esta no es una medida tan improvisada como la de los desahucios, pero responde  al mismo pánico del Gobierno, que cegado por sus prejuicios dogmáticos no ve otro camino de recuperación que el de tapar el enorme agujero financiero creado por la banca privada utilizando las mismas soluciones que lo han originado.

La solución socialmente justa, la creación de una banca pública con los bancos rescatados que movilice el crédito y cree vivienda social, está más allá de las posibilidades de su concepción política.

El derecho a la vivienda o al alojamiento de las personas es un derecho humano esencial con el que no cabe especular. Attac Madrid exige urgentemente un cambio de rumbo en esta política desastrosa mediante:

-    Una paralización inmediata de todos los desahucios en curso, debido a la situación de emergencia en la que nos encontramos.

-  La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria que no permita adjudicaciones en subasta menores del 80% de la tasación original.

-  La aprobación urgente de una Ley de Segunda Oportunidad para evitar que las personas hipotecadas y desahuciadas mantengan una deuda con el banco. Este tipo de ley ya existe en países de Europa como Francia y Alemania.

-    La constitución de un parque público y permanente de vivienda sin posibilidad de acceso diferido a la propiedad mediante la utilización de bolsas de suelo y de viviendas en manos de las entidades financieras intervenidas o rescatadas con dinero público.

-  Una política de fomento del alquiler social que trascienda una función meramente asistencial y apueste por el alquiler social como una forma digna de acceso a la vivienda para amplias capas de la población.

- La creación de una banca pública que tenga como objetivo prioritario financiar políticas públicas y privadas de vivienda en alquiler social.

- La creación de una comisión institucional e independiente para delimitar responsabilidades de esta situación, que sea ajena a partidos políticos, entidades financieras y grupos empresariales implicados.