sábado, 15 de diciembre de 2012

¿Cómo actúan otros países con los desahucios?


C. GARCÍA-PANDO. Pisos.com. 7/12/2012.

De las 25.943 ejecuciones hipotecarias en 2007 hasta 76.398 lanzamientos en los primeros nueve meses de 2012. Éstos son los últimos datos del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) que reflejan un incremento de casi el 200% de los desahucios que se han producido en España en los últimos cuatro años. Las crecientes cifras, así como dos casos suicidios por esta misma causa, han hecho reaccionar a las autoridades y a la opinión pública para poner en duda el actual sistema de desahucios que rige la Ley de Enjuiciamiento Civil española, así como la Ley Hipotecaria.

El sistema español hipotecario dota a los bancos de poder efectuar doble garantía, por el que los deudores tienen que responder ante el préstamo tanto con el inmueble hipotecado como con todo su patrimonio y sus bienes presentes y futuros.  Si una familia se ve incapaz de poder pagar la hipoteca tiene que abonar el coste de la vivienda que falta por pagar, más los intereses de demora y las cargas judiciales. Una cuantía total que puede encadenar económicamente de por vida a una persona.

Recientemente, el Tribunal de Justicia europeo tildó de ilegal el sistema procesal que rige los desahucios en España. La abogada general de dicho tribunal, Juliane Kokott, declaró que la normativa española incumple la directiva comunitaria al no proteger los derechos del consumidor. No obstante, desde el poder político todavía no se han dado pasos para equilibrar la balanza entre banco e hipotecado.

El Código de Buenas Prácticas bancarias presentado por el Gobierno el último año para frenar este drama, así como esta última moratoria de dos años para los desahucios aprobada más recientemente, no terminan de solucionar esta avalancha de desalojos. “Con este planteamiento cortoplacista puede que se resuelva la situación actual, pero no habremos acabado con la causa del problema”, afirma Patricia Suárez, presidenta de Asuapedefin. “La voluntad política de afrontar estas soluciones de mayor calado parece cuestionable cuando, hace escasas semanas, en el parlamento asturiano PP y PSOE han aunado sus fuerzas para rechazar una iniciativa de reforma de la Ley Hipotecaria”, asegura Jaime Docio, abogado de Medina Cuadros. En cuanto a estas medidas, Docio afirma que “son voluntarias o temporales” y que “sería deseable la adopción de otras medidas de mayo calado, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y legislación hipotecaria”. ¿Hemos llegado a un punto en que sería necesario cambiar la ley? ¿Está descompensado la relación actual entre banco e hipotecado? ¿Es nuestro país más férreo en la legislación que el resto del mundo?

Estados Unidos

En muchos de ellos, las posibles soluciones alternativas que se plantean ponerse en práctica en España ya son una realidad en otros países. Estamos hablando de la dación en pago, esto es, saldar la deuda total de la hipoteca tan solo con la entrega de la vivienda. En Estados Unidos ya es real, aunque su aplicación varía según los Estados. “En 11 (Alaska, Arizona, California, Iowa, Minnesota, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregon, Washington y Wisconsin) de los 54 Estados se prohíbe al acreedor reclamar más allá del valor del inmueble hipotecado, bien directamente, bien a través de distintas medidas restrictivas que hacen inviable la reclamación posterior (por ejemplo, exigiendo sentencia en un juicio con jurado). Además, 27 estados sujetan la reclamación del exceso a que ésta se limite a la diferencia entre la parte impagada de la deuda hipotecaria y la totalidad del valor de mercado actual del inmueble hipotecado (fair market value)”, señala Maria Mateos, directora de servicios jurídicos de Ausbanc.

No obstante, Mateos aclara que “en realidad, lo que ocurre es que se limita mucho la posibilidad de proceder ulteriormente contra el deudor, pero no rige per se el sistema de limitación de responsabilidad al inmueble (dación en pago), como comúnmente se afirma”. Gracias a estos mecanismos, se dan pocos casos en los que se embarguen bienes propios al deudor para cubrir con lo adeudado, si la venta de la casa no da lo suficiente. Asimismo, en muchos casos de uno de los mayores prestamistas hipotecarios de Estados Unidos, Bank of America, ha puesto un programa que permite que muchos de sus clientes puedan seguir viviendo en estas mismas casas como inquilinos para evitar el desahucio.

Portugal

Del mismo modo, en Portugal se acaba de poner en marcha un régimen extraordinario en esta materia el pasado 9 de noviembre. Éste también da la posibilidad de finiquitar la deuda hipotecaria con la entrega de la casa, en situaciones muy razonables: cuando la cantidad de la hipoteca que quede por pagar se asemeje al valor actual la vivienda o sea igual o superior al crédito. No obstante, éste será el paso final al que podrán acogerse antes de adoptar otras medidas como un periodo de carencia de entre uno y dos años, una prórroga de los plazos de amortización del préstamo o la concesión de una segunda hipoteca. Los beneficiarios de estas medidas deberán ser familias con uno de sus miembros en paro o cuyo ingreso total familiar se haya reducido un 35%.

Bélgica y Alemania

La idea del alquiler social que tanto se baraja ponerse en marcha en España con la creación del Fondo Social de Vivienda (FSV), ya es un hecho en Bélgica y en Alemania, aparte de para algunos clientes afortunados del Bank of America. En ambas naciones, el juez es el encargado de fijar el valor del inmueble que se va a ejecutar y además, se conceden al deudor un plazo de seis meses para que encuentre una alternativa a la ejecución. No obstante, “conviene resaltar a Alemania como uno de los países europeos que ofrece mayor protección a los desahuciados”, afirma Jaime Docio, abogado de Medina Cuadros. Para empezar, en muy pocos casos se puede forzar al hipotecado a salir de la vivienda y en el caso de que así pase, existe el programa Hartz IV: “el Estado garantiza a los desahuciados un hogar pagando un alquiler social y les ofrece una ayuda de casi 400 euros mensuales sin límite temporal”, explica Docio. Durante todo el proceso judicial en ningún momento se echa de la vivienda al antiguo propietario, sino que pasa a habitarla en régimen alquiler. La solución más habitual suele ser que el antiguo propietario vende la vivienda y con ese dinero paga la deuda hipotecaria pendiente.

Grecia

Grecia también mejora los niveles de protección de ciudadano respecto a España. En el país heleno está prohibido desahuciar la vivienda habitual del hipotecado siempre y cuando esté comprobado que ni él ni su familia pueden hacer frente a los pagos, gracias a una nueva ley aprobada en 2010. Además, si el inquilino está en el paro o tiene problemas de salud, el desahucio se congela al menos un año. Asimismo, “el valor de adjudicación mínimo al que se puede quedar el banco el inmueble es del 66% del valor de tasación que el Estado da a la vivienda, y luego exigir al deudor la diferencia”, asegura Mateos.

Italia

La inmunidad contra el desahucio también la goza un determinado perfil de ciudadanos italianos. Los lanzamientos están suspendidos para las familias con ingresos inferiores a 27.000 euros. Además, también se conceden prórrogas a colectivos vulnerables, como personas mayores de 65 años o con ingresos muy bajos. Asimismo, se paralizan los desahucios hasta en un año si se llega a un acuerdo de refinanciar la hipoteca y además, la justicia italiana es muy lenta y este proceso puede alargase años. No obstante, la economía italiana no está tan volcada en el ladrillo como en España y las hipotecas suelen concederse sobre un 60% del valor de tasación.

Francia

La espera a la hora de echar al antiguo propietario de la que fue su casa, tiene una tregua invernal: el deudor es intocable entre los meses más fríos del año que van desde noviembre a marzo. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones, el futuro hipotecado suele contratar un seguro con el Estado, de desempleo o causas peores que les permita seguir pagando la hipoteca. Asimismo, tal y como afirma Mateos, existen procesos de insolvencia familiares o de consumidores, que permiten acuerdos de suspensión o reducción de deuda, u otras medidas en caso de ejecución: aplazamiento de desalojo en circunstancias excepcionales, venta voluntaria supervisada judicialmente y una prórroga de hasta dos años. En algunos casos, además, se puede recurrir al Banco de Francia para que actúe de intermediario entre la entidad y el deudor.

Reino Unido

En Gran Bretaña, el periodo de demora se alarga hasta los seis meses, no como en España que comienza al primer mes de impago y va acumulando intereses de demora a partir de ese momento. Además, el regulador financiero del país obliga a las entidades financieras a proporcionar a los usuarios soluciones justas y razonables ante la incapacidad de abonar lo adeudado. Éstas pueden ser una moratoria de entre 6 y 12 meses o la rebaja de los tipos de interés antes de iniciar los procesos judiciales, que suelen ser muy largos. Asimismo, antes de que se inicie, un juez valorará si se han dado al cliente todas las alternativas de pago posibles. Tras ello, el banco está obligado a vender la vivienda al mejor precio, si tras la transacción el cliente todavía sigue debiendo a la entidad, deberá hacer frente a esta cantidad impagada.

“Ninguna sociedad europea tiene la litigiosidad y morosidad de nuestro sistema, ni siquiera en Grecia”, concluye la presidenta de Asuapedefin. Más tiempo moratorio, menos garantías desproporcionadas, menos intereses de demora, un encarecimiento en las adjudicaciones y sobre todo, soluciones que garanticen a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda y eviten la mercantilización y el lucro con ella es lo que exigen la sociedad, los colectivos afectados y la gravedad de la situación actual.

viernes, 14 de diciembre de 2012

La casa

8/12/2012

"Hay que recuperar la política para la ciudad. Cuando los servicios básicos están garantizados, los ciudadanos priorizan la calidad de vida por encima de la eficiencia."

A estas alturas, pocos negarán que la vivienda tendría que estar entre las prioridades de la agenda política. Una de las paradojas de la crisis económica avivada por el boom inmobiliario es que, habiéndose construido más pisos que nunca durante la última década, jamás la vivienda había sido tan inaccesible como en estos años. El drama de los desahucios ha destapado la realidad preexistente de una población demasiado hipotecada y con muchas dificultades para acceder al alquiler. Al mismo tiempo, la necesidad de techo es imperiosa para aquellos ciudadanos víctimas de una exclusión social que cada vez es más visible en nuestras calles.

Ante esta realidad, sorprende que una tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona denominada “Hábitat Urbano” no haya reaccionado de manera clara. Se dirá que las autoridades locales tienen pocas competencias en vivienda, pero menos poder tiene la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y ahí está, salvando vidas y forzando cambios legislativos. Mientras tanto, los responsables municipales, asesorados por institutos de arquitecturas avanzadas, se distraen con juegos dialécticos que aseguran que Barcelona se convertirá en una “ciudad autosuficiente, de barrios productivos de velocidad humana, en el seno de una metrópoli hiperconectada de alta velocidad y de emisiones cero”.

Es difícil encontrar un relato para la nueva Barcelona y este mantra biensonante parece sensible al cambio climático, las nuevas tecnologías y la regeneración económica de la ciudad. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas políticos de fondo. El primero tiene que ver con la representación. ¿A quién está representando el Gobierno local cuando alude a la autosuficiencia, la hiperconexión o la velocidad humana? ¿En nombre de quién está hablando? ¿Qué problema real de los ciudadanos que le han elegido está pretendiendo resolver? Puede que sea complejo gobernar la sociedad actual, pero la representación es el principio básico de los sistemas democráticos. La desconexión de la realidad y la falta de empatía con los ciudadanos son una irresponsabilidad que, además, tarde o temprano se acaba pagando en las urnas.


En política, el nombre que se pone a las cosas es importante

El segundo problema tiene que ver con el lenguaje. En política, el nombre que se pone a las cosas es importante. Inventar metáforas vinculadas a jergas internacionales quizás resulte seductor, pero corre el riesgo de simplificar la realidad local que pretende describir. “Fablabs” o “City protocols” son expresiones sugerentes, pero ¿sirven para gobernar? ¿Permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos? Y, mientras tanto, ¿de qué realidades nos impiden hablar?

Esta ambigüedad lingüística también afecta al movimiento de las Smart Cities que, a través de las nuevas tecnologías y con el apoyo del sector privado, busca crear ciudades más eficientes, especialmente en el terreno de la movilidad y la energía. Las tecnologías son una herramienta extraordinaria, pero este movimiento tiene el riesgo de sucumbir al dogma de la eficiencia y a la aceptación acrítica del progreso tecnológico. Diseñar coches autoconducibles podría ser un avance técnico, pero ¿nos hemos preguntado qué efectos tendrá en nuestra vida privada y pública? ¿Abandonaremos el centro de la ciudad y crearemos nuevas periferias porque podremos dormir y trabajar mientras nuestro coche conduce solo? ¿No acabará siendo contraproducente para la lucha contra el cambio climático?

Automatizar los procesos urbanos tiene consecuencias individuales y colectivas. El problema de las Smart Cities es que, obsesionadas por la eficiencia y el orden, pueden acabar atrapadas en los procesos y dejar de preguntarse al servicio de quién están. Hay que recuperar la política para la ciudad. En un artículo reciente, Richard Sennett revela una investigación que demuestra que, cuando los servicios básicos están garantizados, los ciudadanos priorizan la calidad de vida por encima de la eficiencia. Barcelona debería recuperar los servicios básicos y la calidad de vida de sus habitantes como objetivos principales de su política urbana. Puestos a experimentar con modelos exportables, podríamos imaginar la casa como idea nuclear de una ciudad-refugio, que ofrezca protección y facilite el acceso universal a la vivienda. Sería una ciudad más justa y productiva que la actual.

Judit Carrera es politóloga. 

jueves, 13 de diciembre de 2012

Botella seguirá adelante con el desalojo de 116 familias para vender sus edificios



Pese a que la inmobiliaria Renta Corporación ha renunciado a la opción de compra que había firmado con el Ayuntamiento de Madrid para hacerse con cinco edificios municipales, el Ayuntamiento de Madrid no ha renunciado a su intención de venderlo, y "probablemente buscará a otros compradores", pese a las protestas de las 116 familias que viven allí en régimen de alquiler a bajo precio y que serán consecuentemente desalojados.

Así lo ha anunciado esta mañana el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, una semana después de que la inmobiliaria anunciara su decisión de echarse atrás en el contrato firmado el 18 de octubre, lo le obliga a abonar 300.000 euros al Ayuntamiento a modo de compensación. El Gobierno municipal que lidera Ana Botella (Partido Popular) confiaba en ingresar 21 millones de euros con esta operación.
 
Los edificios afectados están en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas inicialmente en 6,7 millones), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones).
 
Izquierda Unida denunció la semana pasada que la inmobiliaria —de la que es consejero independiente el marido de Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP— había puesto a la venta ya en Internet el inmueble de la carrera de San Francisco por 8,2 millones, es decir, 1.5 millones más de lo que iba a pagar al Ayuntamiento. Y, según anunciaba, “libre de inquilinos”.

De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero público, 116 están ocupados por familias que, aunque son viviendas libres, pagan un alquiler social por debajo del precio de mercado. Se les había negado la compra de sus viviendas, pese a que tenían ese derecho por contrato. El Ayuntamiento prometía realojarlos en otros pisos, lejos del barrio en el que llevaban viviendo media vida.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Que no los hubieran hipotecado



Al aflorar en los medios de comunicación el drama social de los desahucios de viviendas habituales, con cierta frecuencia he escuchado opiniones similares a la expresada por la ex ministra de Vivienda del primer Gobierno de Zapatero: “El que tenga deudas, que las pague. Que no se hubiera endeudado”. Valoraciones de este tipo no sólo nos manifiestan debilidad en los sentimientos de benevolencia y fraternidad hacia las personas que sufren el desalojo y despojo de su residencia habitual, sino también subyace una concepción del ser humano propia de las doctrinas filosóficas que defienden el libre albedrío; es decir, aquellas que lo representan como un sujeto que tiene el poder de elegir y tomar sus decisiones con libertad y, por tanto, responsable pleno de sus actos. Aparte de las religiones, esa imagen metafísica de los individuos con libre albedrío predomina en las doctrinas liberal y neoliberal, las ideologías por antonomasia de la burguesía, la clase social dominante que sí dispone de las cuatro formas de capital (económico, cultural, social y simbólico) que posibilitan vivir con libre albedrío.

Centremos nuestra atención en las personas que han firmado un préstamo hipotecario para acceder a la vivienda habitual y que sufren un proceso de ejecución hipotecaria que desemboca en desahucio: ¿hasta qué punto actuaron con libre albedrío cuando compraron la vivienda mediante un préstamo hipotecario?, ¿dispusieron de auténtica libertad de elección entre varias opciones residenciales de tenencia, equiparables en condiciones de habitabilidad y precios razonables, para satisfacer la necesidad y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada según establece el artículo 47 de la Constitución española de 1978?. O, en cambio, ¿su comportamiento residencial fue bastante condicionado, cuando no determinado, por factores externos como las políticas públicas, la oferta realmente disponible en el mercado de vivienda y la estrategia de negocio desarrollada por bancos y cajas de ahorros?. 

Reflexionemos sobre estas cuestiones.

En primer lugar, consideremos las políticas implementadas por las Administraciones del Estado español dirigidas a promover el acceso a la primera vivienda, las cuales se han dedicado a promocionar el régimen de tenencia en propiedad casi en exclusividad, marginando el alquiler (privado y social) de los sistemas de ayudas para facilitar la accesibilidad a la vivienda habitual: de 2002 a 2008, inclusive, se incorporaron al parque residencial 398.071 viviendas protegidas de obra nueva, las cuales se adjudicaron en propiedad en casi su totalidad. Incluso, la marginación del alquiler se expresó en las ayudas indirectas, ya que las cuotas de la hipoteca de la vivienda principal han constituido una partida del gasto de los hogares deducible en las declaraciones anuales del IRPF, no sucediendo así con las rentas de alquiler desde la reforma del IRPF de 1998 aprobada por el Gobierno de Aznar. Aunque esta discriminación fiscal favorable al régimen de propiedad fue corregida por el Gobierno de Zapatero mediante la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, su entrada en vigor en el preludio de la actual crisis económica ha impedido que tuviera efectos relevantes para contrarrestar la excesiva propietarización que presenta el parque de viviendas principales en España. Más en concreto, si en 1981 la significación del stock de viviendas en alquiler era del 21% sobre el total de viviendas habituales, en 2010 se estimaba que su importancia se reducía al 14% del total: un 12% de gestión privada y el restante 2% de alquiler social.

En segundo lugar, el pequeño mercado de viviendas en alquiler derivó en elevadas rentas de arrendamiento, presionadas al alza por una demanda social en rápido crecimiento, principalmente en las áreas urbanas donde se han asentado los flujos de la inmigración extranjera. En ese contexto de insuficiente oferta, las Administraciones públicas pudieron movilizar una parte relevante del stock de viviendas vacías (14,8% de las viviendas familiares censadas en 2001 y estimación del 22% en 2010) hacia el parque de viviendas en alquiler, pero esta opción fue despreciada o, de llevarse a cabo por alguna Comunidad Autónoma, se hizo de forma más aparente, de cara a la galería, que efectiva.

Que las rentas de arrendamiento en el mercado privado de viviendas son elevadas en España es un rasgo que se expresa con claridad en la perspectiva europea: en 2007, el 33% de la población española que vivía en hogares inquilinos de viviendas a precios de mercado dedicaban, al menos, el 40% de su Renta Disponible Equivalente (RDE) a pagar la vivienda habitual; la sexta proporción más elevada en el entorno de la UE-27, con un promedio del 25% de población inquilina en esa situación. Además, este atributo negativo se ha intensificado con la crisis inmobiliaria-financiera, ya que, en 2010, el valor del indicador ascendiende al 44% en España, subiendo a la cuarta posición en el ranking de mayores porcentajes de población inquilina dentro de la UE- 27 que dedican, al menos, el 40% de su RDE a pagar la vivienda (una media del 26% en la UE-27). En general, durante el pasado boom inmobiliario-financiero, la encarecida renta de arrendamiento, prácticamente equivalente a la cuota mensual de una hipoteca sobre una vivienda parecida, contribuyeron a exacerbar aún más la propietarización del régimen de tenencia de la vivienda principal en el Estado español, legitimando un discurso social de coste-beneficio que descalificaba el alquiler como una opción económica razonable, pues, se significaba como tirar el dinero mientras pagar la cuota mensual de la hipoteca se apreciaba como una hucha, un ahorro inteligente y seguro que deriva en un incremento de la solvencia y estatus del hogar propietario de la vivienda.


En tercer lugar, desde finales de los noventa, las entidades financieras concentraron su negocio en los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, aprovechando la política monetaria del BCE de tipos de interés bajos y la posibilidad de ampliar el período de amortización de los préstamos, así que la presión especulativa en el mercado de la vivienda tendía a reducir la demanda efectiva; dinámica especulativa en la que participaron activamente las entidades financieras si tenemos en cuenta que cerca del 50% del mercado de valoración estaba en manos de Tasadoras que eran propiedad de bancos y cajas. Las Administraciones públicas también contribuyeron al crecimiento desmedido del negocio hipotecario mediante la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción que se adjudicaron en su gran mayoría en propiedad, así como mediante las ayudas para la compra de viviendas ya existentes (libres y protegidas). Señalar que, de 2003 a 2008, se formalizaron un total de 6.772.196 viviendas hipotecadas en España, representando una media anual de 1.128.699 en esos seis años.

Que las hipotecas sobre viviendas pasasen a ser el negocio principal para las entidades financieras derivó con frecuencia en un abandono de buenas prácticas hipotecarias, como que la cuota a pagar no se elevase por encima del umbral de un tercio de los ingresos del hogar endeudado y que la cantidad económica del préstamo no superase el 80% del valor de tasación de la vivienda hipotecada. Por el contrario, durante el pasado boom inmobiliario-financiero, proliferó la firma de préstamos hipotecarios que incumplían sobradamente esas pautas de prudencia tan importantes para la sostenibilidad del sistema hipotecario; malas prácticas hipotecarias de las que son responsables las direcciones-gerencias de bancos y cajas de ahorros y no las personas que firmaron hipotecas de alto riesgo para dar satisfacción a su necesidad residencial.

A la luz de las reflexiones anteriores, podemos deducir que una parte relevante de los hogares de las clases obrera y media con ingresos limitados que accedieron a la propiedad de la vivienda habitual durante la pasada burbuja inmobiliaria-financiera, actuaron bastante condicionados, cuando no determinados, por el constructo institucional del poder político y del capital financiero que promovía claramente e interesadamente la propietarización de la demanda social de vivienda principal. En resumen, esos hogares no disfrutaron de libre albedrío en su comportamiento residencial, ya que ese constructo institucional los encarriló al endeudamiento hipotecario. Muy probablemente, de haber dispuesto de alternativas de tenencia de la vivienda en cantidades suficientes y precios más asequibles, un sector importante de la demanda social hipotecada habría desechado la opción de endeudarse en la propiedad-hipoteca en favor del alquiler privado o social.

Por consiguiente, corregimos a la señora Trujillo, ex ministra de Vivienda: “Se debe rescatar a los deudores hipotecarios de buena fe de viviendas habituales. Que no los hubieran hipotecado”. El Gobierno de España y las entidades financieras deben asumir, sin ambages, sus responsabilidades en la creación de la problemática social de los desahucios de viviendas habituales: paralizando urgentemente los procesos en ejecución y los lanzamientos judiciales que afectan a deudores de buena fe hasta la entrada en vigor de una nueva Ley hipotecaria, justa y equilibrada, que regule la dación en pago y elimine la usura de los intereses de demora. Simultáneamente, movilizando hacia el alquiler social las viviendas desahuciadas y en ejecución hipotecaria, así como otras viviendas en manos de bancos y cajas que se encuentran desocupadas en las áreas urbanas, las cuales servirían de forma de pago de parte de las ingentes ayudas públicas que están recibiendo esas entidades financieras para sanearse y recapitalizarse durante la presente crisis. De esta manera se contribuiría al desarrollo de un parque de viviendas de alquiler social, una de las mayores carencias del Estado español: tan solo 3 viviendas por 1.000 habitantes, distinguiéndose negativamente por ser la segunda ratio inferior, tras Grecia, bastante por debajo de la media de 39 por 1.000 en el conjunto de la UE-27.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Cooperativas de vivienda en alquiler: la “tercera vía” sueca.


 

Cooperativas de vivienda en alquiler: la “tercera vía” sueca. Arquimia, 29/11/2007.

L@s suec@s lo llaman “arrendamiento-propiedad“. Es una tercera vía, un camino intermedio, una solución híbrida, equidistante entre los dos regímenes de tenencia tradicionales que conocemos por estas latitudes, el alquiler y la propiedad. Las cooperativas de vivienda en alquiler suecas tienen un poco de cada uno de estos dos regímenes de uso. Las cooperativas, los edificios de viviendas, son propiedad de sus asociados en su conjunto, como en cualquier cooperativa industrial o de servicios, pero sin embargo los cooperativistas no pueden “comprar y vender” su piso, físicamente su parte no puede ser segregada -porque , entre otras cosas, en Suecia, hasta la fecha, no existe ley de propiedad horizontal que permita dividir un inmueble sin partir la parcela matriz en subparcelas-, sino que disfrutan del derecho a alojarse en arrendamiento en su vivienda. La cosa funciona así:

Cualquier ciudadan@, incluso menor de edad o sin recursos propios, puede inscribirse en una cooperativa. Sólo tiene que abonar una cuota de entrada asequible (unos 50 €) y una cuota mensual que puede fijar libremente el asociado y que va generando y acumulando una “bolsa” o “cuenta vivienda cooperativa-personal” que, a su vez, en función de su cuantía acumulada, sirve como “puntuación” para tener prioridad en el acceso y elección a una vivienda (hasta 30 €/mes generan “puntos“; más allá, sólo generan ahorro, sin “puntos“). Estas aportaciones de los cooperativistas asociados -sean o no inquilinos- permiten a las cooperativas financiar parte de los costes de construcción de sus viviendas.

La puntuación que se va acumulando otorga mayor prioridad para acceder al alquiler de una vivienda, y para elegir la vivienda que se prefiera. Una vez adjudicada la vivienda, el cooperativista tiene derecho a permanecer en alquiler el tiempo que desee. Además, como copropietario-cooperativista, cualquier asociado tiene derecho -sea inquilino o no- a participar en la gestión de la cooperativa. La copropiedad (la participación en la cooperativa) se puede vender o heredar, y da derecho a un “retorno“, como en cualquier cooperativa, en el caso de su venta, recogiendo el montante de su ahorro anterior actualizado.

El sistema me ha parecido genial. Tiene, desde mi punto de vista, un montón de virtudes:

Como estas cooperativas están muy generalizadas, en Suecia casi cualquier persona joven (18 años o más) puede emanciparse en una vivienda en alquiler por un precio razonable para el nivel de vida sueco (unos 500€ al mes de media, que para la renta per cápita sueca, que es el doble que la española, parece un alquiler asequible, equivalente a nuestras rentas sociales), sin preocuparse por si va a vencer el contrato o le van a echar (y sin tener necesariamente que acudir a un alquiler social público, que también existe): si quiere, el alquiler es de por vida, y de hecho, es “copropietario” del inmueble, a través de su participación cooperativa, y puede participar en la gestión, en la elección de sus responsables y las decisiones que afectan al mantenimiento, reforma, gestión diaria… de su inmueble. Y además, cuando el inquilino ya no necesita la vivienda, porque encuentra otra más adecuada en alquiler, o porque se pasa a una vivienda en propiedad, puede recuperar el valor de su participación en la cooperativa por su cuantía real, acumulando su ahorro-cuenta vivienda y los rendimientos que ha generado la explotación de la cooperativa; este “retorno” puede permitir a muchos cooperativistas financiar un primer pago de su nueva vivienda, de manera que el “itinerario” entre tipos de vivienda no es traumático, es continuo, se va autoalimentando progresivamente.

Para la cooperativa disponer de un montante inicial (las cuotas de los cooperativistas), además de asegurar una financiación extra para abordar la inversión promotora, estas “cuentas vivienda” que custodia son una garantía de la integración de todos sus miembros, y sobre todo, de los que ya son inquilinos. Por esta vía añadirían una garantía para evitar morosidad y mal uso o deterioro de las viviendas, por si no fuera suficiente el sentimiento de “propiedad” que la naturaleza cooperativa otorga a cada usuario.

Como las gestoras de cooperativas están agrupadas en grandes corporaciones, la movilidad para l@s inquilin@s también está asegurada: pueden pasar de una a otra vivienda de la misma corporación sin grandes problemas. 

Este modelo creo que podría encajar muy bien en la sociedad vasca actual. No sólo por la aceptación social del sistema cooperativo (la proliferación y amplia implantación de este sistema de gestión empresarial social-participativa en el ámbito industrial y de servicios así lo demuestra), sino por las ventajas que proporciona a cooperativistas -que tendrían así una vía más de acceso a vivienda digna- y administraciones -que podrían ver cómo un sistema participativo, social, coadyuva en la dotación de alojamiento a toda la población, sin comprometer prácticamente otros recursos públicos que no sean la dotación de suelo urbanizado-.

Toda esta información, que tenéis (eso sí, en sueco) en la página oficial de una de estas corporaciones, HSB, de cuyos responsables pudimos recibir la semana todas estas explicaciones e incluso una visita “in situ” a algunas de sus promociones de cooperativa en arrendamiento-propiedad en Estocolmo. HSB tiene algo así como 600.000 cooperativistas asociad@s y un parque de más de 300.000 viviendas en más de 1.200 promociones gestionadas en cooperativa por toda Suecia, y es sólo una de las cuatro grandes corporaciones de cooperativas de Suecia. Precisamente este modelo, el cooperativo en alquiler, era uno de los objetivos de la visita técnico-institucional en la que tuve la suerte de participar los primeros días de la semana pasada, en una misión de “benchmarking” organizada por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Supongo que en próximos artículos os podré ir contando más cosas que vimos y aprendimos en este interesante viaje.


sábado, 8 de diciembre de 2012

Por qué la cesión de uso es una alternativa real a la hipoteca


¿Sabías que en Europa existen formas de acceso a la vivienda que no consisten en la propiedad ni en el alquiler? Os invitamos a leer esta noticia sobre un modelo casi centenario en países más avanzados, más accesible, que permite heredar y que evita la especulación.


¿Se imaginan disfrutar de por vida de una vivienda en una buena zona de una gran ciudad española por sólo 2.000 euros de entrada y 225 de cuota mensual? Varios vecinos del barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona tienen su hogar por esas condiciones. La casa no les pertenece a ellos, pero tampoco a ningún banco. Es propiedad de una cooperativa que les cede el uso de por vida. Un derecho que, además, es heredable de padres a hijos y hasta permutable si uno necesita otro tipo de vivienda tiempo después.

"En España hay más de 3 millones de viviendas vacías, unos 300 desahucios al día [el 70% debido al desempleo] y una demanda actual de 260.000 viviendas sociales". Ese es el panorama al que iniciativas como la de Sostre Cívic ("techo cívico" en castellano) tratan de dar solución. Las palabras de arriba me las dice en entrevista Raül Robert, un ingeniero industrial metido a emprendedor social, Ashoka fellow (disclaimer: quien escribe también lo es) y presidente y socio fundador de esta organización cuyo principal modelo es la cesión de uso de viviendas.

La casa por los cimientos
 
Resumiendo su funcionamiento: una familia, o un grupo de personas o la propia organización buscan y encuentran viviendas cuyo propietario está dispuesto a ceder su uso a cambio de cánones anuales y mantenimiento "y reformas de las viviendas si hiciera falta, esto se negocia con el propietario", puntualiza Robert. Firman un acuerdo y esa vivienda pasa a formar parte del patrimonio de una cooperativa de cesión de uso que se crea a tal efecto o ya existente. Cualquier persona puede apuntarse como "socio expectante" por solo 100 euros ("reembolsables si decide abandonar", aclara Robert) y cuando le llega su turno, se le ofrece una de estas viviendas. Las condiciones para poder aceptarla: pagar una entrada y una cuota mensual, "y participar en su reforma y mantenimiento si fuera el caso", recuerda Robert. A cambio, puede permanecer en la vivienda de por vida y ceder el uso a sus hijos llegados el momento, y así consecutivamente. También contemplan la promoción y construcción de sus propias viviendas si es necesario, "pero es obvio que donde se pueda es preferible dar uso al stock existente".
 

Respecto a la opción más habitual del simple alquiler, las ventajas de cesión de uso radican sobre todo en "la seguridad de que el propietario no te va a echar de tu casa al no renovar tu contrato y que la vivienda va a estar siempre mucho mejor cuidada por toda la comunidad", según Robert. Y respecto a la compra-venta habitual de vivienda, "que en España supone un 85% del mercado", explica Robert, las ventajas de este sistema parecen más obvias: los precios de las entradas y de las cuotas son mucho menores que en las hipotecas, y además si no puedes pagar, obviamente no se aplica la ley hipotecaria porque la casa no es oficialmente tuya. Y el manido "es que así tengo algo que dejar en herencia" también se iguala, pues la cesión de uso es, como decíamos, heredable. Además, este modelo propicia la creación de una comunidad muy fuerte que sirve de base para otras experiencias sociales, como por ejemplo las finanzas compartidas o la creación de comunidades autofinanciadas, un apasionante tema del que hablaremos en un futuro post. Como corolario, con este sistema es imposible la especulación urbanística, germen de la crisis actual. 

Un modelo habitual en países desarrollados
 
"Pese a que somos un país no especialmente rico, un mercado tan insostenible macro y micro económicamente como la compra-venta domina aquí, con las consecuencias que ya sabemos, mientras que, paradójicamente, en países mucho más ricos que España, la cesión de uso está muy implantada. En Alemania es un modelo con más de 90 años de tradición y hay unos 2,5 millones de viviendas bajo esta fórmula; en Copenhague el 30% del parque de viviendas es cesión de uso”, contextualiza Robert. 

¿Por qué en España no ha sido así, quién se beneficia de ello? "En España las administraciones públicas se han empeñado siempre en la compra-venta de VPOs. 30 años después, este modelo sigue necesitando enormes cantidades de financiación anual para seguir rodando. Es dinero público que se pierde o va a parar a la especulación porque estas viviendas, pasado un tiempo, entran en el mercado libre, mientras que en sistemas de cesión de uso la inversión es cada vez menor y se generan excedentes que se pueden reinvertir en proyectos sociales o comunitarios de las propias cooperativas de vecinos, por ejemplo", explica Robert, y añade: "hasta el estallido de la burbuja, los beneficiarios del modelo español eran claramente las entidades financieras y los promotores". Quizá también los políticos que podían vender crecimiento económico sin tener que innovar lo más mínimo. "Pero hoy estos actores también están sufriendo las consecuencias de un modelo claramente insostenible para un país como España".

Siendo así, cabría esperar pues que la banca, hoy en día la mayor inmobiliaria del país, accediese a firmar acuerdos con entidades como Sostre Cívic. Al fin y al cabo, saben que el piso va a estar vacío y de esta manera se ahorran provisionar los fondos necesarios para cada desahucio y además reciben un canon anual y se mantienen las propiedades en perfecto estado. Pues, pese a estar siendo rescatadas estas entidades con dinero público, la respuesta ya la saben: no. Explica Robert: "Conseguimos firmar algo así un par de veces, pero hace ya dos años. Un banco hoy prefiere vender la propiedad a un particular, al que puede perseguir, echarle de casa y cobrarle la deuda restante, mientras que a una entidad jurídica, como lo es una cooperativa, no. De hecho a los promotores, también entidades jurídicas, les aplican grandes quitas".
 

Dinero público, especulación y el 'banco malo'
 
Por otro lado, ya que el mercado está muy parado y vender a particular es muy difícil, "los bancos entonces prefieren empaquetar su deuda hipotecaria y venderla en el mercado con quitas para el comprador, que suelen ser fondos de inversión especulativos, de entre el 60 y el 80 por ciento". Lo peor es que con el advenimiento del 'banco malo', esta práctica antisocial la vamos a financiar entre todos: "El estado avala con dinero público al 'banco malo', quien absorbe esos paquetes de deuda hipotecaria de difícil cobro y los vende con grandes quitas en el mercado libre". Es decir, con dinero público se financia una enorme operación en la que las entidades financieras privadas se deshacen de sus hipotecas -impagadas por su mala gestión al concederlas- e inversores especulativos internacionales obtienen márgenes de beneficio en torno al 10-15 por ciento, mientras la desgarrada deuda pública española sufre el azote de la prima de riesgo y todo lo que ello conlleva, entre ello los recortes sociales.
 
Puntos de encuentro con la PAH
 
Llegados a este punto, es obvio que los miembros de Sostre Cívic tienen bastante en común con organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): "En su día pedimos conjunta y públicamente que este 'banco malo', ya que lo pagamos todos, debería asegurar el techo a las personas más vulnerables a cambio de un 30% de su renta". No obstante, no es fácil todavía la búsqueda de soluciones conjuntas porque "las personas a las que ayuda la PAH están en el tramo más delicado y angustioso del proceso, quizá no en el mejor momento de pensar a largo plazo". No obstante siguen intentándolo: "Hace poco empezamos a trabajar más en serio con la PAH de Málaga".

Diputaciones y ayuntamientos empiezan a mover ficha. Hasta la ONU
 
Pese a ese a la codicia sin límites de un sistema financiero desatado de normas y reglas y pese a la incompetencia de algunos políticos (¿o gestores?) de la mayoría de las administraciones públicas, algunos actores de estos dos ámbitos empiezan a moverse: "En el caso de las entidades financieras, la banca ética está empezando a tener músculo y a fijarse un poco en proyectos como estos y algunas administraciones, también". Por ejemplo, la Diputación de Barcelona. Hasta hace poco, la vivienda social que impulsaba esta administración se construía con la financiación de las cajas, ahora fallidas o en apuros, y se vendía como VPO. Ahora no hay financiación ni compra de VPO, "por lo que han visto claro que la apuesta debe ser el alquiler y la cesión de uso" y han firmado convenios con Sostre Cívic, "como algunos ayuntamientos también, que por ejemplo desgravan hasta el 90% del IBI al propietario que cede su vivienda al programa".
 

Sostre Cívic lo conforman actualmente 80 unidades de convivencia (no necesariamente familias, pueden ser compañeros de piso o casa) repartidas en 9 proyectos diferentes entre Manresa, Barcelona, Figaró, Andalucía y País Vasco, y tienen más de 1.000 "socios expectantes", que pueden ser de cualquier edad (aunque para llegar a usuarios finales deberán ser ya mayores de 18). Si el proyecto sigue asentándose, si los políticos realmente quieren algún día legislar para paliar el drama de la vivienda en este país y si cada vez hay más propietarios dispuestos a la cesión de uso, esos 1.000 irán corriendo en la lista y obteniendo hogares para vivir toda la vida en unas condiciones socialmente justas y asequibles. Y a ellos, inicialmente les habrá costado 'solo' 100 euros (recuperables si desisten).
 

"En un país en el que aún mucha gente aún paga ‘los muertos’ [el entierro de uno] desde que se nace, o donde muchos padres hacen socios de un club de fútbol a sus hijos, quizá no sea mala inversión para el futuro de un niño o un joven el registrarse como ‘socio expectante’ y que, al llegar a los 18 o 20 años se le pueda ofrecer una vivienda en las condiciones que manejamos". La Relatora Especial de Naciones Unidas para una vivienda digna, Raquel Rolnik, ya dijo en su informe de agosto pasado que en España se hace ya imprescindible un mercado que abarque muchos más modelos colectivos de acceso a la vivienda.
 

Actualmente, en Sostre Cívic las entradas oscilan entre los 1.000 y los 35.000 euros y las cuotas mensuales entre los 175 y los 475, dependiendo del tipo de vivienda, su estado, si el usuario trabajará reformándola y la zona en la que esté. Sin hipotecas. Sin bancos. Sin especulación. Con comunidad. Con asesoramiento. ¿Con recorrido?

jueves, 6 de diciembre de 2012

Una política de vivienda desastrosa




Comunicado de ATTAC Madrid respecto a la publicación el mismo día en el BOE del Decreto-ley de medidas para frenar los desahucios y del Real Decreto de desarrollo del banco malo  

El 15 de noviembre el Gobierno aprobó dos decretos aparentemente sin relación entre sí, pero que son las dos caras de una misma moneda. El primero se refiere al asunto de los desahucios, de dramática actualidad, y el segundo al denominado “banco malo”.

A pesar del altísimo grado de improvisación, si repasamos las medidas tomadas o anunciadas en estos últimos años desde las diferentes administraciones en lo relativo a la vivienda nos damos cuenta de que existe una sola idea central: la salida de los activos tóxicos de las entidades bancarias. El único camino que se le ocurre al Gobierno es facilitar la venta de esos activos (abaratarla) a los que hoy tengan capacidad de compra, básicamente fondos especulativos extranjeros.  

No se nos dice explícitamente que esta sea la política diseñada, porque los objetivos de toda ley sobre la vivienda han de ser distintos por definición. Existe un nulo o escasísimo interés por facilitar el acceso a la vivienda, por desarrollar una idea de la ciudad o del territorio, o por avanzar sobre la protección de ambos. Existe el mismo desdén acerca del debate sobre el bien común, que se plantea de facto como coincidente con el de las clases dominantes o se nos impone directamente como inevitable.

Pero ni las medidas que propone el Gobierno son inevitables, ni el interés general coincide habitualmente con el de las clases dominantes, y mucho menos en el sector inmobiliario. El desarrollo de los intereses de esta impide directamente el desarrollo del interés general, pues son antagónicos.

En otras palabras: las medidas que contempla el decreto de creación del SAREB (“banco malo”) impiden directamente la solución al problema de los desahucios. Ambos decretos reflejan el mismo tratamiento subsidiario del derecho a la vivienda frente a su carácter financiero.

En efecto, el decreto referido a los desahucios es una medida de urgencia, arbitraria y chapucera, provocada por diferentes presiones desde Bruselas, los movimientos ciudadanos o los judiciales. Básicamente, la medida no soluciona el problema, pues su objetivo real es no incrementar los problemas de la banca. Por lo que la medida:
  • “Beneficia” insuficientemente a colectivos muy minoritarios 
  •  No paraliza los intereses de demora, que pueden multiplicarse por 120 o 150 en solo 3 o 4 meses. 
  • No protege, entre otros:
    • A personas desempleadas con prestación
    •  A familias monoparentales con un hijo 
    •  A familias con hijos de 4 años
    •  A familias no numerosas, avalistas (especialmente personas mayores que han avalado a sus hijos)
    •  A quienes tienen empleos precarios de 4 o 5 horas, si acaso, y no ganan más de 400 o 500 euros.
  • Al mismo tiempo, el Gobierno tramita un proyecto de ley de reforma del mercado del alquiler que agiliza los desalojos de los inquilinos sin ofrecer alternativas habitacionales. A los inquilinos asiste el mismo derecho a la vivienda que a los deudores hipotecarios. El suyo no es un drama menor: 270.000 desalojos entre 2008 y 2011.
En definitiva, se trata de una medida asistencialista más, fruto de un modelo ideológico en el que no cabe la justicia social y, por consiguiente, los derechos se sustituyen por medidas caritativas graciables. 

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El real decreto por el que se crea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), ciertamente responde al mismo objetivo, que además se anuncia explícitamente en el PITVI. 

Se diseña de modo que ninguna participación supere el 50% por motivos contables de la deuda que a la vez impiden su control público, y por lo tanto políticas públicas como la salida de los activos tóxicos hacia el alquiler social que venimos continuamente demandando.

Se han estimado unas rebajas sobre los activos de vivienda del 54%, sobre suelos del 79,5% y sobre créditos del 45,6%, y una rentabilidad por su venta del 14-15%. Pero no conocemos exactamente la realidad de esos activos. Se estiman unas 89.000 viviendas y más de 13 millones de metros cuadrados de suelo, pero por las primeras aproximaciones realizadas parece que únicamente van a tener atractivo para su venta las promociones finalizadas destinadas al sector servicios con un estándar medio/alto.

Para facilitar la venta a los bancos, se les exime del pago del impuesto de plusvalía, y para atraer a los inversores extranjeros, se les da una fiscalidad del 1% en el Impuesto de Sociedades. Para rematar, el SAREB podrá convertir sus activos en bonos estructurados (titulizados) o su aseguramiento mediante derivados, con lo que volvemos a redundar en los vehículos financieros que sirvieron a la burbuja.

Como la financiación será fundamentalmente a través de emisión de deuda avalada por el Estado y subordinada, si los activos no tienen la rentabilidad esperada, o la rebaja estimada es insuficiente, volvemos a transformar pérdidas privadas en públicas.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un juego financiero de alto riesgo en el que, como en un castillo de naipes, cada pieza se sustenta en un equilibrio inestable sobre otras: es necesario que los bancos “sanos” participen, que se desprendan a la vez de su bolsa inmobiliaria, que los inversores extranjeros vean atractivo entrar en el SAREB, y que los planes de venta de los activos sean reales.

Esta no es una medida tan improvisada como la de los desahucios, pero responde  al mismo pánico del Gobierno, que cegado por sus prejuicios dogmáticos no ve otro camino de recuperación que el de tapar el enorme agujero financiero creado por la banca privada utilizando las mismas soluciones que lo han originado.

La solución socialmente justa, la creación de una banca pública con los bancos rescatados que movilice el crédito y cree vivienda social, está más allá de las posibilidades de su concepción política.

El derecho a la vivienda o al alojamiento de las personas es un derecho humano esencial con el que no cabe especular. Attac Madrid exige urgentemente un cambio de rumbo en esta política desastrosa mediante:

-    Una paralización inmediata de todos los desahucios en curso, debido a la situación de emergencia en la que nos encontramos.
-  La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria que no permita adjudicaciones en subasta menores del 80% de la tasación original.
-  La aprobación urgente de una Ley de Segunda Oportunidad para evitar que las personas hipotecadas y desahuciadas mantengan una deuda con el banco. Este tipo de ley ya existe en países de Europa como Francia y Alemania.
-    La constitución de un parque público y permanente de vivienda sin posibilidad de acceso diferido a la propiedad mediante la utilización de bolsas de suelo y de viviendas en manos de las entidades financieras intervenidas o rescatadas con dinero público.
-  Una política de fomento del alquiler social que trascienda una función meramente asistencial y apueste por el alquiler social como una forma digna de acceso a la vivienda para amplias capas de la población.
- La creación de una banca pública que tenga como objetivo prioritario financiar políticas públicas y privadas de vivienda en alquiler social.
- La creación de una comisión institucional e independiente para delimitar responsabilidades de esta situación, que sea ajena a partidos políticos, entidades financieras y grupos empresariales implicados.